Un nuevo paso para la consolidación del Sistema Nacional de Cuidados | Jenniffer Rojas García, SEREMI de Desarrollo Social y Familia de Magallanes | Opinión

Los cuidados constituyen uno de los principales desafíos sociales que enfrentará Chile durante las próximas décadas. El envejecimiento de la población, la disminución de la natalidad y la reducción del tamaño de las familias proyectan un aumento de las necesidades de apoyos y cuidados, mientras disminuye la disponibilidad de personas para proporcionarlos dentro de los hogares. 

Chile no comenzó a construir una política de cuidados con un solo gobierno. Durante distintos períodos se fueron creando instituciones, programas y capacidades con foco en esta temática.  Ejemplo de aquello son el Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA), el Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS), la Red Local de Apoyos y Cuidados y la Ley N°21.805, vigente desde febrero de 2026, que reconoce legamente el derecho al cuidado y formaliza el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados (SNAC).

En esta oportunidad, quisiera compartir con nuestros lectores las razones por la cuales nuestro Gobierno, a través del ministerio de Desarrollo Social y Familia, ha decidido realizar algunas modificaciones a este cuerpo normativo, para perfeccionar aspectos de su implementación sin alterar sus principios, objetivos ni sentido de fondo.

Es fundamental aclarar a toda la ciudadanía que los cambios legales que estamos impulsando no modificarán el reconocimiento del derecho al cuidado, ni los objetivos del sistema y tampoco su carácter intersectorial.  Se mantendrán los órganos consultivos y de deliberación como el Comité Interministeriales y los Comités Regionales y, desde luego, la participación de distintos ministerios, servicios, municipios, gobiernos regionales y sociedad civil.  Lo que se modifica son determinadas herramientas institucionales y administrativas para facilitar su implementación.

En primer, lugar la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, actualmente dependiente de la Subsecretaría de Evaluación Social, pasa a depender de la Subsecretaría de Servicios Sociales, porque esta última concentra capacidades directamente relacionadas con la implementación y gestión de programas sociales, donde la coordinación con SENAMA, SENADIS, la red de municipalidades y ejecutores de programas sociales, resulta primordial en el proceso de instalación de una política pública  dirigida a las familias.

Otra modificación importante es la ampliación de seis a doce meses el plazo para dictar los 10 reglamentos que requiere la Ley N°21.805 para ser implementada.  Varios de ellos requieren coordinación entre ministerios, revisiones técnicas y procesos de participación.  Ampliar el plazo no significa paralizar el Sistema.   La implementación continúa mientras se tramitan los reglamentos.  La razón del cambio es resguardar que la regulación sea suficientemente robusta para evitar posteriormente vacíos, duplicidades o dificultades de coordinación.

Un tercer avance que pretendemos alcanzar está relacionado con la agilización de la incorporación de programas al Sistema.  Actualmente, incorporar oferta programática al Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados requiere un decreto supremo presidencial. La modificación permite hacerlo mediante una resolución exenta del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, manteniendo la aprobación previa del Comité Interministerial.  Esto permite que el Sistema pueda actualizar su oferta con mayor agilidad.

Finalmente, el proyecto también corrige errores de referencias legales y concordancia e introduce precisiones respecto del acceso de entidades ejecutoras al Registro de Información Social, circunscribiéndolo a finalidades relacionadas con la implementación del SNAC.

Según datos del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, actualmente hay más de 216 mil personas cuidadoras registradas en el sistema Chile Cuida, el 86% corresponde a mujeres.  En el caso de Magallanes, los datos indican que existen 2.126 personas inscritas en el Módulo de Cuidadores del Registro Social de Hogares; a estos datos hay que agregar                                                                  los cientos de personas invisibilizadas para el Estado, que dedican gran parte de su tiempo a cuidar a familiares o cercanos con dependencia, discapacidad o necesidades especiales.  Pensando en todas estas personas es que nuestro Gobierno se ha comprometido a continuar implementando la Ley N°21.805, conscientes de que las políticas del Estado se construyen avanzando sobre lo que el país ya ha construido, preservando lo que funciona y perfeccionando aquello que puede funcionar mejor.