El costo del MEPCO lo paga usted | Juan Marcos Henríquez | Opinión

A medida que han pasado los días y el gobierno ha intentado explicar y defender sus medidas de austeridad fiscal, han aflorado contradicciones que apuntan a razones más ideológicas que financieras en su propuesta. La tesis del Estado quebrado, que fue el argumento central con el que se justificó la desactivación del MEPCO, se ha ido cayendo sola. No porque la situación fiscal sea cómoda (de hecho, es preocupante la falta de ingresos para cubrir el gasto fiscal), sino porque las propias decisiones del gobierno revelan que la prioridad nunca fue el ahorro, sino cambiar la lógica de quién paga y quién no, y de paso debilitar el Estado y tener razones para desmantelar los programas sociales.

El argumento oficial fue la crisis fiscal. El ministro Quiroz repitió en cada instancia que sostener el MEPCO era carísimo, y que el país no tenía plata para sostenerlo. El argumento en parte es cierto, porque el alza del petróleo es extraordinaria y el mecanismo efectivamente genera costos altos cuando los precios no bajan. Hasta ahí, la lógica es comprensible. El problema es cuando nos quieren vender gato por liebre, porque lo que vino después desmonta completamente ese argumento. El gobierno reemplazó el MEPCO con un paquete de medidas paliativas que el propio ministro Quiroz reconoció ante el Senado que, si se ampliaba para cubrir a todos los afectados, llegaría al mismo costo que habría tenido el mecanismo original. O sea, no se ahorrará ni un peso porque lo que se ahorró del MEPCO se gastará en las medidas paliativas. Sin embargo, algo cambió profundamente ya que la forma en que ese dinero se gasta ya no es la misma, y esa diferencia no es técnica sino profundamente política.

El MEPCO era un derecho incorporado en el precio. Funcionaba de forma automática, sin que nadie tuviera que pedirle nada a nadie, sin formularios ni postulaciones, sin que ningún ministro decidiera quién merecía protección y todo éramos beneficiados. En su reemplazo llegaron bonos para taxistas, colectiveros y furgones escolares, tarifas congeladas en Santiago hasta diciembre y parafina subsidiada. Medidas con nombre, con plazo, con destinatarios elegidos por el Ejecutivo. La Asociación de Buses Interurbanos, que moviliza más de 60 millones de pasajeros al año, denunció haber quedado fuera sin haber sido consultada. Quedó fuera porque el gobierno no los incluyó en el decreto. O sea, pasamos a un mecanismo de clientelismo en su forma más clásica. Cuando el Estado protege mediante reglas universales, nadie le debe nada a nadie, pero cuando protege mediante actos discrecionales, los que reciben el beneficio saben a quién agradecérselo, y los que quedan fuera no tienen a quién reclamarle. El Estado no se achicará con esta medida (aunque a la larga esa será la consecuencia); sin embargo, se volverá más arbitrario con ella. Va a pasar de ser un garante de derechos a ser un dispensador de favores, que es exactamente la forma de Estado que más le conviene a quien quiere construir capital político entre grupos organizados.

La convicción ideológica detrás de esta decisión de Kast plantea que los costos de las crisis globales deben recaer en los individuos, y no mediante mecanismos colectivos absorbidos por el Estado. Si el petróleo sube, la bencina debe subir. El mercado debe expresarse, aunque ello implique que mucha gente no pueda pagar la cuenta del transporte o el gas para calentar su casa. El problema es que la mayoría de los chilenos no tiene capacidad para adaptarse a esta subida de precios. Nadie puede comprar un auto eléctrico la semana que sube la bencina. Nadie puede cambiar su ruta de trabajo porque la micro o el colectivo aumentó. Nadie puede renegociar el precio del pan porque el camión que trae la harina usa petróleo. La teoría del libre mercado eficiente funciona en los libros de economía, pero en la realidad los sectores de menores ingresos no tienen alternativas para los bienes esenciales, y sufrirán con mayor fuerza el impacto de estas medidas porque gastarán más plata en alimentos, transporte y calefacción.

El diésel es el combustible de la economía entera. Todo lo que se come, se construye o se consume en Chile llega en camión. Cuando ese insumo sube $580 por litro, el costo se distribuye en cada eslabón de la cadena productiva. El agricultor paga más, el distribuidor paga más, el supermercado ajusta sus precios, y el consumidor final absorbe una inflación que ya no depende del precio del petróleo sino de las decisiones acumuladas de todos los actores económicos. Ese es el efecto más difícil de revertir, porque, aunque baje el precio del combustible, ya no habrá un decreto que vuelva a la condición inicial a los precios, y el mercado será implacable en contra de las personas.

Esta medida es coherente con el proyecto político más puro del gobierno. En el mismo período en que se desactivaba el MEPCO bajo el argumento de la austeridad fiscal, se avanzaba en rebajar el impuesto corporativo y en beneficios tributarios para grandes empresas. La austeridad de Kast por tanto no es universal sino selectiva. Los costos los paga el ciudadano en la bomba de bencina; sin embargo, las condiciones favorables para la inversión las crea el Estado liberando recursos que dice no tener (vía menos ingresos). Esto no es un modelo de desarrollo ni de austeridad, es simplemente una demostración de quién es la prioridad para este gobierno.