Concejala Alicia Stipicic y cambio de criterio “confianza legítima”: “hace que la educación se transforme en un botín político”
La electa concejala, Alicia Stipicic (RN) manifestó su preocupación ante el reciente dictamen emitido por la Contraloría General de la República que establece que la institución se abstendrá de pronunciarse sobre las renovaciones de contratos en el sector público, sujetos a lo que se denomina “Confianza Legítima”.
En la práctica, esto implica que, tras dos años de servicio, sólo los tribunales pueden evaluar su estabilidad laboral, limitando la intervención administrativa. “Este cuestionado dictamen supone un cambio en la jurisprudencia sobre el principio de “Confianza Legítima”, el cual, desde 2016, había sido clave en la regulación de los despidos arbitrarios en el sector público”, advierte Stipicic.
INESTABILIDAD PARA EL MAGISTERIO
La edil manifestó su apoyo a los docentes de Punta Arenas, quienes rechazan la interpretación adoptada por el órgano contralor. “Este dictamen, que ampara la precariedad laboral bajo el concepto de «confianza legítima», no sólo vulnera derechos fundamentales, sino que también atenta contra la dignidad de cientos de trabajadores que han dedicado años de esfuerzo al servicio público, particularmente en el ámbito educativo”, aseguró.
Alicia Stipicic afirmó que “el traspaso de los establecimientos educacionales al Servicio Local de Educación (SLEP) buscaba mejorar la educación, pero la decisión de la Contraloría hace que la educación se transforme en un botín para el gobierno de turno. Es fundamental que se reestablezca un verdadero compromiso con la estabilidad laboral del Magisterio y que el SLEP no se preste para ser una trinchera política, garantizando así un entorno laboral digno para quienes se dedican al servicio público. La educación y el bienestar de nuestra sociedad dependen de ello”.
La concejala, sostuvo que “la estabilidad laboral es un principio básico que permite a los trabajadores desempeñar sus funciones con la tranquilidad necesaria para garantizar un servicio de calidad. Al despojar a los funcionarios de este derecho, la Contraloría no sólo desatiende su responsabilidad de proteger a los trabajadores, sino que también crea un clima de incertidumbre que afecta la motivación y el compromiso de quienes sostienen la educación pública y otros servicios esenciales”.
