La UF: el termómetro económico que está asfixiando a las familias chilenas | Marisol Andrade Cárdenas, Concejal de Porvenir | Opinión
Durante décadas, en Chile se nos enseñó que la Unidad de Fomento, más conocida como UF, era un instrumento financiero necesario para proteger la economía de la inflación. Economistas, bancos y autoridades la presentaron como una herramienta moderna, eficiente y casi indispensable para dar estabilidad al sistema financiero. Sin embargo, mientras las cifras macroeconómicas se analizan desde oficinas climatizadas y gráficos estadísticos, millones de familias chilenas viven una realidad muy distinta: la UF se ha transformado en uno de los principales factores de angustia económica y emocional para la clase media y los sectores más vulnerables del país.
La discusión sobre la UF no puede seguir quedando restringida al lenguaje técnico de expertos o a debates financieros alejados de la vida cotidiana. Hoy la UF está presente en prácticamente todos los aspectos esenciales de la vida de las personas: la vivienda, la salud, la educación, los créditos bancarios, los seguros y múltiples servicios básicos ligados al desarrollo familiar. Cada vez que aumenta, no solo crecen números en una tabla económica; también crece la incertidumbre, la frustración y el temor de quienes sienten que trabajan cada vez más para vivir cada vez peor.
El gran drama es que los salarios en Chile no crecen al mismo ritmo que la UF. Mientras el costo de la vida aumenta constantemente, los ingresos de la mayoría de los trabajadores permanecen estancados o suben de manera insuficiente. Esto genera una sensación permanente de desgaste económico, donde las familias deben reorganizar sus presupuestos mes a mes para intentar sobrevivir a una cadena de aumentos que parece no tener fin.
La vivienda es probablemente uno de los ámbitos donde el impacto de la UF golpea con mayor fuerza. Para miles de chilenos, acceder a la casa propia significó años de esfuerzo, ahorro y sacrificios familiares. Muchas personas vieron en el crédito hipotecario una oportunidad para construir estabilidad y seguridad para sus hijos. Sin embargo, con el paso del tiempo, la realidad se volvió mucho más dura de lo esperado.
Cada incremento de la UF significa un aumento automático en los dividendos hipotecarios. Familias completas observan con impotencia cómo el valor mensual de sus cuotas sube constantemente, aun cuando sus ingresos permanecen prácticamente iguales. Lo que inicialmente parecía un compromiso manejable termina transformándose en una pesada carga financiera que consume una parte importante del presupuesto familiar.
El problema es especialmente grave para la clase media chilena, ese segmento de la población que muchas veces queda fuera de ayudas estatales, pero que tampoco posee grandes recursos económicos. Son familias que viven del esfuerzo diario, del sueldo mensual, de pequeños emprendimientos o trabajos independientes. Personas que no tienen margen para enfrentar aumentos permanentes en sus gastos esenciales.
En muchos hogares, el dividendo hipotecario ya representa más de un tercio del ingreso familiar. Eso obliga a reducir otros gastos importantes: alimentación, recreación, vestuario e incluso salud. Muchas familias deben postergar tratamientos médicos, evitar actividades extracurriculares para sus hijos o endeudarse aún más para poder mantener una vida relativamente estable.
A esto se suma un fenómeno silencioso, pero cada vez más común: el deterioro de la salud mental provocado por la presión económica. La incertidumbre financiera se ha convertido en una fuente permanente de estrés para miles de chilenos. Padres y madres que trabajan largas jornadas viven preocupados pensando si podrán llegar a fin de mes, si tendrán dinero suficiente para cubrir los gastos escolares o si podrán enfrentar un problema médico inesperado.
La ansiedad, el insomnio y la depresión asociadas a las deudas ya forman parte de la vida cotidiana de muchas familias. Sin embargo, pocas veces se habla del impacto psicológico que tiene un sistema económico donde las obligaciones financieras aumentan constantemente mientras los ingresos permanecen limitados.
