El Estado futuro: un Estado social y democrático de derechos

La Convención Constitucional ha decidido una nueva definición del Estado de Chile, en la fórmula de un Estado social y democrático de derechos, abriendo así el umbral hacia el término del Estado subsidiario neoliberal -que fue el núcleo principal de la Constitución de 1980, a pesar de sus modificaciones- e instalando las bases conceptuales para un nuevo tipo de Estado en la sociedad chilena.

La Constitución de 1980, elaborada por un grupo reducido de individuos de la dictadura, puso en evidencia que la necesidad de establecer la existencia de un Estado social surge de las insuficiencias y restricciones de un Estado subsidiario. La Constitución autoritaria de 1980 restringió lo público, disminuyó la función pública y jibarizó el Estado hasta el punto que los procesos de privatización y desregulación han ocasionado una gestión pública en la que prevalece el mercado y no el interés público.

El principio de Estado social funda el deber del Estado de garantizar la existencia de un orden social justo, construido mediante el ejercicio de la democracia y donde los derechos y deberes se inscriben en los fundamentos de un nuevo Estado. Supone que la satisfacción de tales derechos representa un deber irrenunciable y un rasgo fundamental de la legitimidad del Estado en democracia. Se trata de enfatizar el rol activo del Estado en la protección integral de la dignidad de las personas, no solo en cuanto al  respeto de los derechos y libertades individuales, sean civiles, económicos, culturales o políticos, sino también en el reconocimiento y garantía de los derechos sociales y de la igualdad de oportunidades.

No es que el mercado hace todo lo que no puede hacer el Estado, ahora es el Estado el que hace todo aquello que el mercado no puede hacer.

Es un Estado social y democrático, en la medida en que los derechos de todos, los derechos humanos pertenecen a todos los individuos en un marco de libertad.  Consagra que el Estado se sustenta en los derechos humanos como derechos de todos los seres humanos sin distinciones. Establece la preeminencia de lo público, respetuoso de lo privado, pero afirmando el valor del interés general.

Será un Estado social, porque el aparato público no puede continuar siendo una estructura alejada o ajena a la sociedad de la que depende, y necesita asentarse como un órgano político y público de la nación, de los ciudadanos, donde la ciudadanía dispone del poder y la soberanía.

Un Estado democrático, porque desde sus orígenes y sobre todo desde fines del siglo XIX, la nación chilena ha aspirado a vivir en democracia, de manera que toda la historia política y social de nuestro país hasta el presente, es la historia de las luchas por la construcción de instituciones democráticas y de una convivencia en la que todos los sectores de la nación, sean representadas y tengan acceso al poder y a las decisiones en igualdad de condiciones.

Corresponde al Estado garantizar la democracia, asegurar que todos los ciudadanos ejerciten las libertades, derechos y deberes en un marco de convivencia democrática. La nación construye un Estado democrático, a través de una ciudadanía activa y consciente.

Será un Estado donde los derechos encontrarán su contrapeso en los deberes y donde las instituciones están al servicio de los ciudadanos.

Pero además, será un Estado social y democrático de derechos, de carácter plurinacional e intercultural, donde la paridad de géneros será reconocida como fundamento de la convivencia democrática y de las nuevas instituciones.

Esta también habrá de ser una nueva forma de ejercicio de la ciudadanía, desde que la nueva Constitución define un Estado social y democrático donde los derechos pertenecen a todos, sin distinciones ni privilegios.  Ciudadanos iguales ante una ley igual, fruto del ejercicio democrático del poder y la representación.

Se supone un Estado de derecho, como un Estado sujeto al derecho, a un ordenamiento jurídico establecido democráticamente. Y se entiende un Estado de Derecho como aquel en el que debiera imperar el gobierno objetivo e imparcial de las normas, con pleno respeto a las libertades y derechos de los individuos y no la mera voluntad subjetiva o arbitraria de quienes gobiernan. Se afirma así un ideal consistente en el gobierno de la ley al servicio de las personas, de la ciudadanía.

Manuel Luis Rodríguez U., cientista político.