Convencional UDI Rodrigo Álvarez: “las normas mineras aprobadas por la Convención Constitucional constituyen un retroceso para el país difícil de cuantificar”

El pasado sábado 14 de mayo finalizó la etapa de votación de las normas que se incorporaron al borrador de propuesta Constitucional. Dicha etapa finalizó con la votación del último grupo de normas provenientes de la Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico, integrado –entre otros- por el convencional constituyente UDI Rodrigo Álvarez. Todas las normas fueron aprobadas por el Pleno, con mayorías incluso superiores a los 2/3 requeridos por el reglamento de la Convención.

Una de las temáticas más esperadas era aquella relacionada al estatuto constitucional que se le aplicará a la actividad minera, en caso de que gane la opción “Apruebo” en el plebiscito de salida que se realizará el 4 de septiembre.

Consultado por las implicancias de lo aprobado por el Pleno de la Convención, el convencional UDI Rodrigo Álvarez afirmó que “se modifica profundamente el estatuto constitucional de la minería. Es una mala noticia ya que, al debilitar los derechos de los titulares mineros, se está afectando el desarrollo de esta industria que necesita -por su naturaleza- contar con certeza jurídica y reglas claras. Creer que las normas aprobadas solo afectan a la gran minería es un error. Por el contrario, afecta mucho más a la pequeña minería y a las actividades económicas vinculadas a ella, pese a las normas a las declaraciones de voluntad -que se plasmaron en normas- que aprobó el Pleno”.

En dicho contexto, el convencional de derecha Rodrigo Álvarez afirmó que “lo aprobado por la Convención no solo ignora la importancia del aporte de la minería en las regiones mineras, sino que también olvida su relevancia en el financiamiento de los derechos y prestaciones otorgadas por el Estado en nuestro país. Las personas deben preguntarse si, en el evento que se apruebe el proyecto de nueva Constitución, seguiremos contando con los cuantiosos recursos fiscales provenientes de la minería. Lamentablemente, tengo mis dudas”.

A continuación, Alvarez explicó que “la pretensión de reemplazar las concesiones mineras por títulos administrativos no fue bien justificado en la discusión constitucional. Más allá de reflexiones superficiales, no se demostró el beneficio que dicha norma pudiera tener en el país. Por el contrario, ante a nuestras advertencias, la Comisión que integré perseveró en lo que yo consideraba uno de los errores más relevantes del trabajo de la Convención”.

Acto seguido, Alvarez destacó el rechazo de dicha propuesta pues no se alcanzó el quorum requerido para ingresar al borrador de la Constitución. En su opinión, su aprobación “hubiese generado incertidumbre respecto a las causales de caducidad de los títulos administrativos y sus efectos. A mayor abundamiento, consideraba complejo que pasáramos de un sistema que da garantías -como el actual-, en el que las concesiones son otorgadas por los tribunales de justicia, a uno en que los títulos podrían haber sido otorgados por un Órgano de la Administración del Estado. Otro problema, que no me cabe duda hubiese afectado las decisiones de inversión de proyectos futuros, era el hecho de que estos títulos administrativos serían, por definición, temporales y esencialmente revocables. Ahora bien, este rechazo no es del todo positivo para el país, toda vez que se profundiza la incertidumbre respecto a la regulación futura de la actividad minera. Si existía una materia donde no era conveniente adoptar una postura minimalista, era en este tópico. Lo aprobado por el Pleno, en definitiva, está mal orientado y es absolutamente insuficiente para garantizar el desarrollo sostenible de la actividad minera. En este caso, materias de extrema relevancia para la minería serán reguladas a nivel legal, con todos los riesgos que ello genera”.

Por último, el representante UDI Rodrigo Álvarez se manifestó preocupado ante la insistencia de algunos convencionales de regular a través de las normas transitorias materias que, por su naturaleza, deben ser permanentes. “Muchos convencionales, haciendo un mal uso de las normas reglamentarias e ignorando la molestia de las personas por saltarse las reglas, buscan imponer sus agendas aún cuando estas sean nocivas para el futuro de los chilenos. La ciudadanía debe estar atenta y fiscalizar que la Comisión de Normas Transitorias se limite a cumplir estrictamente su mandato”, finalizó.