Torres del Paine: la tragedia que evidencia el fracaso del Estado en sus parques nacionales | Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos Torres del Paine

La Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos Torres del Paine de Magallanes ha emitido un comunicado refiriéndose a la reciente tragedia con turistas en ese Parque Nacional.

«En los próximos días veremos un fenómeno muy chileno. Una avalancha de opinólogos, columnistas, políticos, voceros improvisados, empresarios iluminados y comentaristas circunstanciales aparecerán con grandes discursos sobre la tragedia en el Parque Nacional Torres del Paine. Con tono grave y aire de expertos, dirán qué falló, qué se debe hacer, dónde están las responsabilidades, cómo habría que regular, qué habría que prohibir. Todos aparecerán, todos tendrán opinión, todos escribirán columnas, todos dictarán cátedra.

Quienes hoy llenan la discusión pública son, en su mayoría, voces que solo aparecen en la contingencia. Cuando el parque necesita trabajo y presencia real, no están. Y decimos aparecidos, porque muchos, lo son. Porque en el día a día, en la realidad cruda del territorio, en los 30 años de desafíos, de reuniones
interminables, de mesas de trabajo vacías, de intentos fallidos por modernizar este parque, ninguno de ellos está. Nunca han defendido de verdad las áreas protegidas. Nunca han puesto un pie en la complejidad institucional que asfixia al destino. Nunca han empujado un plan de manejo, un proyecto de seguridad, un nuevo circuito, una concesión, un sistema de rescate.

Nunca han exigido con fuerza que el Estado haga su trabajo.
Hoy aparecen, porque la contingencia ofrece vitrina.
Nosotros no somos aparecidos. Nosotros hemos estado siempre.
Somos quienes administramos gran parte de los flujos turísticos del parque, quienes conocemos su historia, su operación real, sus dinámicas y sus límites. Somos quienes hemos convivido con la montaña, quienes sabemos de tormentas repentinas, quienes hemos acompañado a visitantes, quienes hemos socorrido emergencias, quienes hemos propuesto mejoras y quienes hemos empujado durante décadas una institucionalidad que simplemente no quiere cambiar.
Y justamente porque hemos estado, porque conocemos de raíz el problema, es que hoy hablamos.
No para buscar culpables fáciles. No para sumar ruido a la tragedia.
Sino porque esta dolorosa pérdida de cinco vidas viene a confirmar lo que venimos diciendo hace 20 o 30 años: el sistema que administra nuestras áreas protegidas está fracasado.

Primero necesitamos poner la verdad sobre la mesa: Torres del Paine no es un destino peligroso. No lo ha sido en tres décadas. Las cifras lo confirman. El paso John Gardner no registra tragedias de esta magnitud en más de veinte años. Los casos fatales en el parque son mínimos y siempre han sido eventos aislados.
El riesgo existe, porque así es la montaña. Porque así es la aventura.
Porque quien entra a un circuito en la Patagonia asume una responsabilidad personal básica e irreemplazable: prepararse, equiparse, revisar el clima, entender sus límites, tomar decisiones.
Eso no se puede delegar ni regular por decreto.

Pero que exista riesgo no exime al Estado de cumplir su rol. Y aquí es donde la conversación debe ponerse incómoda. Porque mientras los opinólogos hablarán de poner guías obligatorios, de crear nuevas restricciones, de imponer horarios y controles rígidos —ideas simples para problemas complejos— nosotros debemos decirlo con fuerza: el circuito O no necesita guías obligatorios ni sobre-regulación. Nunca ha sido necesario. Nunca ha sido un circuito inseguro.
Cambiar eso ahora sería castigar al visitante responsable, encarecer la experiencia, bloquear el acceso a miles de chilenos, rigidizar la operación en temporada alta y deformar un circuito que funciona bien.
No se legisla desde el miedo. No se reacciona desde el pánico. Se legisla desde la evidencia.
Y la evidencia en Torres del Paine es clara: aquí no faltaron guías; faltó Estado.
Faltó presencia real. Faltaron guardaparques en terreno, patrullando, observando, orientando, monitoreando.
El parque operaba sin guardaparques caminando en uno de los puntos más críticos del circuito.
Eso no es un accidente. Eso es una negligencia estructural.