La salud también se ha visto profundamente afectada por el aumento de la UF. En Chile, gran parte de los planes de salud privados, tratamientos médicos y prestaciones clínicas están expresados en UF. Esto significa que cada reajuste impacta directamente en el bolsillo de los pacientes.
Para una familia que ya enfrenta dificultades económicas, recibir una cuenta médica reajustada en UF puede transformarse en un verdadero golpe financiero. Muchas personas deben elegir entre endeudarse o simplemente postergar tratamientos importantes. En casos más extremos, algunos pacientes suspenden controles médicos o dejan de comprar medicamentos debido a los altos costos.
La situación es particularmente preocupante en adultos mayores. Pensionados que reciben jubilaciones bajas deben enfrentar gastos médicos crecientes en un contexto donde sus ingresos no aumentan de manera significativa. Para muchos de ellos, la salud se convierte en un lujo difícil de sostener.
En el ámbito educacional, el panorama tampoco es alentador. Numerosos colegios particulares y universidades reajustan matrículas y aranceles en UF, lo que provoca que estudiar en Chile sea cada año más caro.
Miles de padres realizan enormes sacrificios para entregar educación de calidad a sus hijos. Trabajan horas extras, solicitan créditos, reducen gastos familiares y muchas veces renuncian a sus propias necesidades para poder financiar estudios escolares o universitarios. Sin embargo, el constante aumento de la UF hace que esos esfuerzos parezcan insuficientes.
La educación superior, que debería representar una oportunidad de movilidad social, muchas veces termina convirtiéndose en una pesada carga económica para estudiantes y familias completas. Jóvenes que egresan de universidades e institutos profesionales comienzan su vida laboral ya endeudados, enfrentando un mercado laboral complejo y salarios que muchas veces no permiten cubrir adecuadamente sus compromisos financieros.
Resulta profundamente contradictorio que en un país donde constantemente se habla de desarrollo, modernización y crecimiento económico, tantas personas vivan atrapadas en una sensación permanente de inseguridad financiera.
La UF fue creada originalmente para proteger el valor del dinero frente a la inflación, pero en la práctica terminó consolidando un modelo donde gran parte de los riesgos económicos son trasladados directamente a las familias.
Mientras las instituciones financieras aseguran estabilidad en sus ganancias y protegen sus inversiones, los ciudadanos comunes deben absorber las consecuencias del aumento constante del costo de la vida. En otras palabras, el sistema parece diseñado para proteger con mayor fuerza al mercado que a las personas.
Esto genera una percepción de profunda injusticia social. La ciudadanía observa cómo los grandes grupos económicos mantienen utilidades millonarias, mientras millones de trabajadores deben sobrevivir haciendo malabares financieros para pagar cuentas básicas.
El problema de fondo no es únicamente económico. También es político y social. Chile necesita abrir una discusión seria sobre el modelo de desarrollo que quiere construir para el futuro. Porque cuando la vivienda, la salud y la educación dependen de indicadores financieros que suben constantemente, el acceso a derechos fundamentales termina condicionado por la capacidad de endeudamiento de las personas.
No se trata de demonizar la UF ni de desconocer su función técnica dentro de la economía. El verdadero debate debe centrarse en establecer límites razonables y mecanismos de protección para las familias.
Por ejemplo, sería perfectamente válido discutir fórmulas que permitan congelar temporalmente reajustes en períodos de alta inflación o implementar mecanismos de alivio para sectores vulnerables y clase media. También se podría analizar la posibilidad de desvincular ciertos servicios esenciales de la UF, especialmente en áreas tan sensibles como salud y educación.
Porque no puede ser que el acceso a necesidades básicas dependa exclusivamente de variables financieras que escapan completamente al control de las personas.
Otro aspecto preocupante es la creciente normalización del endeudamiento en la sociedad chilena. Durante años, el crédito fue presentado como una herramienta para mejorar la calidad de vida. Sin embargo, muchas veces el endeudamiento se transformó en la única vía para acceder a derechos fundamentales.
