Proyecto del gobierno intenta desmantelar el Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Un Proyecto de ley del gobierno ingresado al Congreso Nacional contiene un conjunto de reformas al INDH, en términos que pueden significar su captura y desmantelamiento.
- Es una propuesta extrema y radical que destruye la autonomía e independencia del INDH, interviniendo su gobernanza y cooptando a su órgano rector: el Consejo.
- Disminuye de 11 a 5 los integrantes del Consejo, y excluye a la sociedad civil de la designación directa de consejeros. Actualmente el Registro de organizaciones del INDH elige 4 consejeros, en la propuesta de Kast sociedad civil sólo “propone 2” al Presidente de la República y éste a la vez se los “propone” al Senado, quien finalmente aprueba o rechaza.
- Se mantienen 2 consejeros designados por la Cámara de diputados, y 1 por las facultades de derecho. Y los integrantes del Consejo pasan de permanecer 6 años en sus cargos a 4.
- Una vez aprobado el proyecto, el primer Consejo será designado inmediata e íntegramente por el Presidente de la República, atentando abiertamente contra la autonomía e independencia que exigen los Principios de Paris. Transformando al INDH en un órgano servil al poder de turno.
- Desmantela la presencia regional del INDH y opta por el centralismo metropolitano. Fija su domicilio en Santiago, y no contempla sedes regionales.
- Se elimina la facultad de presentar querellas, dejando indefensas a las personas que sufren violaciones a los derechos humanos. Hoy 15 instituciones públicas pueden presentar querellas en distintos temas, pero sólo se le retira esta atribución al INDH.
- Se reduce su presupuesto en un 22%, pero se aumentan dietas de consejeros y recursos para sus asesores.
- El proyecto no recoge las recomendaciones de la Comisión Asesora Presidencial para el fortalecimiento del INDH, por el contrario, va en contra de todas las medidas que garantizan independencia y capacidad de protección.
- El proyecto vulnera gravemente las garantías democráticas y al rol fiscalizador que ellas le otorgan a la institución nacional de derechos humanos en un Estado de derecho. Se busca neutralizar al órgano encargado de vigilar el cumplimiento del Estado en materia de derechos humanos.
- Este es el mayor retroceso de derechos humanos desde el fin de la dictadura, según han señalado las organizaciones de DDHH de todo el país.
