Carta al Director | Peras con manzanas | María Eugenia Díaz

Señor Director:

Lectora, lector, la sabiduría popular chilena lleva años advirtiéndonos que no conviene mezclar peras con manzanas. Y es que tratar como iguales cosas que son distintas suele ser una receta para el fracaso. Suma urgencia le puso el Gobierno esta semana a su nuevo caballito de batalla: el Registro Nacional de Actos Vandálicos e Incivilidades. La idea es crear un registro público para quienes sean condenados por una serie de conductas que van desde incivilidades bastante comunes hasta delitos gravísimos. Son treinta y tres conductas las que, sin que quede muy claro por qué están todas metidas en el mismo saco, podrían significar la pérdida de beneficios como la gratuidad, la Pensión Garantizada Universal (PGU), subsidios habitacionales o incluso el acceso a tarifas rebajadas en el transporte público.

Y ojo, creo que existe bastante consenso en que las incivilidades son un problema. A casi nadie le parece bien que se boten escombros en espacios públicos o que haya carreras clandestinas todos los días en la ciudad. Claro que necesitamos discutir cómo mejorar la convivencia y hacer que nuestros barrios sean más seguros y agradables para vivir.

Pero hay algo que no me cuadra. Vandalismo e incivilidad no son lo mismo. Son fenómenos distintos y merecen debates individuales. Porque, explíqueme usted, ¿qué tiene que ver organizar una lotería no autorizada con el homicidio de un fiscal? ¿O tomarse una cerveza en la vía pública con amenazar a una autoridad en ejercicio de sus funciones? Y, más aún, ¿por qué elaborar o vender alimentos en la calle sin patente municipal amerita estar en este registro, mientras conductas como la evasión tributaria o la malversación de fondos públicos ni siquiera aparecen en la discusión? No hay hilo conductor capaz de sostener semejante mezcla.

Todas esas conductas pueden ser reprochables, pero tienen una gravedad, una naturaleza y unas consecuencias completamente diferentes. Meterlas en el mismo saco no ayuda a entender el problema; más bien lo confunde. La pregunta entonces es simple: ¿por qué reunirlas para legislar? Pareciera que el objetivo es construir una categoría amplia y difusa que permita presentar respuestas rápidas frente a problemas complejos, apelando a un sentido común donde cualquier conducta considerada indeseable termina formando parte del mismo fenómeno. Hay además una cuestión de fondo que debería preocuparnos.

La pérdida de derechos sociales no debería utilizarse como una sanción civilizatoria. Quitarle a una persona oportunidades educativas, impedirle acceder a apoyos para la vivienda o restringir beneficios destinados a mejorar sus condiciones de vida difícilmente contribuye a corregir conductas o a favorecer procesos de integración social.

No nos confundamos. Si este proyecto se aprueba, las consecuencias no van a recaer igual sobre todos. Vivimos en un país profundamente desigual y eso importa. Que entre a este registro el hijo de una empresaria que vive en un barrio acomodado no es lo mismo que entre el hijo de una trabajadora de casa particular que vive en una población. Mientras unos podrán arreglárselas con recursos propios, otros verán cerrarse oportunidades que probablemente no volverán a tener, profundizando las mismas desigualdades que muchas veces están en la base de las conductas que se pretende combatir.

Cuando se mezclan problemas distintos bajo una misma etiqueta, el resultado rara vez es una buena política pública. Y cuando, además, esa mezcla termina castigando más a quienes tienen menos, el riesgo es terminar profundizando precisamente aquello que se dice combatir. Después de todo, si las peras y las manzanas son diferentes, quizás también deberían serlo las soluciones.

María Eugenia Díaz.