Defensa del exseremi de Salud cuestiona actuar del Gobierno y asegura que los hechos fueron consentidos

Defensa del exseremi de Salud cuestiona actuar del Gobierno y asegura que los hechos fueron consentidos

El abogado defensor del exseremi de Salud de Magallanes, Juan Carlos Rebolledo, entregó el domingo su versión sobre la investigación que afecta a Fabián Barrientos, asegurando que su representado niega haber cometido un delito y cuestionando, además, la forma en que el Gobierno manejó su salida del cargo, al afirmar que ninguna autoridad se ha comunicado formalmente con el exsecretario regional ministerial tras su detención.

Según explicó el defensor, los hechos que investiga el Ministerio Público corresponden a un episodio de la vida privada de Barrientos y se habrían desarrollado de manera consentida entre adultos. Rebolledo sostuvo que el conflicto se habría originado por una controversia relacionada con el pago de dinero, indicando que la persona que figura como víctima —mayor de edad, según precisó— prestaría servicios sexuales y que entre ambas partes existía un acuerdo previo. Asimismo, descartó que su cliente hubiera suministrado medicamentos o alcohol contra la voluntad de la otra persona, agregando que desconoce si esta habría consumido algún tipo de fármaco.

El abogado también puso el foco en la actuación del Ejecutivo tras conocerse la investigación. Rebolledo afirmó que, pese a que el Gobierno anunció públicamente la renuncia de Barrientos al cargo de seremi de Salud, ninguna autoridad se ha acercado a comunicársela personalmente. “Nadie ha hablado con él. Sólo nosotros estuvimos con él y su familia que viajó desde Porvenir”, señaló el defensor, quien añadió que su representado comprende que la continuidad en el cargo depende de la autoridad superior y que no existe una acción legal para impedir su salida, aunque manifestó su malestar por la falta de un acercamiento institucional.

La defensa indicó que será durante la audiencia de formalización, fijada para este martes, cuando se conocerá la calificación jurídica que el Ministerio Público atribuye a los hechos investigados, así como las eventuales medidas cautelares que solicitará la Fiscalía. Mientras tanto, Barrientos mantiene su postura de inocencia y espera conocer en detalle los antecedentes de la investigación durante el desarrollo del proceso judicial.