La puesta en marcha de la nueva legislación sobre Seguridad Municipal en Chile.

La puesta en marcha de la nueva legislación sobre Seguridad Municipal en Chile.

Santiago, Chile – El escenario de la seguridad municipal en Chile vive semanas clave tras la entrada en vigor de la Ley N.° 21.802 y el simultáneo avance de una «ley corta» en el Congreso para destrabar su implementación operativa. Mientras la ley principal ya es una realidad vigente, el Senado evalúa un paquete de correcciones urgentes orientadas a flexibilizar las exigencias financieras y administrativas de los municipios.

Ley N.° 21.802: Institucionalización y nuevas facultades preventivas

Promulgada en febrero de 2026, la Ley de Seguridad Municipal entró formalmente en vigor el pasado 12 de agosto de 2026. Esta legislación oficializa, regula y profesionaliza el rol preventivo de los gobiernos locales a través de tres pilares fundamentales:

  • Nuevas atribuciones operativas: Faculta a los inspectores municipales para intervenir y realizar detenciones en casos de flagrancia, efectuar patrullajes intercomunales y brindar asistencia directa a las víctimas de delitos.
  • Protección y bienestar del personal: Regula el uso de elementos de seguridad como cascos, chalecos antibalas, bastones y esposas. Paralelamente, mandata la contratación obligatoria de seguros de vida para resguardar a los funcionarios.
  • Exigencias y probidad: Establece programas de capacitación obligatoria y la aplicación de test de drogas a alcaldes, concejales y al personal de seguridad.

Actualmente, el despliegue operativo integral de estas medidas se encuentra supeditado a la total tramitación de los reglamentos complementarios ante la Contraloría General de la República.

Tramitación de «Ley Corta» busca subsanar trabas financieras y operativas

A raíz de las dificultades prácticas detectadas por diversas municipalidades antes de la puesta en marcha de la normativa, el Ejecutivo ingresó un proyecto de modificación con carácter de suma urgencia. La iniciativa fue aprobada y despachada por la Cámara de Diputados el pasado 18 de agosto de 2026, y actualmente cumple su segundo trámite constitucional en el Senado.

Este proyecto de ley corta introduce correcciones críticas para viabilizar la aplicación de la ley principal:

  1. Flexibilidad presupuestaria: Excluye temporalmente las remuneraciones del personal de seguridad del límite máximo del 42% del gasto municipal anual, permitiendo topes específicos que podrán ser ampliados mediante la Subdere y la Dipres.
  2. Prórroga para conductores: Aplaza por un periodo de 36 meses la exigencia que obliga a los choferes de patrullas municipales a contar con licencia de conducir Clase F.
  3. Plazos para exámenes médicos: Otorga el plazo de un año para que el personal cumpla con las evaluaciones de idoneidad física y psicológica, habilitando tanto a recintos de salud públicos como privados para su realización.
  4. Estatuto laboral: Dictamina que los inspectores contratados bajo el Código del Trabajo adquieran la calidad de funcionarios públicos para efectos de su responsabilidad administrativa.

El Gobierno ha confirmado que la redacción final de los reglamentos que darán vida operativa a la Ley N.° 21.802 será ajustada una vez que el Senado ratifique y despache las modificaciones de esta ley corta.