Tome decisiones, no use escudos – Víctor Maldonado – Opiniones

Un país debiera discutir los temas más controvertidos de frente y no mediante subterfugios. No hay temas vedados para el dialogo democrático, y el indulto para quienes violaron los derechos humanos, y se encuentran en cumpliendo condena, no debiera ser uno de ellos. Las emociones que nos despierta no pueden inhabilitar el debate, a condición de que se proceda de manera correcta.
Esto es mucho más que una discusión exclusivamente jurídica, tiene una dimensión ética, lo que hace que todos nosotros tengamos una cierta obligación de pronunciarnos, más allá de si nos toca zanjar la cuestión.
La decisión de sacar de la cárcel a personas condenadas por crímenes de lesa humanidad debe discutirse aparte, nunca confundiéndolo o presentándolo con ocasión de la pandemia. Son debates que aluden a situaciones muy diferentes.
Con ocasión de la pandemia, lo que se le debe exigir al Estado es que posibilite las condiciones de cumplimiento de aquello mismo que ordena y exige. Tendremos que tomar muchas medidas por razones de coherencia y equidad.
No ha habido ninguna crítica atendible que se oponga a las principales medidas ordenadas por la autoridad sanitaria para combatir la expansión del contagio del coronavirus. Lavarse las manos con frecuencia, quedarse en las casas, mantener la distancia social, todas son instrucciones sensatas y pertinentes. Eso mismo obliga al Estado hacer posible el cumplimiento de lo que ordena.
No se le puede pedir, simplemente, a una familia que vive en un campamento, que carece de agua potable en cantidad suficiente, que se lave con un agua que no tiene. Es obligación del Estado prodigar el elemento que pide que se utilice.
Es evidente que si el contagio es alto en una zona, habrá que quedarme en casa si así se instruye. Pero muchos son los que, sin su trabajo diario, no pueden sobrevivir. No se les poner tener ante el dilema de pasar hambre o desobedecer. Si el Estado, con razón, imposibilita trabajar, ese mismo Estado tiene que asegurarles a las personas lo básico para poder subsistir.
Igualmente, si me pueden mantener la distancia social con otros, y estoy acinado en la cárcel, es evidente que no podré cumplir con lo ordenado aunque quiera. Es el bien común lo que justifica sacar personas de prisión. El Estado procede de esta forma por el bien de la sociedad y actuando en su representación. Obviamente, no puede liberar a cualquiera de la cárcel, sino a aquellos que no representan un peligro cierto al dejar de estar tras las rejas.
Nada de esto se aplica para los casos de violadores de los derechos humanos. Están encarcelados en recintos donde no hay hacinamiento, pueden ser indultados por el Presidente por razones humanitarias, sin agregar una ley especial para ello. Se trata de personas que, a nombre del Estado, persiguieron, torturaron, asesinaron o fueron responsable de que ello sucediera. La pandemia da para mucho, pero no para producir confusión mental colectiva. Su liberación, por la razón que sea, nunca representará un acuerdo nacional. Nos divide, justo cuando debemos estar más unidos. Se trataría de usar una ley general para tratar casos específicos que Piñera puede resolver en conciencia. Si necesita escudarse en muchos para hacerlo es porque no es lo correcto.
Víctor Maldonado R.
No hay discriminación
TC resuelve que es constitucional excluir delitos graves y de lesa humanidad en ley de indulto, rechazando el requerimiento de senadores de Chile Vamos.
Lorena Pizarro, presidenta Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos
«Nos parecía de una infamia exponer a la población penal que cometió delitos menores a esperar. Espero que esto sea un precedente que se instale y que este recurso que ha presentado este grupo de diputadas y diputados sea rechazado».
Alicia Lira, presidenta Asociación de Familiares de Ejecutados Políticos,
“Para nosotros esto es un triunfo, porque realmente hemos pasado de un gesto de impunidad a otro y hoy día celebramos este rechazo que hace el Tribunal Constitucional, porque reconoce los tratados y convenios internacionales, pero también reconoce que este país necesita estar por sobre la verdad, la justicia».
Sergio Micco, director del Instituto Nacional de Derechos Humanos
El INDH concurrió al “Tribunal Constitucional para decir una sola cosa: no puede, por el proceso ante dicho Tribunal, que se postergue en 30 días más la implementación de la ley de indulto conmutativo.”
“Dicho proceso no puede significar que la entrada en vigencia de esta ley, que otorga indultos conmutattivos a 1.299 reclusos, se postergue dos semanas más. Los centros penitenciarios son una bomba de tiempo, que debe desactivarse”.
Adriana Muñoz, presidenta del Senado (PPD)
«Si queremos debatirlo, hagámoslo, pero no en estas condiciones […] no recogerlo en un subterfugio».
Senador Juan Ignacio Latorre (RD)
«Este proyecto no es necesario. Es un guiño político a los sectores duros del pinochetismo que hace mucho tiempo quieren dar señales de impunidad y de liberar a esos presos. Si el Presidente los quiere liberar, él tiene la facultad del indulto, que él asuma la responsabilidad de indultar a los violadores de derechos humanos, pero que no nos haga responsables o corresponsables a los parlamentarios».
Línea de financiamiento covid-19
El financiamiento anunciado por el Gobierno para que las empresas con ventas de hasta 1 millón de UF accedan a capital de trabajo, requiere la aprobación de un proyecto de ley.
Senador Jorge Pizarro (DC)
“Ya hay inquietudes de asociaciones de pymes, porque dicen que los bancos no traspasaran esos créditos a empresas pequeñas, esa es la letra chica”.
El proyecto “lo vamos a empezar a ver ahora, lo más rápido posible”, pero aclaró que es difícil que durante esta jornada se despache, ya que buscarán proteger el que la garantía estatal “llegue realmente a las Pymes”.
Senador Carlos Montes (PS)
“Tenemos disposición para que este proyecto avance, pero el Ejecutivo tiene que entender que hay que estudiarlo también. No es llegar y aprobarlo”.
