Vivienda: el derecho a recibir lo prometido | Matías Salazar Barrera, Director Regional del SERNAC | Opinión

VIVIENDA: EL DERECHO A RECIBIR LO PROMETIDO

Recientemente, el SERNAC inició un Procedimiento Voluntario Colectivo con una importante inmobiliaria del país tras detectar una serie de incumplimientos que afectaron a cientos de personas. Entre ellos, la falta de devolución de dineros asociados a reservas y compraventas de proyectos inmobiliarios, además de otros inconvenientes que impactaron directamente a consumidores que habían depositado su confianza y sus recursos en estos proyectos.

A través de esta gestión extrajudicial, el Servicio busca que todas las personas afectadas obtengan las devoluciones e indemnizaciones que correspondan. Sin embargo, este caso también abre una conversación más profunda sobre un mercado que ocupa un lugar central en la vida de las familias chilenas.

Comprar una vivienda no es una transacción cualquiera, para la mayoría de las personas representa uno de los proyectos más importantes de su vida. Detrás de cada departamento o casa hay años de ahorro, sacrificios familiares, expectativas de estabilidad y, muchas veces, un compromiso financiero que acompañará a las personas durante décadas. Por eso, cuando una empresa incumple sus obligaciones, el daño no es sólo económico: también afecta la confianza, la tranquilidad y los planes de vida de miles de familias.

Precisamente por la relevancia de esta decisión, es fundamental que las personas conozcan los derechos que las protegen, establecidos principalmente en la Ley del Consumidor y en la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

La Ley del Consumidor establece que quienes adquieren una vivienda tienen derecho a recibir información veraz, comprobable y oportuna sobre aspectos tan relevantes como el metraje, los materiales utilizados, las características del proyecto y el precio final. Asimismo, la publicidad debe ajustarse estrictamente a la realidad, ya que todo aquello que se promete en folletos, sitios web o campañas comerciales pasa a formar parte de la oferta y, por lo tanto, genera obligaciones para las empresas.

Del mismo modo, los consumidores tienen derecho a que se respeten los plazos de entrega comprometidos. No se trata de una mera formalidad contractual. Detrás de cada fecha comprometida existen familias organizando mudanzas, terminando contratos de arriendo, coordinando créditos hipotecarios o proyectando el inicio de una nueva etapa de sus vidas.

También es importante recordar que cuando una persona paga una reserva por una vivienda y posteriormente enfrenta circunstancias justificadas, como la pérdida de su empleo o la negativa de una institución financiera a otorgar un crédito hipotecario, tiene derecho a recuperar esos recursos. Así lo han reconocido reiteradamente los tribunales de justicia, reafirmando que las empresas deben actuar con criterios de razonabilidad y respeto hacia quienes buscan acceder a una vivienda.

Por su parte, la Ley General de Urbanismo y Construcciones establece garantías específicas para proteger a los propietarios frente a defectos o fallas en inmuebles nuevos. Las empresas deben responder por problemas en las terminaciones durante los primeros tres años; por defectos en las instalaciones durante los primeros cinco años; y por fallas estructurales durante los primeros diez años desde la recepción de la vivienda.

Esta normativa también contempla herramientas colectivas para la defensa de los afectados. Cuando seis o más propietarios enfrentan daños derivados de problemas constructivos, pueden ejercer acciones judiciales colectivas para exigir la reparación de los perjuicios sufridos. Esto permite equilibrar una relación que muchas veces es asimétrica y fortalecer la protección de las personas frente a incumplimientos que afectan a comunidades completas.

La confianza es uno de los activos más valiosos de cualquier mercado, y en el ámbito inmobiliario, esa confianza se construye sobre la base de la transparencia, el cumplimiento de los compromisos y el respeto irrestricto a los derechos de las personas. Las empresas que participan en este sector tienen la responsabilidad de actuar con el máximo estándar de profesionalismo, porque no.

Matías Salazar Barrera.

Director Regional Sernac Magallanes.