Gustava Aguilar entregó el balance de gestión 2016 de la Defensoría Penal Pública en la Región de Magallanes
Defensora regional: “Los datos no se condicen con la percepción del aumento de la delincuencia, puesto que el año 2016 se mantiene una tendencia hacia la disminución del total de causas atendidas por la Defensoría Penal Pública”.
La Defensora regional Gustava Aguilar, entregó ayer el balance de la gestión institucional del año 2016 haciendo hincapié que con la creación de la Defensoria de Puerto Williams, se consolidó la cobertura efectiva a lo largo y ancho del país.
La actividad contó con la asistencia del Defensor Nacional Andrés Mahnke y autoridades del sistema de justicia penal en Magallanes
En casi 15 años de existencia cumpliendo la misión de asegurar una defensa penal de calidad a todas las personas imputadas o condenadas por un crimen, simple delito o falta, que así lo requieran, la defensoría de Magallanes ha atendido a más de 41 mil personas en la región.
La jefa de la institución encargada de prestar defensa penal pública, destacó que en la última encuesta de satisfacción usuaria encargada por la Defensoría a nivel nacional arrojó que en Magallanes alcanza a un 100 por ciento de satisfacción usuaria en oficinas, el más alto del país.
La defensora valoró que de los tres defensores con que contaba la institución el año 2002, hoy cuentan con 11 defensores penales que les permiten asegurar un 100% de cobertura en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena.
Remarcó que lo anterior ha sido posible por el fortalecimiento del subsistema mixto publico privado, ya que en Magallanes hay un total 7 defensores del ámbito privado ejerciendo funciones de defensa penal pública, 5 de ellos por vía de licitación pública y dos mediante convenio directo.
Aguilar enfatizó que la Defensoria busca: “cambiar el sentido común de las personas, tarea titánica, por cierto, pues queremos que las nuevas generaciones entiendan de manera natural que una persona cuando es imputada es inocente hasta que se demuestre lo contrario, tenga derecho a guardar silencio, a una defensa penal pública de calidad y, en caso de ser condenada, la pena sea ajustada a derecho y no al clamor popular.”
Destacó que para hacer frente a las necesidades de defensa de grupos vulnerables tienen defensores especializados en materia de migrantes y extranjeros, de indígenas, además, remarcó: “somos la única institución que cuenta con un defensor penal juvenil dedicado, de manera exclusiva, a atender las necesidades de defensa de los adolescentes mayores de 14 y menores de 18 años según la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente”.
Al respecto, enfatizó que aun cuando persiste la idea de que la delincuencia juvenil ha aumentado los jóvenes imputados representaron sólo el 5,1 por ciento del total de casos de 2016.
La defensora regional llamó la atención acerca del “daño biopsicosocial con el que están llegando nuestro niños y adolescentes al sistema penal juvenil, siendo una característica transversal a los imputados adolescentes, el alto grado de consumo y/o poli-consumo en la mayoría de casos, de diversas drogas, perjudiciales para la salud”; e instó a que “instituciones de salud y programas ejecutores de sanción, llamados a prevenir y rehabilitar el consumo de drogas, logren adecuar y acomodar sus planes de tratamiento e intervención para hacer frente a estas nuevas drogas que, lamentablemente, ya son una realidad en nuestra Región”.
Resaltó, también, “que la gestión de la defensa penal juvenil ha evitado privaciones de libertad indebidas e injustas de adolescentes otorgando sentido y alcance a las reglas contenidas tanto en la Ley de RPA como en la Convención de Derechos del Niño, que señalan que la privación de libertad debe ser utilizada como último recurso y por el tiempo más breve que sea posible, debido a los efectos negativos que causa sobre los adolescentes, el encierro”.
Defensa penitenciaria
a contar del 1° agosto del año 2016 la Defensoria cuenta un equipo de defensa penitenciaria que la componen un abogado defensor, una asistente social y una asistente administrativa, lo que viene a dar cabal cumplimiento a la instalación de la defensa pública penitenciaria en todas las defensorías regionales del país.
