Exfuncionario del SernamEG en Magallanes acusa maltrato laboral y lleva el caso a la justicia

Un complejo escenario enfrenta el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (SernamEG) en la Región de Magallanes, luego que un abogado que se desempeñó en la dirección regional presentara una demanda por vulneración de derechos fundamentales, apuntando a un clima interno marcado por prácticas de hostigamiento y maltrato.

Se trata de José Pablo Díaz Marzi, profesional especializado en género, quien arribó a Punta Arenas en julio de 2025 tras dejar un empleo estable en la Región de Coquimbo. Su incorporación al servicio —según expone en la acción judicial ingresada en Santiago— estuvo marcada desde un inicio por dificultades para ejercer sus funciones, incluyendo conflictos con personal administrativo, cuestionamientos constantes y falta de condiciones básicas para desarrollar su labor.

El abogado sostiene que las situaciones fueron escalando con el tiempo, involucrando incluso a la jefatura regional. El episodio más crítico, según relata, ocurrió a fines de septiembre del mismo año, cuando fue confrontado por la dirección en términos que califica como desproporcionados, lo que derivó en una afectación emocional significativa. Posteriormente, acudió a la Asociación Chilena de Seguridad, donde se activó un protocolo por acoso laboral bajo la denominada Ley Karin, otorgándosele licencia médica.

De acuerdo con los antecedentes, en paralelo a esta situación se concretó la decisión de no renovar su contrato, junto con una reducción anticipada del plazo de su vínculo laboral, lo que —según la demanda— constituiría una represalia directa por haber denunciado los hechos.

Pero el caso no se limitaría a una experiencia individual. Díaz Marzi asegura que otros funcionarios habrían enfrentado situaciones similares al interior del servicio. Entre ellos menciona a una exfuncionaria que habría sido desvinculada tras denunciar prácticas irregulares, pese a contar con fuero sindical vigente.

Las acusaciones fueron elevadas también a nivel central. En una carta dirigida a la ministra de la Mujer, Judith Marín, el abogado advierte sobre un patrón de conductas que, a su juicio, contravienen el mandato institucional del organismo. En el documento, plantea que una parte significativa del equipo regional habría sido afectada directa o indirectamente por el estilo de liderazgo cuestionado.

El impacto personal del conflicto, asegura, ha sido profundo: debió abandonar su residencia en la capital regional, enfrentar pérdidas económicas y reconfigurar su situación laboral tras no poder retomar su empleo anterior.

En su presentación judicial, el profesional solicita que se reconozca la vulneración de sus derechos, junto con una indemnización que incluye compensaciones económicas y medidas de reparación simbólica, como disculpas públicas y acciones de capacitación interna para el Servicio en materia de derechos laborales.