Las buenas políticas no tienen color político
El martes pasado, el Presidente fue claro: «Chile nos necesita unidos». Su llamado a dejar las diferencias de lado y alcanzar acuerdos en materias como seguridad y empleo es necesario, porque los avances que perduran no se construyen desde la confrontación, sino desde la voluntad de encontrar soluciones compartidas.
Mañana se cumplen siete años del 18 de octubre de 2019. El desafío es mirar hacia adelante, aprender de lo vivido y evitar que las divisiones del pasado sigan condicionando nuestro futuro.
Las consecuencias de aquel período siguen presentes: un clima de confrontación que costó superar y dificultades económicas. A ello se suma la pérdida de cerca de 5.800 efectivos operativos de Carabineros entre 2020 y 2025.
Formar a un carabinero toma dos años, y recuperar la dotación requiere planificación y tiempo. Por eso la seguridad no puede depender de los ciclos electorales: necesitamos políticas de Estado que trasciendan a los gobiernos y respondan con continuidad a las necesidades del país.
Hay señales alentadoras. La agenda contra el crimen organizado ha avanzado con apoyos amplios: la ley de flagrancia se despachó por unanimidad en la Cámara (125 votos) y las Reglas de Uso de la Fuerza, tras más de tres años de tramitación, reunieron 111 votos en la Cámara y 29 en el Senado. A comienzos de este mes, además, cinco senadores de distintas fuerzas políticas presentaron en conjunto una reforma constitucional contra el crimen organizado.
Esa es la dirección correcta. Una oposición constructiva fiscaliza con rigor, pero también respalda lo que beneficia a la ciudadanía.
El 9 de octubre comenzó a operar en Puerto Natales el primer sistema de transporte público comunal, una iniciativa que nació en el gobierno anterior y que esta administración continuó. A quien espera el bus no le importa qué gobierno inició el proyecto, sino que funcione y llegue a tiempo.
Lo mismo ocurre con el Plan Buen Vivir, creado en 2022 y mantenido por este gobierno, que contempla $1.082 millones en el Presupuesto 2027 y amplía su alcance a salud, educación y vivienda. Cuando una política pública funciona, lo responsable es mantenerla y mejorarla.
Chile necesita menos confrontación y más acuerdos; menos disputas por los méritos y más compromiso con los resultados. Tengo la esperanza de que estaremos a la altura de este desafío, porque construir un país más próspero exige entender que nuestro deber no es solo con el presente, sino también con las próximas generaciones.