Solo el año 2016, la Defensoría penitenciaria atendió a un total de 300 requerimientos, que beneficiaron a 200 personas privadas de libertad, lo que equivale a un 98% de la población penal de la región.
En este ámbito la defensora regional mencionó el procedimiento de la vista de libertades condicionales que se ejecuta en la Región desde el año 2011,”iniciativa que no hubiera sido posible de realizar sin el apoyo comprometido de los Ilustres Ministros de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, Jueces de Garantía, del Tribunal Oral en lo Penal y Gendarmería de Chile. El objetivo de esta modalidad es el de incorporar los principios de la reforma procesal penal a la etapa de ejecución de la sentencia, específicamente, en la vista de las libertades condicionales”, dijo.
“Echar pie atrás y volver a una revisión secreta y escriturada de las solicitudes, vulneraria el derecho a la información, transparencia y trato digno que exigen las personas que cumplen condena”, reflexionó la defensora Aguilar .
Hizo, también, una especial mención a la difícil situación en la que se encuentran las mujeres que son invisibilizadas por el sistema de justicia y por el sistema penitenciario “lo que en nuestra región se traduce en que las mujeres no cuentan con un espacio independiente para cumplir su reclusión por lo que deben hacerlo en una sección o modulo dentro de una cárcel diseñada para el género masculino, lo que imposibilita generar una buena segregación entre imputadas y condenadas como así lo estipula la ley debiendo tanto funcionarias como internas con mucha voluntad determinar horas de encierro distintas para unas y otras lo que ocasiona conflictos de convivencia”, subrayó .
Hitos
Entro los principales hitos del año 2016 la Defensora regional mencionó que efectuaron actividades en Puerto Edén, donde tomaron contacto con miembros de la comunidad kawésqar para explicarles los alcances de la defensa penal indígena, tal cual lo habían hecho, meses antes, con la comunidad yagán de Puerto Williams.
Otro hito histórico fue la inauguración de las oficinas de la Defensoría Local de Puerto Williams, la más austral del mundo, con la presencia de la Presidenta de la República Michelle Bachelet y las más altas autoridades del poder judicial y de las instituciones del sistema procesal penal.
Aguilar señaló que “con la creación de la defensoría de Puerto Williams somos, junto al tribunal de garantía, los únicos intervinientes que tenemos presencia y atención permanente en la comuna y representa un gran avance en materia institucional y significa garantizar a todos los habitantes de esa provincia el debido acceso a la justicia y una defensa de calidad cuando lo requieran”. “Con la oficina más austral del mundo, la defensoría consolidó la cobertura efectiva a lo largo y ancho del país”, acentuó la defensora regional.
CIFRAS
Respecto a la cantidad de imputados atendidos la Defensoría regional explicó que se percibe una tendencia a la disminución de casos, porque mientras el 2015 la institución atendió 3623 causas, el año 2016 se constata un descenso toda vez que se atendieron 3213 causas.
Según la defensora regional estos datos no se condicen con la percepción del aumento de la delincuencia, puesto que el año 2016 se mantiene una tendencia hacia la disminución del total de causas atendidas por la Defensoría Penal Pública.
El 81,54% de los usuarios fueron hombres y el 18,4% a mujeres. Paralelamente, el 94,62% correspondieron a adultos y el 5,38% a adolescentes. Del mismo total, el 1,56% fueron extranjeros o migrantes y el 0,09% (sólo 3 personas) pertenecía a alguna etnia.
Los delitos principales por los que se imputó a estas personas fueron aquellos contenidos en la Ley de Tránsito (23%), las lesiones (19%), hurtos (11%) y los delitos contra la libertad e intimidad de las personas (11%).
Llama la atención que los aumentos relativos del período se vinculan con delitos de menor connotación, particularmente los de la Ley de Tránsito, que son los que muestran un mayor incremento.
En términos geográficos, en tanto, las provincias con mayor incidencia porcentual de imputados fueron la de Magallanes (71,65%), Última Esperanza (24,31%) y Tierra del Fuego (4,01%).
