Cómo acusar a un exministro sin acusarlo de nada | Juan Marco Henríquez | Opinión

El martes pasado, el pleno de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el libelo de la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda Nicolás Grau. Le corresponde ahora al pleno del Senado, el próximo martes 30, actuar como jurado y aprobar o rechazar el libelo. Para aprobar cada capítulo se requiere la mayoría de las y los senadores en ejercicio, es decir, 26 votos. Debido a la gravedad de la Acusación y sus repercusiones, cabe esperar que el Senado actúe con sensatez y objetividad al evaluar y ponderar las causales de la acusación y que, en consecuencia, la rechace con amplio margen. Me permito explicar mi predicción.

La acusación constitucional es el instrumento más poderoso con que cuenta el Congreso para fiscalizar a las autoridades del Ejecutivo. Permite destituir e inhabilitar por cinco años a ministros de Estado. No constituye un juicio penal, pero sus consecuencias políticas y personales no son menores. Dada su gravedad, se entiende como una herramienta de último recurso, reservada para infracciones constitucionales de la mayor entidad. En la práctica, sin embargo, en los últimos dos gobiernos se ha convertido en un arma de desgaste político de uso tan frecuente que ha perdido toda solemnidad. Lo paradójico es que ese diagnóstico no proviene solo de quienes se oponen al libelo, ya voces relevantes de la propia derecha han reconocido que el instrumento dejó de cumplir su función constitucional desde hace ya varios gobiernos. La responsabilidad de impartir justicia recae en el Senado.

El caso Grau nace de una denuncia del actual ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien al asumir el cargo detectó diferencias entre las proyecciones fiscales que dejó su antecesor y las cifras que el nuevo gobierno calculó. La brecha más llamativa es de US$10.500 millones en la proyección de deuda pública para el periodo 2026-2030, junto con un déficit fiscal que el gobierno de Boric proyectaba en 1,8% del PIB, mientras que el gobierno de Kast lo corrigió a 2,9%. El libelo consta de 40 páginas y cuatro capítulos que describen, en el fondo, diferencias de criterio técnico entre dos equipos de economistas. Puede que haya errores, pero ello no implica que se vulnere la ley o la constitución.

Que el libelo carezca de sustento no es una opinión sólo de la defensa. Más de 52 economistas de distintas casas de estudio han señalado que la acusación no tiene fundamentos y que las diferencias en proyecciones fiscales entre administraciones son habituales en todos los países. El propio Consejo Fiscal Autónomo, en su informe semestral, concluyó que no detectó una inconsistencia aritmética en las proyecciones de deuda publicadas, desestimando así uno de los argumentos centrales que dio origen al libelo. Además, cuatro exministros de Hacienda de gobiernos de distinto signo político advirtieron que este precedente debilitaría para siempre la independencia técnica del Ministerio de Hacienda, pues cualquier ministro futuro que deje proyecciones que la administración siguiente corrija podría enfrentar un libelo similar.

Si los fundamentos son tan débiles, sin argumentar dolo, una pregunta resulta inevitable ¿para qué sirve esta acusación? El análisis más evidente apunta a que el objetivo real no es Grau, sino juzgar el gobierno anterior. El libelo busca instalar la narrativa de que el gobierno de Boric falsificó las cuentas del país, sin necesidad de probarlo ante ningún tribunal, aprovechando que el juicio político se desarrolla en el Congreso y no en sede judicial. Es un juicio al gobierno de Boric disfrazado de acusación constitucional, en el que los fundamentos legales y económicos cumplen un rol decorativo, y no estructural.

El argumento jurídico central es que hubo una infracción objetiva al deber constitucional. En derecho, la responsabilidad objetiva implica que no es necesario probar intención ni negligencia. Los acusadores optaron por este camino para no tener que demostrar que Grau mintió a propósito, algo prácticamente imposible de acreditar, entre otras razones porque los informes fiscales los elaboran funcionarios de carrera que continuaron trabajando bajo la administración de Kast. El problema es que, si la acusación constitucional pudiera prosperar sin probar dolo ni negligencia grave, cualquier diferencia metodológica entre administraciones bastaría para acusar a un exministro. Eso es, literalmente, cómo acusar a un exministro sin acusarlo de nada.

Desde la propia oposición se ha advertido que el mismo razonamiento que hoy se usa contra Grau podría aplicarse mañana contra el ministro Quiroz. Esa es la trampa que abre toda escalada de este tipo: cuando se normaliza el uso político del instrumento, nadie queda a salvo de él. El debate sobre transparencia fiscal es legítimo y necesario, pero existen mecanismos para eso: la Contraloría, el Consejo Fiscal Autónomo, las comisiones parlamentarias. Usar la acusación constitucional a sabiendas de que los fundamentos no alcanzan el estándar exigido no es control democrático. Es más bien un simulacro y los simulacros, cuando se repiten, terminan dañando las instituciones que supuestamente quieren proteger. Dependerá de las y los senadores de Chile Vamos actuar como demócratas o seguir chantajeados bajo el rótulo de “derechita cobarde”.