Una paradoja: cuando la cárcel deja de ser un lugar ajeno | Karen Barría Legue, abogada y Presidenta de la ONG Ecos de Libertad | Opinión

La formalización del exseremi de Salud de Magallanes ha ocupado la agenda pública regional y nacional. No me corresponde pronunciarme sobre los hechos que hoy investiga la justicia; esa tarea compete exclusivamente a los tribunales. Lo que sí merece una reflexión es la paradoja que este caso deja al descubierto: la facilidad con que olvidamos las condiciones de quienes viven privados de libertad, hasta que la cárcel deja de parecernos un lugar lejano.

Ninguna persona puede afirmar con absoluta certeza que jamás enfrentará una investigación penal o una privación de libertad. Sin embargo, el sistema penitenciario continúa siendo uno de los espacios más invisibilizados por el Estado y la sociedad. Detrás de sus muros persisten problemas estructurales que rara vez ocupan la agenda pública: salud, higiene, salud mental, reinserción y condiciones mínimas de dignidad.

A comienzos de mayo de este año, como representante de la ONG Ecos de Libertad, solicitamos formalmente a la Seremi de Salud de Magallanes la instrucción de un sumario sanitario en el Complejo Penitenciario de Punta Arenas. La petición respondía a una preocupación concreta: una modificación de la normativa interna redujo de dos a una las bolsas autorizadas para el ingreso de encomiendas, obligando a almacenar en un mismo espacio productos de limpieza, como cloro y detergente, junto con alimentos destinados al consumo de las personas privadas de libertad. A ello se suma que, durante los controles de ingreso, muchos productos deben ser retirados de sus envases originales y trasvasijados a bolsas plásticas, aumentando el riesgo de contaminación cruzada.

La respuesta de la autoridad sanitaria, contenida en un documento firmado por el entonces seremi, rechazó la solicitud argumentando que el recinto penitenciario se regía por normativa interna y que la Seremi carecía de competencia para intervenir. Desde nuestra organización discrepamos de esa interpretación. Gendarmería tiene el deber de custodiar a las personas privadas de libertad, pero ello no exime a la autoridad sanitaria de su responsabilidad de fiscalizar las condiciones que puedan afectar la salud pública. Los recintos penitenciarios no son espacios exentos del cumplimiento de las normas sanitarias ni del deber del Estado de proteger la salud de quienes permanecen bajo su custodia.

Quienes trabajamos de manera permanente en contextos de encierro conocemos una realidad que pocas veces trasciende los muros: presencia de plagas, deficiencias en los servicios higiénicos, infraestructura deteriorada y procedimientos de manejo de encomiendas que no siempre reúnen las condiciones sanitarias adecuadas. Estas situaciones no solo afectan a las personas privadas de libertad, sino también al personal penitenciario, a los equipos que desarrollan labores en el recinto y a las familias que lo visitan. La salud pública no termina en la puerta de una cárcel.

Hoy, el escenario ha cambiado de manera inesperada. Quien encabezaba esa repartición enfrenta un proceso judicial que podría implicar una privación de libertad. Más allá de su situación personal, esta circunstancia abre una pregunta incómoda: ¿cambiaría nuestra percepción sobre las condiciones de una cárcel si cualquiera de nosotros, una autoridad, un profesional, un dirigente o un ciudadano común, pudiera verse enfrentado a esa realidad? La dignidad de las personas privadas de libertad no puede depender de quién ocupe una celda, sino de los principios que sostienen un Estado de Derecho.

La cárcel no es un mundo paralelo habitado por personas ajenas a nuestra comunidad. Allí llegan vecinos, trabajadores, padres, madres, hijos y nietos. Lo que ocurre tras esos muros no desaparece porque decidamos no mirar. Las condiciones sanitarias, el acceso a la salud y el respeto por la dignidad humana son responsabilidades públicas que trascienden cualquier juicio sobre los delitos que una persona pueda haber cometido.

La verdadera fortaleza de una democracia no se mide por la forma en que trata a quienes ejercen el poder, sino por cómo resguarda los derechos de quienes se encuentran bajo su custodia. Mientras sigamos considerando que las cárceles son territorios donde las garantías fundamentales pueden relativizarse, seguiremos debilitando los principios que protegen a toda la sociedad. Porque la libertad puede perderse en un instante; la obligación del Estado de respetar la dignidad humana nunca debería hacerlo.