Diputada Morales y Subpesca reaccionan a denuncia de colusión en compra de centolla en Magallanes
La reciente denuncia presentada por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) contra ocho empresas pesqueras que operan en Magallanes abrió un fuerte debate en torno al impacto que esta presunta colusión habría tenido en los pescadores artesanales de la región durante más de una década.
De acuerdo con el organismo, las compañías se habrían concertado para pagar un menor precio por la centolla magallánica, afectando directamente a quienes dependen de este recurso para subsistir. El caso será visto ahora por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.
La diputada por Magallanes, Javiera Morales, cuestionó duramente la situación y exigió reparación para los afectados.
“Estas empresas se coludieron para comprar centolla a menor precio durante diez años. Como parlamentaria me urge saber cómo van a indemnizar a los cientos de pescadores artesanales que fueron perjudicados. Además, estas compañías reciben apoyo estatal a través de la Ley Navarino, por lo que he oficiado al Ministerio de Hacienda para conocer cuántos recursos públicos recibieron mientras cometían este delito, despreciando el trabajo de los pescadores”, sostuvo.
Morales añadió que es “fundamental apoyar a los pescadores artesanales para que exijan las indemnizaciones correspondientes, porque este delito no puede quedar impune”.
Entre las empresas mencionadas en la denuncia se encuentran: Elaboradora de Alimentos Porvenir, International Seafood, Pesquera Cabo Froward, Productos Marinos Puerto Williams, Proyecta Corp, Sociedad Pesquera Bahía Chilota y Bakkavör.
Asimismo, el persecutor indicó que se solicitó aplicar multas por un total de 62.406 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalentes a cerca de $51 mil millones a las empresas involucradas, y de 511 UTA, casi $424 millones a los ejecutivos responsables.
Por su parte, el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Julio Salas Gutiérrez, manifestó la preocupación del Gobierno por la magnitud de este caso.
“La colusión en el mercado de la centolla no solo vulnera la libre competencia, sino que golpea directamente a los pescadores artesanales de Magallanes. Es inaceptable que empresas se coordinen por años para fijar precios, afectando a quienes trabajan con honestidad en el mar”, afirmó.
Salas agregó que, según registros oficiales, existen 857 embarcaciones inscritas para la captura de centolla en la región, de las cuales unas 400 operan cada temporada con cuatro o cinco tripulantes cada una, lo que equivale a más de 2.000 familias afectadas anualmente.
“Como Subpesca hemos recabado antecedentes, estamos coordinándonos con la delegación presidencial y sostendremos una pronta reunión con los pescadores artesanales afectados para mantenerlos al día de la investigación”, puntualizó.
La investigación de la FNE busca que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia sancione a las empresas responsables y se establezcan medidas de reparación para el sector artesanal, considerado el principal damnificado por lo que fue calificado como “un cartel”.
