Prisión preventiva para trabajadora social acusada de ingresar celulares a la cárcel de Punta Arenas

Varias horas se extendió la audiencia de formalización desarrollada en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, donde la Fiscalía formuló cargos en contra de una trabajadora social detenida durante la tarde del lunes tras ser sorprendida intentando ingresar dos teléfonos celulares al Centro Penitenciario de Punta Arenas.

De acuerdo con los antecedentes expuestos por el ente persecutor, la investigación permitió establecer que no se trataría de un hecho aislado, sino de una conducta reiterada. Según se indicó en audiencia, el análisis de los equipos incautados y del teléfono celular de la imputada permitió detectar diversas conversaciones sostenidas con un interno del recinto penitenciario.

Según precisó la fiscalía, tras una visita presencial de la trabajadora sociales al interno, en esa ocasión él le consulta si puede ayudarle con el ingreso de equipos celulares, pero en una primera instancia, la mujer se habría negado a participar, sin embargo, posteriormente el tono de las conversaciones cambió, ya que el interno habría comenzado a amenazarla con causar daño a su familia.

Fue en ese contexto, según la versión entregada por la Fiscalía, que la imputada comenzó a coordinar el ingreso de teléfonos celulares al recinto penal, aprovechando su calidad de profesional para vulnerar los controles de seguridad de Gendarmería.

La Fiscalía sostuvo que existieron al menos tres episodios de ingreso de equipos móviles. En las dos primeras oportunidades habría logrado concretar la acción, mientras que en la tercera fue descubierta por personal penitenciario cuando intentaba ingresar dos celulares ocultos entre las hojas de un cuaderno, siendo detenida en el lugar.

Durante la audiencia, el Ministerio Público solicitó la medida cautelar de prisión preventiva, argumentando la gravedad de los hechos y la calidad de funcionaria pública de la imputada, elemento que fue ampliamente debatido por la defensa.

Los abogados defensores se opusieron a la solicitud, cuestionando precisamente que la trabajadora social tuviera la calidad jurídica de funcionaria pública. No obstante, tras escuchar los argumentos de ambas partes, el magistrado concluyó que sí ejercía funciones públicas, acogiendo la tesis de la Fiscalía.

Dicho aspecto fue considerado clave para la configuración del delito de cohecho agravado, ilícito que contempla penas que parten en los cinco años y un día de presidio y que podrían alcanzar hasta los 10 años de cárcel. La fiscalía también mencionó que la imputada tenía una causa anterior por un hurto simple, y que se mantenía en procesos de suspensión condicional, sin embargo, en sala se estableció una nueva audiencia para revocar dicha suspensión.

Finalmente, el tribunal resolvió decretar la prisión preventiva de la imputada, estimando que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Asimismo, se fijó un plazo de investigación de tres meses para el desarrollo de las diligencias pendientes.