Fiscal Eugenio Campos investiga en los orígenes del fraude en Carabineros
A medida que avanza la investigación penal del megafraude a Carabineros, el Fiscal Eugenio Campos comienza a desentrañar cómo se gestó la malversación en el escalafón de Intendencia, departamento responsable de manejar las finanzas y administrar las cuentas corrientes con los dineros públicos destinados a las remuneraciones de los funcionarios policiales y gastos operacionales de la institución. Entre los involucrados en los ilícitos ya se han detectado a tres miembros del Alto Mando: los generales, Flavio Echeverría, Iván Whipple y Julio Pizarro, todos exdirectores de Finanzas.
Entre las nuevas diligencias, el Fiscal Campos solicitó al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago mediante un oficio, levantar el secreto bancario de otros 20 involucrados en los ilícitos, cuyas responsabilidades datan de fechas anteriores al 2010, periodo sobre cual aún no existe claridad sobre los montos defraudados. Pues, hasta ahora, solo se han analizado las cuentas entre 2010 y 2016, cifra que ya ronda los 25 mil millones de dinero malversado.
El fiscal de Magallanes Eugenio Campos, a cargo de la investigación penal por el megafraude de Carabineros, solicitó al Séptimo Juzgado de Garantía, autorización judicial para alzar el secretario bancario de 20 involucrados en los ilícitos por asociación ilícita, malversación de caudales públicos y lavado de activos, que persigue el Ministerio Público a raíz del desfalco que alcanzaría $25 mil millones.
En el oficio para argumentar su solicitud, el fiscal Campos describe detalladamente el modus operandi de la organización criminal, las distintas etapas del fraude, los mecanismos para evitar ser detectados y los extractos de declaraciones de lo imputados hasta ahora desconocidas, entre ellas, cómo se gestó el origen de la organización y los cómplices en otras reparticiones públicas.
“Desde a lo menos el año 2006 y hasta el año 2017, existió una organización criminal que tenía la finalidad de cometer de manera permanente, indefinida y sistemática en el tiempo, diversos crímenes y simples delitos atentatorios contra la propiedad, el patrimonio fiscal, el orden público y otros, conformando e integrando con dicho fin una organización jerárquica, en la que se distinguen jefes y un grupo de personas o miembros operativos que ejecutan las labores necesarias y funcionales a la finalidad perseguida”, describe el fiscal sobre el funcionamiento de la organización y agrega que realizaban “diversas acciones con el objeto que las instituciones e instancias de control interno y externo no detectaran los dineros sustraídos”.
