«Escucha su corazón»: Cuando el Estado nos obliga a sentir culpa en nombre de la Ley | Carolina Javiera Ponce P. | Opinión

En Chile el aborto solo es legal en tres causales específicas: Se constituye como una Ley mínima, promulgada para casos extremos: mujeres que mueren, fetos sin posibilidad de vida, niñas violadas. No es una ley de «aborto libre». Es una ley de excepción y de humanidad.  Es pues, bajo este escenario que este proyecto presentado el 7 de julio de 2026 por diputados del Partido Republicano, Partido Nacional Libertario y Renovación Nacional, busca modificar el Código Sanitario para exigir que el médico informe a la mujer sobre la «actividad cardíaca embrionaria o fetal» y le ofrezca escucharla. Si la mujer rechaza, el médico deberá negarse a practicar el aborto. Esto es, obligar a una niña o una mujer a escuchar el latido del embrión antes de decidir, y si dice que no, negarle el procedimiento. 

El argumento es «dar más datos». Mentira. El consentimiento informado ya existe. Lo que hace este proyecto es condicionar un derecho a una performance emocional. Si no pasas por el ritual de escuchar, no hay atención en un país donde el promedio de objeción de conciencia de gineco-obstetras, bordea un 40%. Esto es poner una nueva muralla, una barrera de acceso más. Esto no es información. Es derechamente castigo. 

Desde una perspectiva de género, entendemos la autonomía sexual y reproductiva como un piso mínimo de ciudadanía. Este proyecto hace exactamente lo contrario: pone al Estado, al médico y al aparato institucional público como tutores de lo que debemos sentir y decidir. Usar el latido es elegir a propósito el símbolo más emocional. No te entregarán una ecografía, no te explicarán con un gráfico, te harán escuchar ¿para qué? Para que duela, para que dudes, para que cargues con culpa.  Esto se llama violencia gineco-obstétrica, y viene de manual; es violencia institucional disfrazada de «consentimiento informado». No es información, es chantaje emocional, y lo hacen con nombre y apellido; contra las mujeres y niñas. Una vez más… «Escucha su corazón» no escucha a las mujeres, nos obliga a escuchar. Y cuando el Estado decide qué debemos sentir para poder ejercer un derecho, lo que está diciendo es que nuestros cuerpos no nos pertenecen. Esto no es por la vida, es por control.  Es usar el cuerpo de las mujeres para revertir la baja natalidad. Es usar el trauma de una niña violada para hacer política. Es patriarcado sin anestesia. Expertas ya lo dijeron; «aquí estamos frente a un acto de tortura». No es metáfora ni hipérbole. Es revictimización con bata blanca y en nombre de la Ley. 

El fondo es político. Este proyecto no informa: presiona. No protege: revictimiza. No amplía derechos: obstruye los que ya existen. Y lo hace específicamente sobre las mujeres a quienes la Ley IVE de 2017 reconoció como sujetas de protección: la que su vida está en riesgo, la que su embarazo no tiene futuro, la que fue violada. Ningún análisis médico, ético, jurídico o de derechos humanos puede sostener este proyecto, pues choca de frente con la Ley N°21.675 (Ley Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres), la que obliga al Estado a erradicar la violencia institucional y gineco-obstétrica. Obligar a una mujer, y especialmente a una niña víctima de violación a escuchar latidos como requisito para acceder a una prestación legal, es precisamente eso: usar el aparato del Estado para presionar, manipular y revictimizar. Condicionar el derecho a la salud a un rito emocional vulnera además los principios de autonomía, integridad psíquica y no discriminación que consagra nuestra Constitución. Por eso, de aprobarse, este proyecto no solo es un retroceso, es potencialmente inconstitucional. Un Estado que se jacta de tener una Ley integral no puede a la vez aprobar leyes que la violan.

Corresponde al Congreso rechazarlo. Corresponde al Ejecutivo oponerse con claridad. Corresponde al Colegio Médico y organizaciones del área de la salud pronunciarse contra una norma que convierte a sus afiliados en instrumentos de coerción. Y corresponde a la sociedad entera nombrar esto por lo que es: Una agresión institucional contra las mujeres chilenas que ya estaban en las circunstancias más vulnerables reconocidas por Ley. El corazón que debería importarle al Estado no es el que fabrica el sonido de un ecógrafo a las seis semanas. Es el de las mujeres a quienes, dentro de un sistema ya insuficiente, se propone agregar una nueva capa de violencia…