Hoy resulta prácticamente imposible para muchas familias comprar una vivienda sin hipotecarse durante décadas. Lo mismo ocurre con la educación superior y, en algunos casos, incluso con tratamientos médicos.
La consecuencia es una ciudadanía permanentemente endeudada, donde gran parte de los ingresos familiares se destinan al pago de créditos, intereses y reajustes.
Este escenario termina afectando incluso la capacidad de las personas para proyectar su futuro. Muchas parejas postergan la posibilidad de tener hijos debido a la incertidumbre económica. Jóvenes profesionales retrasan decisiones importantes porque sienten que viven atrapados en una cadena de deudas difícil de romper.
La sensación de inestabilidad también golpea con fuerza a regiones extremas como Magallanes y Tierra del Fuego, donde el costo de vida históricamente ha sido más elevado que en otras zonas del país. En estos territorios, el impacto del aumento de la UF se siente aún con mayor intensidad.
Las familias deben enfrentar altos costos de calefacción, transporte, alimentación y servicios básicos, sumados ahora a reajustes constantes en créditos y prestaciones esenciales. Muchas veces los salarios regionales tampoco alcanzan para compensar adecuadamente estas diferencias.
La desconexión entre las decisiones económicas tomadas a nivel central y la realidad cotidiana de las regiones genera frustración y sensación de abandono. Mientras en Santiago se discuten indicadores macroeconómicos, en regiones miles de familias intentan sobrevivir en medio de un contexto económico cada vez más complejo.
La clase política tampoco puede seguir ignorando esta problemática. La ciudadanía necesita autoridades capaces de comprender que detrás de cada indicador económico existen personas reales, familias completas que enfrentan dificultades concretas.
No basta con señalar que la inflación afecta a toda la economía. Lo importante es preguntarse quiénes están soportando realmente el mayor peso de esa inflación.
Y la respuesta parece evidente: son las familias trabajadoras, los adultos mayores, los estudiantes y los pequeños emprendedores quienes terminan pagando las consecuencias más duras.
Chile necesita avanzar hacia un modelo económico más humano, donde las personas estén en el centro de las decisiones y no simplemente los indicadores financieros.
El crecimiento económico no tiene sentido si la calidad de vida de la población continúa deteriorándose. Tampoco sirve exhibir estabilidad macroeconómica cuando millones de ciudadanos sienten miedo permanente frente al futuro.
El verdadero desarrollo debe medirse también en tranquilidad familiar, acceso justo a derechos básicos y capacidad de vivir con dignidad.
La discusión sobre la UF representa, en el fondo, una discusión sobre el tipo de sociedad que queremos construir. Una sociedad donde el mercado determine completamente las condiciones de vida de las personas o una sociedad donde exista un equilibrio más justo entre crecimiento económico y protección social.
Las familias chilenas no piden privilegios. Solo exigen condiciones mínimas de estabilidad y seguridad para poder proyectar sus vidas con tranquilidad.
Quieren trabajar, educar a sus hijos, acceder a salud digna y tener un hogar sin sentir que cada mes la economía les arrebata un poco más de su esfuerzo.
Porque detrás de cada aumento de la UF no solo hay cifras. Hay familias completas ajustando presupuestos, adultos mayores preocupados por sus medicamentos, estudiantes endeudados y padres que sienten angustia al mirar sus cuentas.
La economía no puede seguir funcionando de espaldas a esa realidad.
Chile necesita recuperar el sentido humano de sus políticas económicas. Necesita comprender que el bienestar de un país no se construye únicamente con cifras positivas o indicadores de mercado, sino también con familias que puedan vivir con esperanza, estabilidad y dignidad.
Y mientras la UF continúe subiendo sin que existan medidas reales de protección para la ciudadanía, seguirá creciendo la sensación de que el costo de vivir en Chile se vuelve cada día más difícil de soportar.
Porque al final del día, ninguna cifra económica puede valer más que la tranquilidad y el bienestar de las familias chilenas.
Marisol Andrade Cárdenas
Concejala de Porvenir.
