Curriculum Vitae | Edward Patricio Leiva, Administrador Público, Licenciado en Ciencias Políticas | Opinión
Para cualquier ciudadano de a pie, crear un currículum suele ser un ejercicio de precisión y, a menudo, de cierta frustración. En esta hazaña se cuentan los años de experiencia, los estudios acumulados a lo largo de la vida y todas las cualidades que suman para enfrentar futuros desafíos; credenciales que, muchas veces, el mercado no justifica ni reconoce, menospreciando la inversión educativa y la propia identidad laboral. Sin embargo, al observar las recientes decisiones del gobierno, da la impresión de que el CV tradicional quedó obsoleto. Hoy, la administración pública chilena parece estar condicionada por patrones más arraigados a los ‘contactos’ o a la conveniencia política del sujeto, muy por sobre la probidad y la experiencia.
En primer lugar, un ejemplo de la devaluación del mérito lo entregó el Ministerio del Interior con el caso del estudiante de periodismo Cristóbal Soto. El gobierno tomó la decisión que un estudiante de 19 años tenía las competencias para realizar asesorías por $1.900.000 mensuales, mientras que la realidad de periodistas recién titulados es otra. Según los datos oficiales del portal MiFuturo.cl del Ministerio de Educación, un periodista en su primer año de egreso alcanza un ingreso bruto promedio de $1.033.450; es decir, un poco menos de la mitad de lo que se le asignó al estudiante Soto. Peor aún, las mismas cifras del Mineduc muestran que la empleabilidad al primer año es del 69,6%, lo que significa que 3 de cada 10 periodistas titulados están cesantes. Además, la decisión del ejecutivo de anunciar un “ajuste” a sus honorarios sólo después de que el tema fuese tendencia en las redes demostró que el verdadero peso del CV de Soto no eran sus ramos aprobados, sino su historial como community manager de su partido.
En segundo lugar, otro ejemplo de mala gestión es el caso de Trinidad Steinert en el Ministerio de Seguridad Pública tras 69 días en el cargo. La exministra quedó bajo la lupa de la Contraloría General de la República por el mal uso de información reservada, además de una huella de precario desempeño en la cartera y bajo apoyo político y ciudadano. A pesar de esto, la semana pasada el Ejecutivo evaluó la opción de enviarla como agregada a la Embajada de Chile en Perú. Nuestro destacado servicio exterior, que exige a sus funcionarios años de rigurosa carrera diplomática y de preparación técnica, no puede seguir operando como un “seguro de cesantía VIP” para ex autoridades que salieron del gobierno por malas prácticas. ¿Es este el premio de consuelo de la exministra Steinert?, ¿el Ejecutivo con qué se encuentra comprometido? Se traduce como si una gestión llena de cuestionamientos y malas decisiones no se castigan con el despido, sino con nuevas oportunidades laborales exclusivas para seguir posicionando a personajes en otras carteras claves.
En tercer lugar, el caso Duco en el Ministerio del Deporte también generó diversas polémicas. La exministra abandonó el gabinete tras comprobarse públicamente el uso de un vehículo fiscal para fines particulares, contradiciendo además la versión oficial que se entregó a la Contraloría. También, anteriormente la deportista se enfrentó a la polémica por el concierto de BTS en Chile, generando un ambiente tenso entre el gobierno, la productora y los fanáticos, lo que debilitó el apoyo ciudadano que tenía en su cartera. Luego de estos sucesos –y otros– en menos de un mes de su salida, su CV fue revisado nuevamente, ahora para posicionarse como asesora en el Segundo Piso de La Moneda. Justificar su regreso al gobierno apelando a su trayectoria como deportista es una falta de respeto al sentido común de los chilenos y chilenas: ¿Acaso las medallas olímpicas eximen a una autoridad de cumplir con la probidad?, ¿es la afinidad política un salvoconducto para reciclar rostros cuestionados en el corazón del poder?
Todos estos episodios no son desaciertos aislados, sino una radiografía de la conducta gubernamental frente a los casos de mala gestión y crisis interna. Un estudiante de periodismo sobrepagado frente a una empleabilidad más precaria; una exministra investigada por la Contraloría a punto de convertirse en diplomática; y una autoridad reciclada de un ministerio a pesar de burlar las normas de probidad. Al final del día, estas decisiones reflejan una distancia preocupante entre las promesas iniciales y la práctica diaria: un gobierno que parece olvidar que la confianza ciudadana no se sostiene solo con el triunfo en las urnas, sino con el cuidado constante de las formas y las normas. Lejos de los cálculos políticos, la señal que queda en la ciudadanía invita a una pausa necesaria: cuando el aparato estatal se vuelve permeable a los favores y las redes de cercanía, el esfuerzo individual pierde sentido, la fe pública se debilita y el valor del «currículum» queda relegado a un segundo plano.
Edward Patricio Leiva Riquelme
Administrador Público
Licenciado en Ciencias Políticas
