Tribunal decreta arraigo nacional para imputado por homicidio y considera posible legítima defensa
El Juzgado de Garantía de Punta Arenas formalizó este viernes a S.C.P. por su presunta participación en el homicidio de Sebastián Maturana Yagode, ocurrido el pasado 30 de septiembre al interior de un domicilio ubicado en calle Ramón Serrano, en Punta Arenas. Tras la audiencia, el tribunal decretó arraigo nacional y fijó en 180 días el plazo de investigación.
De acuerdo con los antecedentes expuestos por el Ministerio Público, Maturana ingresó al inmueble y se produjo un forcejeo con el imputado, quien posteriormente lo habría sujetado del cuello hasta provocarle la muerte. El informe preliminar de autopsia estableció como causa del fallecimiento una asfixia por compresión anterobraquial, lesión reciente y vital atribuible a la acción de terceros.
La defensa sostuvo una versión distinta y planteó que el presunto imputado actuó amparado por la legítima defensa, señalando que Maturana habría ingresado al inmueble quebrando una ventana y portando un cuchillo, pese a mantener una prohibición de acercamiento respecto de su representado y de la expareja de la víctima. También se expuso que días antes Maturana habría atacado con un cuchillo a la pareja actual, provocándole lesiones por las que debió recibir atención médica.
Tras analizar los antecedentes, el tribunal tuvo por acreditados los presupuestos de existencia del delito y participación del imputado. Sin embargo, el juez consideró que en esta etapa procesal existen antecedentes suficientes que permiten sostener la eventual concurrencia de la legítima defensa, especialmente por el ingreso de la víctima al inmueble, las medidas cautelares vigentes y el antecedente de que habría utilizado un cuchillo durante el enfrentamiento.
El tribunal precisó que será durante la investigación cuando deberá determinarse si la reacción del presunto imputado se mantuvo dentro de los límites necesarios para repeler la agresión. Finalmente, considerando que existía una necesidad cautelar, pero de menor intensidad, decretó arraigo nacional y fijó un plazo de 180 días para la investigación.
