Tribunal del Trabajo acoge tutela laboral y sentencia a la Cormupa a indemnizar en 5 millones de pesos en favor de funcionario de esa repartición, por denuncia en su contra de presunta apropiación indebida
Con fecha 3 de agosto pasado, el Tribunal del Trabajo de Punta Arenas acogió la acción de tutela laboral por vulneración de derechos interpuesta por el funcionario de la CORMUPA Manuel Parra Alarcón, en contra de la Corporación Municipal de Punta Arenas para la Educación, Salud y Atención al Menor, por infracción a la garantía de la honra del denunciante.
El tribunal estableció que «la infracción se ha constatado a partir de la conducta desplegada por su representante legal que acarreó la decisión de querellarse contra el funcionario sin fundamentos facticos ni jurídicos de relevancia y por el menoscabo que provoca la exteriorización de tal vulneración» consistente en la merma de funciones para las cuales fue contratado, sin motivos que lo justifiquen.
Señala la resolución judicial que «en mérito de lo anteriormente resuelto, la denunciada, la CORMUPA, deberá pagar al funcionario afectado la suma de $ 5.000.000.-, por concepto de indemnización por daño moral, suma que se reajustará en la variación que experimente el IPC entre la fecha de este fallo y su pago efectivo.»
Recordemos que la querella criminal fue presentada el 26 de julio de 2018 e iba dirigida en contra de Emilio Boccazzi Campos, en su calidad de ex alcalde y ex presidente del directorio de la Cormupa; en contra de Cristina Susi Garrido, como ex secretaria general de la Corporación; de Freddy Aguilar Almonacid y de Manuel Parra Alarcón, quienes fueron directores de Finanzas de la Cormupa; además de todos quienes resulten responsables.
Después que se conociera el resultado de la auditoría que se realizó a nombre de la Municipalidad de Punta Arenas a los registros contables de la Corporación Municipal de Educación y Salud de Punta Arenas (Cormupa), el alcalde Claudio Radonich interpuso el jueves 26 de julio del año pasado una querella criminal por los presuntos delitos de desviación o apropiación de fondos públicos. La acción penal pedía investigar la supuesta “desaparición” de más de 4 mil millones de pesos, entre los años 2015 y 2016.
El abogado de la parte querellante Jorge Vidal informó que «la prueba que se rindió en el juicio, estableció de que dicha información entregada por la empresa auditora no constituía una auditoria, sino solamente un preinforme, de hecho el mismo profesional de la empresa auditora dice que no se puede concluir que hay una malversación de fondos o una apropiación indebida, ya que la Corporación Municipal no le entrega los insumos necesarios para llegar a una conclusión así…»
La CORMUPA anunció que apeló ante la Corte de Apelaciones la resolución del juzgado de primera instancia, por lo que se esperará respuesta del recurso.
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