Ley de Protección a Dirigentes Sociales: un compromiso con la democracia y su tejido social | Andro Mimica, SEREMI de Gobierno de la región de Magallanes
En el marco del Mes de los Dirigentes Sociales, el Gobierno del Presidente Gabriel Boric ha reafirmado su compromiso con quienes lideran, muchas veces de forma silenciosa, el fortalecimiento del tejido social en nuestro país. La tramitación del proyecto de Ley de Protección a Dirigentes Sociales, impulsada y respaldada por esta administración, es una señal inequívoca de que la democracia también se defiende desde las calles, las sedes vecinales y las organizaciones de base.
Esta iniciativa busca incorporar al Código Penal una agravante específica para delitos como amenazas, lesiones u homicidios cometidos en represalia contra dirigentes sociales por el ejercicio de sus funciones. Se trata de un avance sustantivo: No es solo un endurecimiento de penas, sino un mensaje político claro de respaldo y protección institucional.
Los dirigentes y dirigentas sociales son piezas fundamentales para el desarrollo comunitario. Promueven el bienestar común, defienden derechos y son puente entre la ciudadanía y las autoridades. Sin embargo, no pocas veces su trabajo los expone a hostigamientos y agresiones, especialmente cuando enfrentan temas sensibles como la seguridad pública o la defensa de derechos colectivos. Protegerlos no es un privilegio, es un deber del Estado y una garantía para que la participación ciudadana no se vea mermada por el miedo.
Este compromiso no se agota en la vía punitiva. El Ejecutivo ha acompañado el debate legislativo con acciones concretas, como la Escuela de Formación Social en Seguridad y Prevención Comunitaria, desarrollada junto a la Subsecretaría de Prevención del Delito. Estas instancias no solo fortalecen las capacidades de las y los dirigentes, sino que también les brindan herramientas para enfrentar contextos complejos con mayor seguridad.
La protección de los liderazgos sociales es coherente con los compromisos internacionales de Chile en materia de derechos humanos, que instan a prevenir y sancionar la violencia contra dirigentes y defensores. Así, esta ley se alinea con una visión moderna de la democracia, que entiende que la participación activa de la ciudadanía requiere condiciones mínimas de seguridad y respeto.
En este Mes de los Dirigentes Sociales, el mensaje del Gobierno es claro: sin liderazgos comunitarios no hay democracia viva. La aprobación de esta ley significará no solo un respaldo jurídico, sino un reconocimiento profundo al rol que cumplen miles de mujeres y hombres que, desde el anonimato, sostienen la cohesión social y la esperanza en un futuro más justo.
Proteger a los dirigentes sociales es proteger el derecho de cada comunidad a organizarse, decidir y soñar. Este gobierno lo entiende y actúa en consecuencia.
