Director del Servicio Nacional de Migraciones descarta amnistía o regularización general para migrantes en Chile
El director nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, descartó implementar durante el Gobierno de Gabriel Boric una amnistía o regularización general para migrantes, como sí ocurrió en años anteriores, dado que -detalló- se avanzará en criterios «acotados y condicionados a distintas situaciones».
«En ningún caso van a haber procesos amplios, masivos o generales de regularización. La ministra y subsecretario (del Interior) también han sido bastante claros en decir que no va a haber procesos como los que se hicieron en 2018 (o también 2021), que fueron procesos donde se pedía un requisito de documento de identidad y de antecedentes policiales, que en algunos casos era sustituido por una consulta al país de origen», explicó Thayer.
El Director de Migraciones afirmó que los procesos de 2018 y 2021 están descartados porque «fueron muy poco eficientes en la gestión y con muy pocos requisitos», porque con «la situación que vive el país hoy, no resultaría pertinente realizar un proceso masivo como los que se hicieron en el pasado».
«Distinto es darle la oportunidad a personas que tienen inserción real efectiva en la economía formal. No estamos hablando de inserción en la economía de sobrevivencia, informal o en el subempleo, sino que personas que tienen inserción real en la economía formal, que tienen vínculos familiares y que tienen una situación de irregularidad», afirmó Thayer, que aseguró también que con esta medida «se acota bastante las posibilidades de acceder a la documentación».
«La Política Nacional de Migración establece los criterios para un eventual mecanismo de regularización y estos criterios son acotados y condicionados a distintas situaciones. En ningún caso va a haber una amnistía o un proceso general como los que se han dado en el pasado», puntualizó.
Thayer aseguró que la administración actual busca «mantener un control bien estricto de la frontera, no generar incentivos para nuevos flujos, no hacer llamados a que vengan los migrantes a nuestro país y preocuparnos de los procesos de inclusión de las personas que ya están en nuestro país».
En detalle, se trata de trabajar con aquellas personas que tienen posibilidades de inserción, dado que «aquellas personas extranjeras que viven en nuestro país que no tienen posibilidad de inserción en la economía formal, que no tienen vínculos familiares y que tienen efectivament dificultad de inserción más allá de que no tengan antecedentes penales, no van a poder regularizar su situación».
«Es un criterio que define nuestra política que la inserción efectiva de las personas en la economía o en sus redes familiares esté ya ocurriendo para solicitar una autorización de residencia», puntualizó.
«No vamos a abrir procesos ni abrir nuevos espacios para nuevos flujos migratorios» señaló Thayer.
Thayer se refirió a nuevos proyectos de ley sobre el tema migratorio y destacó que se trata de medidas «pensadas para una política de Estado», lo que, en su opinión, provoca que tengan consensos transversales en su discusión en el Congreso.
«Se va a ingresar un proyecto para que se amplíen las causales de expulsión. Se establecen las condenas por violencia intrafamiliar como prohibición de ingreso y causal de expulsión», profundizó.
Finalmente, Thayer reveló que hay un proyecto «que a nosotros nos parece muy relevante, que busca que las personas que cometan de manera reiterada faltas ya sea al Código Penal o aquellas que llevan al juzgado de Policía Local, como pueden ser agresiones, riñas, venta informal de productos en la calle, en fin, todo lo que tiene que ver con la convivencia, se le revoquen los permisos de residencia».
«Es decir, vamos a crear incentivos para que no solo la integración sea respetando las normas o las leyes, sino también que se respeten las normas de convivencia que afectan las posibilidades de integración de las personas. Creemos que es una señal importante para la ciudadanía», expresó.