El verdadero problema: gobiernos y ministerios irresponsables, y un CONAF
Nacional arcaico, desgastado y atrapado en su propia ideología.
Lo decimos con responsabilidad institucional y con conocimiento técnico: el problema de fondo no es el clima,
no son los senderos, no son los visitantes, ni los concesionarios.
El problema no parte ni termina en CONAF. Viene de mucho más arriba. Durante décadas, distintos gobiernos
y ministerios han demostrado una completa falta de comprensión sobre la importancia del turismo y de las
áreas protegidas para Chile. No han entendido que los parques nacionales no son solo “lugares bonitos”, sino
activos estratégicos del país, motores económicos y espacios esenciales de conservación. Esa mirada liviana, poco profesional y sin conciencia turística ha instalado una institucionalidad débil, sin recursos, sin formación adecuada y sin una visión moderna del territorio. Un Estado que simplemente no le toma el peso a lo que significa gestionar destinos de clase mundial.
Y CONAF, un organismo que hace décadas opera bajo una lógica arcaica, que ve al turismo como un intruso, como un mal necesario, como algo que “molesta” la conservación. Una institución que administra áreas protegidas del siglo XXI con herramientas y mentalidades del siglo pasado.
El estado castiga a CONAF con menos presupuesto al año siguiente si genera más ingresos propios locales, tiene pocos guarda parques comparado con las áreas que administra y la mayoría de sus guardaparques cumpliendo funciones administrativas, mantiene congelado una actualización de plan de manejo por décadas, no ha creado nuevos senderos relevantes en 40 años, bloquea o dilata proyectos de seguridad, infraestructura y rescate, opera bajo una visión ideologizada donde el humano es un enemigo, ha permitido que Magallanes tenga más del 90% de sus hectáreas protegidas cerradas por falta de planes de manejo, y lo más grave: carece de incentivos y capacidades para modernizarse.
Y ahora, para peor, se instala la idea de que el nuevo Servicio de Biodiversidad (SBAP) resolverá todo
mágicamente. No lo hará. Con grandes riesgos de un tener una mirada incluso más rígida.. más estatal y dura, porque son “medio ambiente”, y se creen con una superioridad moral a todos. Al menos es lo que hemos percibido en muchas ocasiones desde la creación del servicio.
No Cambiará nada si mantiene la misma burocracia, la misma ceguera, los mismos candados administrativos, la misma desconfianza eterna hacia el sector privado y la misma incapacidad de gestionar territorios reales.Un logo nuevo no arregla un sistema roto.
Un ministerio nuevo no elimina la burocracia.
Y un servicio nuevo no salvará vidas si no cambia la mentalidad.

Aquí no cabe buscar chivos expiatorios. Y menos aún donde no corresponde.
Aquí no se trata de buscar culpables fáciles ni de apuntar donde no corresponde.
Cada vez que ocurre una tragedia, la reacción suele ser la misma: exigir una cabeza para ofrecer un sacrificio
simbólico a la opinión pública.
Pero sería un error profundo, injusto y contraproducente responsabilizar a los equipos que trabajan en
terreno, quienes han mostrado disposición real para mejorar la gestión y han intentado avanzar dentro de un
sistema rígido y lleno de limitaciones estructurales.
Cargar la culpa sobre ellos solo serviría para proteger al verdadero responsable: un Estado central con una
institucionalidad antigua, lenta y poco adaptada a las necesidades actuales de la gestión de áreas protegidas.
También es fundamental reafirmar que los concesionarios no son la autoridad encargada de decidir quién
ingresa, quién continúa o quién debe detenerse en un circuito. Esa responsabilidad recae exclusivamente en
el Estado y sus organismos competentes. Pretender instalar otra idea es un intento de eludir la
responsabilidad pública trasladándola a quienes solo prestan servicios turísticos y colaboran de buena fe.
Los concesionarios pueden apoyar, informar, coordinar y asistir, pero no pueden —ni legal ni
operativamente— sustituir las funciones de control y resguardo que pertenecen al Estado.

El país debe saberlo: hemos propuesto soluciones durante años, todas
rechazadas.
La Asociación, los operadores, los guías, los concesionarios, todos hemos propuesto por años soluciones
concretas y modernas:

• un helicóptero de rescate financiado con cargo mínimo en la entrada;
• un sistema de socorro andino coordinado entre guías y privados;
• protocolos de emergencia;
• digitalización del monitoreo de flujos;
• nuevos circuitos para descongestionar;
• infraestructura crítica;
• planes de manejo vivos;
• integración tecnológica;
• patrullaje conjunto con guías profesionales dispuestos a colaborar gratuitamente.
• Wifi gratuita en todas las porterías.
  ¿Y la respuesta del Estado? Silencio. Desconfianza ideológica.
  Burocracia eterna. Puertas cerradas.

Mientras tanto, el turismo —ese mismo que para ellos es un problema— ha sido el que ha sostenido la
experiencia del parque, ha puesto a Torres del Paine en el mapa mundial y ha financiado más del 50% de su
operación.
El turismo no destruye parques. El turismo los hace posibles.
Chile insiste en la idea equivocada de que la conservación se hace “cerrando” territorios.
Pero la verdadera conservación ocurre cuando las comunidades locales, el turismo sostenible, las empresas y
los visitantes se convierten en aliados del territorio.
Torres del Paine es conocido en el mundo no porque el Estado lo administrara bien, sino porque el turismo —
hoteles, guías, operadores, empresas familiares, emprendimientos locales— lo elevó al estándar global.
Ignorar esa realidad es un acto de arrogancia institucional.
Una tragedia no se resuelve con miedo ni con titulares. Se resuelve cambiando
el sistema completo.
Lo que ocurrió en Torres del Paine debe ser el punto de inflexión.
Debe obligarnos a un debate serio, profundo y valiente.
Debemos decidir si queremos seguir administrando áreas protegidas del siglo XXI con estructuras del siglo
XX… o si estamos dispuestos a modernizar, profesionalizar y financiar de verdad nuestros parques nacionales.
Si seguimos así, volverá a ocurrir. Si cambiamos ahora, podemos transformar este golpe en el inicio de una
nueva era.

La Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine estará, como siempre, presente, vigilante y propositiva.
Pero no callaremos ante un sistema que ya no da para más.
Por respeto a quienes perdieron la vida.
Por respeto a la comunidad. Por respeto al destino. Por respeto a Chile.»