La concesionaria reafirma que durante casi dos décadas ha cumplido íntegramente el contrato, ha invertido sin recursos fiscales y ha contribuido al desarrollo regional con crecimiento, empleo y mayores aportes al Estado.

Punta Arenas. Frente a las opiniones difundidas en las últimas semanas respecto de la concesión de la Zona Franca de Punta Arenas, Sociedad de Rentas Inmobiliarias (SRI) entregó antecedentes concretos y verificables sobre la administración del recinto, con el propósito de contribuir a un debate informado, basado en evidencia y orientado al futuro de este importante instrumento de desarrollo para Magallanes.

La empresa recordó que la actual concesión se originó mediante una licitación pública convocada por el Estado de Chile, cuyas bases fueron elaboradas por la entonces Intendencia Regional, aprobadas por el Ministerio de Hacienda y sometidas a la toma de razón de la Contraloría General de la República, al igual que la adjudicación y la posterior suscripción del contrato.

Desde entonces, explicó la concesionaria, la gestión se ha desarrollado durante casi veinte años con inversión privada, sin aportes fiscales y asumiendo íntegramente el riesgo operacional y comercial, cumpliendo todas las obligaciones establecidas en el contrato.

Crecimiento con impacto regional

SRI destacó que los resultados de la concesión son públicos, medibles y reflejan un crecimiento sostenido de la actividad económica en el recinto.

Entre los principales indicadores, la empresa señaló que la superficie arrendada aumentó 2,27 veces, alcanzando los 223 mil metros cuadrados; las visitas anuales crecieron desde 3,5 millones hasta 10,1 millones; las ventas de los establecimientos comerciales llegaron a $300.000 millones durante 2025, casi cuadruplicando los niveles iniciales; mientras que el empleo directo aumentó a 2.775 puestos de trabajo, de los cuales el 53% corresponde a mujeres, duplicando la cifra existente al inicio de la concesión.

Asimismo, resaltó que el 70% de la nueva superficie desarrollada se incorporó durante los últimos cinco años, reflejando una aceleración del crecimiento y consolidando a la Zona Franca como un instrumento efectivo de política pública para el desarrollo regional.

Aportes al Estado y reinversión permanente

La empresa explicó que el precio de la concesión corresponde al 28% de sus ingresos brutos, monto que es verificado anualmente mediante auditorías externas independientes y por los mecanismos de control del propio Estado.

Los recursos transferidos tienen como destino el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), conforme a la legislación vigente. En 2025, estos aportes alcanzaron $4.713 millones, mientras que el monto acumulado desde 2008 supera los $43.500 millones.

A ello se suma la obligación contractual de reinvertir anualmente un 6% de los ingresos brutos en el propio recinto, inversión que, enfatiza la compañía, es adicional al pago del precio de la concesión.

Transparencia y cumplimiento contractual

Sociedad de Rentas Inmobiliarias sostuvo que ha cumplido íntegramente todas las obligaciones establecidas en el contrato, cuya contraparte es el Gobierno Regional de Magallanes.

La empresa señaló que mantiene una relación institucional permanente con las autoridades regionales y que la ejecución del contrato es supervisada por la Comisión de Seguimiento contemplada en la propia concesión.

Además, indicó que ha ido más allá de las exigencias contractuales, entregando voluntariamente informes de ingresos y estados financieros auditados bajo normas IFRS, manteniendo permanentemente disponibles sus antecedentes para todas las instancias de fiscalización.

«Compartimos plenamente el criterio de quienes solicitan que cualquier evaluación se fundamente en antecedentes técnicos y documentales. La evidencia y la transparencia han sido parte permanente de nuestra gestión», señalaron desde la compañía.

Mirar el futuro de la Zona Franca

La empresa recordó que el actual modelo reemplazó una administración anterior caracterizada por una menor competencia, una oferta comercial más limitada y un precio de concesión considerablemente inferior al vigente.

En ese contexto, SRI afirmó que el debate no debiera centrarse únicamente en el pasado, sino principalmente en el futuro que Magallanes requiere para su Zona Franca.

Desde 2018, la concesionaria ha impulsado la propuesta de evolucionar hacia una Zona Franca de Servicios, incorporando actividades de mayor valor agregado, siguiendo experiencias exitosas implementadas en otros países de América Latina.

Con la actual concesión vigente hasta 2030, la empresa sostuvo que el proceso que definirá la próxima etapa debe abordarse como una decisión estratégica de política pública para el desarrollo productivo regional.

«Ad portas de cumplir cincuenta años, la Zona Franca de Punta Arenas forma parte de la historia económica y social de Magallanes, pero su futuro pertenece a la región. Ese debate merece desarrollarse con visión de largo plazo, fundamentos técnicos y ambición de desarrollo», afirmó la compañía.

Finalmente, Sociedad de Rentas Inmobiliarias reiteró su disposición a seguir contribuyendo con propuestas, evidencia, experiencia y colaboración institucional para construir una Zona Franca más moderna, diversa e integrada al desarrollo regional.

«Nos sentimos orgullosos de aportar al desarrollo de Magallanes y de administrar la Zona Franca de Punta Arenas con responsabilidad, compromiso y una visión de futuro.»