Legislar no es obstruir: el debate que el gobierno no quiere tener | Juan Marcos Henríquez | Opinión

Cuando la oposición anunció la presentación de cientos de indicaciones al cuestionado proyecto de Reconstrucción Nacional, el gobierno de Kast no tardó en instalar la idea de «Obstruccionismo» y el oficialismo calificó de «Tsunami» de indicaciones. El problema de ese relato es que los hechos y las acciones no lo sostienen, y vale la pena analizar objetivamente por qué.

Cada persona debería evaluar si una batería de indicaciones es obstrucción o trabajo legislativo legítimo. Si se quiere tener una opinión no sesgada uno debería mirar el contexto antes que los números. Y en este caso, en particular, el contexto habla por sí solo. El gobierno ingresó un proyecto misceláneo que abarca más de cuarenta materias distintas, desde rebajas tributarias hasta cambios en el sistema de evaluación ambiental, pasando por incentivos al empleo, modificaciones a tribunales y exenciones de IVA para viviendas. Algo que la Constitución prohíbe a los parlamentarios por lo complejo, pero al parecer no al ejecutivo. Un proyecto de esa magnitud y esa diversidad temática genera dudas d toda índole y por tanto indicaciones, por naturaleza y no por conspiración. A eso se suma que el Ejecutivo impuso suma urgencia desde el primer día, reduciendo el tiempo de debate legislativo, y que nunca abrió instancias formales de negociación antes de enviar la iniciativa al Congreso. En ese escenario, las indicaciones no son una táctica dilatoria ni obstruccionista sino el único mecanismo formal que les queda a los parlamentarios para poder incidir en el texto del proyecto ley.

Por otro lado, distinguir obstrucción de legislación legítima requiere mirar más allá de las declaraciones públicas y opinión de la fanaticada. Lo relevante es evaluar si las indicaciones tienen contenido sustantivo, si apuntan a materias concretas del proyecto, si son admisibles constitucionalmente y si los parlamentarios que las presentaron pueden defenderlas con argumentos. En este caso la oposición no solo ingresó indicaciones individuales, sino que además coordinó un paquete de diez propuestas sobre temas específicos, agrupadas bajo el nombre «Crecimiento para todos», con foco en la clase media, las pymes y los sectores más vulnerables. Eso es exactamente lo que se espera que hagan los parlamentarios y una oposición que quiere mejorar una ley que tiene falencias graves. Y hay un dato que desarma el argumento oficial de forma casi definitiva: el partido con más indicaciones presentadas no fue la izquierda sino el único partido que negoció con el gobierno, el PDG, con 152, y que difícilmente puede ser catalogado como parte de la conspiración obstruccionista de la izquierda. Sin embargo, en una contra maniobra, el Ejecutivo presentó indicaciones sustitutivas que modifican o complementan el texto original del proyecto, descartando automáticamente cualquier indicación parlamentaria previa sobre los mismos artículos, una táctica que puede evaluarse como un mecanismo para evitar el debate parlamentario y la función de colegislar.

En esta pugna comunicacional hay algo más importante que analizar antes del debate parlamentario, y es la calidad técnica del proyecto que se ha presentado. Las críticas no vienen solo de la oposición política sino además de diversas instituciones técnicas. El Consejo Fiscal Autónomo expuso ante la Comisión de Hacienda que el proyecto genera un impacto fiscal neto negativo, que los costos son inmediatos y ciertos, mientras que los beneficios dependen de un crecimiento que podría no materializarse en la magnitud ni tiempos proyectados. El déficit fiscal se extendería al menos hasta 2031, y las medidas de financiamiento no compensan la caída en los ingresos. Por su parte, el Fondo Monetario Internacional advirtió sobre los desafíos para cumplir las metas de deuda pública. El banco JP Morgan calificó la posición fiscal de Chile como de «estrés fiscal estructural» y alertó que los beneficios de la rebaja del impuesto corporativo podrían tardar más de una década en materializarse. La Corte Suprema emitió un informe señalando que el proyecto requiere «ajustes relevantes» en materia ambiental y judicial, que el texto no define con claridad varios de sus mecanismos clave y que podría derivar en que el Estado termine operando como asegurador del riesgo privado de inversión. La economista Andrea Repetto, de la Universidad Católica, calificó la iniciativa como «altamente riesgosa para las finanzas públicas», y Luis Eduardo Escobar, exfuncionario del FMI y director de Chile 21, advirtió que «la estabilidad económica de Chile va a estar en juego». 

Frente a todo ese cuadro, la pregunta que corresponde hacerse no es por qué la oposición presentó tantas indicaciones, sino por qué el gobierno no quiere negociar y se niega a discutir las falencias y dudas del proyecto. Un proyecto que genera tantos reparos simultáneos, desde el ámbito político y técnico, con seguridad no es un proyecto listo para aprobarse con urgencia. En estas condiciones es un proyecto que necesita exactamente lo que la oposición pidió desde el principio: tiempo, debate y modificaciones. La responsabilidad de que ese debate se haya convertido en un conflicto institucional no recae en quienes pidieron discutir más, sino en quienes decidieron no abrir un debate serio.