Organizaciones de DDHH de Magallanes rechazan proyecto de ley que debilita y desmantela el INDH.

A través de un comunicado conjunto, diversas organizaciones sociales de DDHH de la región de Magallanes manifestaron su categórico rechazo al proyecto de ley de modernización del Ejecutivo (Mensaje N° 174-374), alertando que la iniciativa despoja a la institución de sus facultades esenciales y deja al ciudadano común en la total indefensión frente a los abusos de poder.

PUNTA ARENAS, 3 de noviembre de 2026 — Agrupaciones ciudadanas y de derechos humanos se declararon en estado de alerta máxima ante el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo (Mensaje N° 174-374) que busca reformar el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Bajo el argumento de una supuesta modernización, las organizaciones denuncian que la iniciativa legal ejecuta en la práctica un vaciamiento y desmantelamiento encubierto de la institución encargada de velar por las garantías fundamentales en Chile.

A través de un manifiesto público, las agrupaciones adherentes advirtieron que debilitar al INDH vulnera de forma directa a todas las chilenas y chilenos. Quien pierde con esta reforma es el ciudadano común, que queda desamparado ante la violencia institucional, los abusos de poder o las graves deficiencias en el acceso a derechos básicos como la salud, un medio ambiente sano, y el cuidado de niños, niñas y adultos mayores que se encuentran bajo la custodia del Estado.

La declaración ha sido firmada por la Agrupación Hijos/as y Nietos/as por la Memoria, la Asociación Cultural Nuestra Madre Grande, la Colectiva Cueca Sola Punta Arenas, la Corporación Sitio de Memoria Colón 636, la Corporación Estadio Fiscal Punta Arenas – Memoria Regional y el PRAIS Punta Arenas.

Según señalan los denunciantes, el proyecto y su respectivo Informe Financiero desconocen flagrantemente los Principios de París de la ONU y traicionan de forma directa las recomendaciones unánimes que entregó la Comisión Asesora Presidencial durante el año 2025. Al respecto, las organizaciones identifican cuatro retrocesos críticos e inaceptables dentro de la propuesta:

1. Prohibición de defender a las víctimas: Se elimina la facultad legal del INDH para presentar querellas criminales, lo que impedirá que la institución persiga ante los tribunales de justicia los delitos de tortura, trata de personas, apremios ilegítimos y abusos de poder.
2. Desmantelamiento del equipo jurídico: El diseño presupuestario de la reforma proyecta el despido del 70% de las y los abogados que actualmente se dedican por completo a la protección y defensa de las víctimas.
3. Abandono de las regiones y centralismo extremo: El proyecto suprime la obligación legal de mantener sedes a lo largo del país, fijando un domicilio único en Santiago. Esto viene acompañado de un recorte del 50% del personal en regiones, dejando a las zonas extremas y territorios locales en total desamparo frente a las decisiones del poder central.
4. Captura política institucional: Se elimina la elección directa por parte de la sociedad civil. Mediante polémicas normas transitorias, el proyecto busca destituir al Consejo actual para permitir que el Presidente de la República nomine directamente y en bloque a cinco nuevos consejeros, quienes luego designarán a un Director Ejecutivo sin pasar por el concurso de la Alta Dirección Pública (ADP).

Finalmente, los portavoces del comunicado recalcaron que este ataque institucional no constituye un hecho aislado. Por el contrario, alertan que forma parte de una ofensiva sistemática en la materia, sumándose a medidas recientes como el debilitamiento del Plan Nacional de Búsqueda, el retiro del Plan Nacional de Derechos Humanos y el recorte presupuestario a los Sitios de Memoria. Las agrupaciones hicieron un llamado urgente a los parlamentarios y a la opinión pública a frenar este avance legislativo que amenaza las bases de la protección ciudadana en el país.