Profesores y profesoras de la Escuela Bernardo O’Higgins de Punta Arenas rechazan medidas de austeridad del SLEP Magallanes que afectan el aprendizaje de los estudiantes.
PUNTA ARENAS, Chile, 15 septiembre 2026. – El Cuerpo Docente de la Escuela Libertador Capitán General Bernardo O’Higgins Riquelme ha manifestado públicamente su profunda preocupación y rechazo ante las recientes medidas adoptadas por el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Magallanes. Las disposiciones del organismo, relacionadas con la cobertura de licencias médicas y la reasignación de profesionales, están generando una grave afectación en la continuidad pedagógica y el apoyo especializado dentro del establecimiento.
Según denuncian los profesores, las licencias médicas de los docentes de aula no se están cubriendo de manera oportuna. Esta situación golpea con especial fuerza a asignaturas fundamentales como Lenguaje y Matemática en el Segundo Ciclo Básico, interrumpiendo el proceso formativo de los estudiantes y provocando una sobrecarga laboral para el personal que se mantiene en funciones.
Profesionales del PIE desviados de sus funciones
El cuerpo docente califica como «especialmente grave» que se esté destinando a profesionales del Programa de Integración Escolar (PIE) para cubrir las ausencias de los profesores de aula. Esta medida implica retirar el apoyo especializado a los estudiantes con necesidades educativas especiales para resolver problemas de falta de personal general.
Desde el SLEP Magallanes se ha argumentado que estas acciones responden a criterios de austeridad derivados del Oficio Circular N.º 12 del Ministerio de Hacienda. Al respecto, los profesores enfatizaron que, si bien comprenden la necesidad de administrar responsablemente los recursos del Estado, una circular administrativa no puede modificar, suspender ni dejar sin efecto las obligaciones y derechos establecidos en las leyes vigentes.
«La educación pública debe garantizar calidad, equidad, inclusión y continuidad del servicio educativo», recordaron los docentes, apelando a los principios jurídicos que rigen al sistema escolar chileno.
Finalmente, los profesionales aclararon que su postura no es un rechazo a la eficiencia presupuestaria, sino al impacto directo que estas decisiones tienen sobre las aulas: «Rechazamos que el costo de la austeridad termine siendo pagado por nuestros estudiantes. Detrás de cada hora sin reemplazo hay un estudiante que pierde continuidad en su aprendizaje. Detrás de cada profesional PIE destinado a otra función, hay un estudiante que pierde un apoyo fundamental para su desarrollo».
