Provincia argentina de Santa Cruz enfrenta un escenario económico complejo: recesión persistente y caída del consumo conviven con una paradoja en los índices de pobreza.
RÍO GALLEGOS, Santa Cruz. La economía de la provincia de Santa Cruz atraviesa una profunda encrucijada en este segundo semestre de 2026. A pesar de registrarse importantes mejoras en sus indicadores sociales principales, la región padece una recesión persistente, el deterioro del empleo formal y una marcada caída del consumo interno.
El mercado laboral formal de la provincia muestra un preocupante retroceso, impulsado por el congelamiento de vacantes en el sector público y la contracción del sector privado. Según informes sectoriales, Santa Cruz ha perdido más del 12% de su masa salarial registrada en los últimos dos años. Sectores clave como la construcción privada se encuentran paralizados, mientras que los servicios vinculados al petróleo y la pesca exhiben claros signos de debilidad. Esta coyuntura ha llevado a las cámaras empresariales de Río Gallegos y Caleta Olivia a solicitar de manera urgente la declaración de Emergencia Comercial y PyME, con el objetivo de frenar el cierre diario de locales e industrias locales y evitar una pérdida masiva de puestos de trabajo antes de fin de año.
En materia de actividad económica, la realidad provincial contrasta con las mediciones nacionales de inflación mensual a la baja, las cuales se ubican en torno al 1,7%. Datos de la Federación Económica de Santa Cruz (FESC) revelan que el Índice Provincial de Actividad Económica acumuló una caída del 7,9% entre enero y agosto de 2026, encadenando 14 meses consecutivos sin variaciones interanuales positivas. El mayor impacto para los comercios y hogares no proviene de la canasta básica, sino del incremento severo en las tarifas de servicios públicos e impuestos, obligando a los negocios a endeudarse para cubrir sus costos operativos.
Esta presión económica se traduce de forma directa en el bolsillo de las familias santacruceñas. Actualmente, la provincia se ubica entre las tres jurisdicciones con mayor morosidad familiar de la Argentina, con un rango de entre el 22% y el 23% de los hogares atrasados en sus obligaciones financieras. El 75% de estos deudores morosos tienen entre 25 y 54 años, lo que evidencia que los ingresos de los jefes y jefas de hogar resultan insuficientes para afrontar el costo de vida actual. Ante esto, las familias han restringido sus compras en farmacias, servicios y alimentos, forzando a los comercios a sostener promociones permanentes y descuentos por volumen para movilizar el stock rezagado.
No obstante, la situación económica presenta una llamativa paradoja estadística. A pesar del contexto recesivo, los últimos datos del INDEC correspondientes al primer semestre de 2026 revelaron que Santa Cruz lideró la baja de la pobreza en el país. Tomando como referencia el aglomerado de Río Gallegos, el índice registró un descenso interanual del 32,3% al 25,6%. Esta cifra posiciona a la provincia sustancialmente por debajo del promedio de pobreza nacional (32,3%) y del promedio de la región patagónica (28,4%).
La combinación de un consumo deprimido, alto endeudamiento familiar y destrucción de empleo asalariado, frente a una tasa de pobreza en descenso, plantea un escenario desafiante para los meses restantes del año, donde la sostenibilidad de las pequeñas y medianas empresas será determinante para el futuro del empleo privado provincial.
El impacto de la Zona Franca de Punta Arenas.
El impacto de la Zona Franca de Punta Arenas sobre el comercio y el consumo en Río Gallegos es profundo, estructural y actúa como una de las principales variables de presión sobre la economía de Santa Cruz en 2026.
La interacción comercial entre ambas ciudades patagónicas funciona como un «péndulo» determinado por la brecha cambiaria y los costos relativos.
A diferencia del periodo 2020-2024, cuando los ciudadanos chilenos cruzaban masivamente a Río Gallegos para aprovechar la ventaja cambiaria en alimentos y combustible, en 2026 el flujo se ha invertido por completo.
- Flujo masivo de fines de semana: Referentes locales e internacionales estiman que alrededor de 4,000 personas de Río Gallegos viajan semanalmente hacia Punta Arenas con el único propósito de abastecerse.
- Precios altamente competitivos: Para los consumidores argentinos, la exención impositiva de la plaza chilena genera brechas abismales. En categorías críticas como tecnología, electrodomésticos, neumáticos, alimentos no perescibles e indumentaria, los compradores aseguran pagar en Punta Arenas hasta una cuarta parte (25%) de lo que cuestan los mismos artículos importados en Argentina.
