Gasto electoral: CGR detecta irregularidades en GORES de Magallanes, RM, Tarapacá, Antofagasta, La Araucanía y Los Ríos

Punta Arenas, 4 de junio de 2025 – Un informe de la Contraloría General de la República reveló una serie de irregularidades detectadas en el manejo de recursos públicos por parte del Gobierno Regional de Magallanes, correspondientes al periodo comprendido entre enero y septiembre de 2024. A raíz de los hallazgos, el órgano contralor anunció el inicio de un sumario administrativo para determinar eventuales responsabilidades.
Entre los puntos más críticos señalados en el Informe Final N°811 de 2025, se encuentra la utilización de recursos públicos en labores que exceden las funciones institucionales, al incluir en los contratos a honorarios servicios de publicidad, difusión y cobertura periodística centrados en la figura del gobernador regional, así como el manejo de sus redes sociales personales. Según el ente fiscalizador, estas acciones no se condicen con el principio de probidad y deben ser corregidas de manera urgente, redirigiendo la comunicación institucional hacia el quehacer propio del Gobierno Regional.
Otra irregularidad destacada por Contraloría fue la aprobación de 25 informes de actividades de prestadores de servicios a honorarios por parte de funcionarios no habilitados, es decir, distintos a los establecidos en los convenios respectivos. A esto se suma que 24 de estos informes presentaban descripciones genéricas y carentes de especificidad, lo que impide comprobar de forma fehaciente el cumplimiento de los servicios contratados.
En cuanto al uso de bienes fiscales, el informe constató que el vehículo destinado al traslado del gobernador regional excedió durante más de cinco meses la cuota máxima de 300 litros mensuales de combustible, incumpliendo así las normas establecidas para el consumo de bencina.
Debido a la gravedad de los antecedentes, la Contraloría General anunció que iniciará un sumario administrativo en el Gobierno Regional de Magallanes, con el objetivo de determinar si existen responsabilidades administrativas asociadas a estas prácticas.
Este informe forma parte de una auditoría más amplia que abarcó a los Gobiernos Regionales de Tarapacá, Antofagasta, Región Metropolitana, La Araucanía, Los Ríos y Magallanes, en la cual se revisaron transferencias al sector privado y se verificó el correcto uso de recursos humanos, físicos y tecnológicos de cada entidad, con especial énfasis en evitar desviaciones hacia fines político-electorales.