Casos judiciales «Rayen» y «Marca GORE» por corrupción en Magallanes entran en etapa decisiva
Por casi tres meses, el Fiscal especialista en Anticorrupción Felipe Aguirre y su equipo de trabajo conformado por el Fiscal Oliver Rammsy y por la Asesora Jurídica Jefe de la Fiscalía Regional, Lorena Pereira, han presentado, ante el Tribunal Oral en lo Penal de Punta Arenas, diversa prueba documental, testigos, peritos, videos y fotografías con el fin de acreditar la participación de 7 acusados, entre ellos el ex Intendente de Magallanes en Malversación, fraude y cohecho, entre otros ilícitos.
Punta Arenas, 26/05/2017.- Pasados casi tres meses de Juicio Oral, el caso “Rayén” y “Marca Gore” están entrando en etapas decisivas, luego que la Fiscalía culminara de presentar la prueba, común con los querellantes, el Consejo de Defensa del Estado y el Servicio de Impuestos Internos, para cada uno de los hechos por los que se acusó al ex Intendente de Magallanes, Arturo Sverre Storaker Molina, a los Ex empleados públicos Luis Alberto Saez Martinez, Javier Alejandro Gómez Letelier, al particular Pablo Osvaldo Sáez Martinez,y a los representantes de la Empresa Rayén, Javier Mauricio Gajardo Castro, Patricia Alejandra Leiva Narvaez, y Hugo Aladino Reyes Tureuna, por Malversación, fraude y cohecho, entre otros ilícitos.
Así, los persecutores lograron presentar al Tribunal las modalidades que los acusados, utilizaban para engañar a funcionarios públicos durante la emergencia del desborde del río las Minas, usando de facturas ideológicamente falsas y falsificando firmas entre otras, estimando uno de los peritos que declaró, un perjuicio para el Fisco de una cifra cercana a los $400 millones de pesos.
Cabe indicar que los primeros días el Fiscal abordó la acreditación del delito de negociación incompatible y fraude al fisco, una arista del caso Rayén conocida como “Marca Gore”, en la cual el acusado Luis Sáez Martínez, Jefe de la DAC a esa época (2012), contrató en una licitación a su hermano Pablo Sáez por una suma de $50.000.000.-, usando, de acuerdo a las pruebas presentadas, documentación y antecedentes falsos, todo lo cual fue representado al Tribunal mediante testimonios de los afectados, quienes fueron víctimas del uso de firmas falsas además de documentación adulterada presentada en la licitación.
En seguida el equipo de la Fiscalía y los querellantes exhibieron ante los magistrados los hechos vinculados con el delito tributario, esto es, con la factura ideológicamente falsa presentada por el representante de la Empresa Rayén para cobrar el crédito fiscal en junio de 2012, dando el testimonio el mismo emisor de la factura quien negó haber hecho los servicios contratados por aproximadamente $118 millones de pesos e indicó que sólo emitió la factura porque Javier Gajardo se lo pidió, ello en el contexto del trabajo del desborde del río las Minas. Asimismo, se presentó prueba documental y testimonial, en el delito de desacato en que incurrió el Intendente de la época, Arturo Storaker Molina, quien pese a existir la medida judicial de retención de dineros, producto de una resolución de un tribunal civil de Punta Arenas, despachó el pago a la Empresa Rayén.
En la oportunidad, también se abordó la acreditación de la malversación de caudales públicos, estafa y fraude al fisco en que habrían incurrido Storaker M., Luis Sáez, y Javier Gómez, funcionario de la Seremi de Justicia a esa fecha (marzo 2012), los dueños de Rayén, Patricia Leiva N. y Javier Gajardo C. y un funcionario de esta empresa, Hugo Reyes Tureuna, quien habría comprado como intermediario tres vehículos, uno para el uso exclusivo de Sáez Martínez.
Durante las jornadas, asimismo, el perito contable que depuso en juicio, Jorge Calisto, abordó la situación financiera de la Empresa Rayén antes, durante y posterior del aluvión, indicando la precariedad de la misma y que un tercero financista habría prestado el dinero para iniciar las labores de limpieza.
A la vez el perito analista, Julio Salas, quien viajó de Santiago a declarar, expuso las vinculaciones existentes entre los acusados analizando sus constantes comunicaciones telefónicas durante los periodos claves de los hechos denunciados.
Cabe hacer presente que ninguno de los acusados declaró en el Juicio como también que la audiencia seguirá ahora con la prueba presentada por la Defensa de los acusados.
