La relevancia de entender la inclusión como un acto de justicia | Jenniffer Rojas García, Seremi de Desarrollo Social y Familia de Magallanes | Opinión

Iniciamos este Gobierno con una firme convicción: Una sociedad no debe medirse sólo por los indicadores positivos que pueda exhibir, sino que debe ser capaz de ofrecer una buena calidad de vida e inclusión real a quienes más lo necesitan.  Este es el fundamento central del Plan Chile para Todos, que reúne las principales acciones que promoveremos a través del Ministerio de Desarrollo Social Familia y el Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis), para disminuir las barreras que enfrentan las personas con alguna discapacidad.

La inclusión no puede nacer de la buena voluntad, más bien debemos entenderla como un acto de justicia que involucra a toda la sociedad.   En este contexto, me gustaría compartir con ustedes dos hitos recientes en materia de inclusión, que facilitarán la vida de las personas con discapacidad.

La semana recién pasada, el Presidente de la República, José Antonio Kast, junto a la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, presentaron el plan que moderniza la obtención de la certificación de discapacidad, a través de un proceso más simple y ágil, que permitirá que el propio usuario realice el seguimiento del proceso, mientras que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) concentrará su trabajo en la calificación y certificación que realizan los profesionales de salud debidamente acreditados para el proceso.

El siguiente, es un dato que encendió las alarmas para impulsar este avance: Tras una revisión del proceso de certificación de discapacidad, la COMPIN encontró que existían 96 mil solicitudes de calificación y certificación de discapacidad pendientes de tramitación (cifra a julio 2026).  Pues bien, gracias a este plan modernizador, es el mismo sistema el que estará encargado de buscar a las personas.  Durante todo octubre, los solicitantes en espera serán contactados a través de correo electrónico y/o llamados desde “Salud Responde” para indicarles los pasos a seguir según su caso, de manera que no será necesario ir presencialmente a oficinas de COMPIN para pedir información. 

La segunda noticia en materia de inclusión que quisiera compartir con ustedes es el inicio de la implementación del programa Desarrollo Inclusivo Territorial (DIT) 2026, iniciativa financiada por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través del Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS), cuyo objetivo es que las instituciones públicas aumenten sus condiciones de gestión inclusiva, con la finalidad de disminuir las barreras que enfrentan las personas con discapacidad.  Su enfoque no consiste en crear prestaciones exclusivas, sino en transformar procesos, prácticas, atención y condiciones institucionales que puedan estar obstaculizando la inclusión y acceso de las personas con discapacidad y sus familias.  

Este año, la implementación del DIT beneficiará a 31 instituciones públicas en todo el país, mediante el financiamiento de $29 millones para cada una de ellas, lo que representa una inversión total de $899 millones. 

En la región de Magallanes y de la Antártica Chilena, dos instituciones se adjudicaron el DIT: Municipalidad de Primavera y la dirección regional del Servicio de Registro Civil e Identificación. 

De acuerdo al III Estudio Nacional de la Discapacidad (III ENDISC) de SENADIS, en Magallanes existen 12.861 personas adultas con discapacidad, cifra que representa el 9,3% de la población adulta de la región. El 3,3% mantiene una discapacidad leve a moderada, que corresponde a 4.600 personas. Mientras que el 6% cuenta con discapacidad severa, correspondiente a 8.261 personas.   No podemos olvidar que detrás de estas cifras hay una persona esperando una respuesta del Estado.

Las políticas sociales diseñadas para fomentar la inclusión deben considerar que las complejidades con las que convive una persona con discapacidad también generan impacto en sus familias y en quienes le acompañan.   Por eso, tanto la implementación del programa Desarrollo Inclusivo Territorial 2026 como el plan que moderniza y agiliza certificación de discapacidad, apuntan precisamente en este sentido: facilitar la vida cotidiana, fortalecer la autonomía y generar mejores condiciones para que las personas con discapacidad y sus familias desarrollen sus proyectos de vida.