- Facilidad en medios de pago: Grandes tiendas de Zonaustral (como el multirrubro Sánchez & Sánchez) se han consolidado entre los comercios que más facturan a nivel nacional en Chile a través de plataformas digitales. La masificación de pagos digitales (billeteras virtuales y tarjetas internacionales) ha favorecido la logística del comprador santacruceño.
El sector comercial y PyME de Santa Cruz se declara en estado de alerta ante la crisis más grave de las últimas décadas.
RÍO GALLEGOS, Santa Cruz – En un duro documento conjunto publicado en septiembre pasado, la Federación Económica de Santa Cruz (FESC) y la Cámara de Comercio, Industria y Afines de Río Gallegos (CCIARG), junto a comerciantes, empresarios y cámaras de distintas localidades de la provincia, han manifestado su profunda preocupación ante lo que califican como la situación más difícil de las últimas dos décadas para el comercio y las pequeñas y medianas empresas santacruceñas.
Las entidades firmantes advierten que no se trata de una dificultad pasajera, sino de un deterioro sostenido que afecta a cada una de las comunidades de la región. El diagnóstico presentado detalla una alarmante realidad que se traduce en el cierre constante de comercios locales con décadas de trayectoria y un poder adquisitivo familiar que no logra recuperarse frente al aumento de tarifas y productos básicos.
Entre los puntos más críticos señalados en el documento se destacan:
- Alto nivel de morosidad y desempleo: Santa Cruz se posiciona hoy como la segunda provincia con mayor morosidad del país, registrando que casi uno de cada cuatro deudores presenta pagos atrasados. Asimismo, alertan sobre una desocupación que no cede, con Río Gallegos registrando una de las tasas más altas a nivel nacional.
- Éxodo y caída de inversión: La falta de rentabilidad está provocando que numerosas familias abandonen la provincia, reflejado en una creciente oferta de viviendas y locales en alquiler o venta, sin que esto responda a nuevas inversiones.
- Presión impositiva y falta de financiamiento: Las empresas enfrentan una asfixiante carga tributaria y embargos que, en el contexto actual, precipitan el cierre definitivo de los negocios. A esto se suma la ausencia de crédito accesible y las demoras en los pagos por parte del Estado provincial a sus proveedores.
- Competencia desleal: El crecimiento de la venta informal y el comercio electrónico, sumado a la falta de políticas de fomento local, perjudican severamente a quienes cumplen con todas sus obligaciones fiscales.
Dura crítica al rol del Estado
Bajo el apartado «El Estado compite contra el sector privado», el documento denuncia de forma directa la creación de la empresa estatal Santa Cruz Puede S.A.U. Las organizaciones sostienen que, en lugar de acompañar al sector privado en un momento de caídas en las ventas y cuentas embargadas, el Estado provincial sale a competir directamente con el comercio y la PyME, configurando un escenario de competencia desleal y desigual.
Las entidades enfatizan que la presión fiscal y los embargos generan un círculo vicioso perjudicial para toda la sociedad: a menor actividad económica, mayor desocupación y menor recaudación para el propio Estado.
Llamado urgente a la acción
Ya no solo preocupados sino alarmados, el sector comercial y PyME de Santa Cruz se ha declarado formalmente en estado de alerta. Exigen la implementación inmediata de políticas públicas coordinadas entre el Gobierno provincial y los municipios para revertir esta crisis de manera urgente.
Finalmente, los representantes empresarios reiteraron su voluntad de trabajo y pusieron a disposición su conocimiento del territorio, remarcando que solo mediante un diálogo y compromiso compartido entre el sector público y privado se podrá sostener el entramado productivo y proteger los puestos de trabajo de la provincia.
Firmantes del documento:
- Guillermo Polke – Presidente de la Federación Económica de Santa Cruz (FESC)
- Leandro Fadul – Presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Afines de Río Gallegos (CCIARG)
- Miriam Georgia – Vicepresidenta Primera (FESC)
- Cristina Aranda – Vicepresidenta Segunda (FESC)
- Cecilia Castro – Vicepresidenta Tercera (FESC)
Fuentes: INDEC. Ministerio de Economía de Argentina. Federación Económica de Santa Cruz. Cámara de Comercio, Industria y Afines de Río Gallegos.
