El secreto bancario | Juan Marco Henríquez | Opinión

La semana pasada un ejecutivo del Banco Santander fue formalizado por lavar dinero para una organización de narcotráfico. Tenía acceso privilegiado al sistema financiero y lo usó para mover plata sucia. El caso es emblemático porque operó durante años sin que nadie pudiera rastrear sus movimientos con la rapidez que la situación exigía. La ruta del dinero estaba ahí, registrada en cuentas y transferencias, pero protegida por una muralla legal que le daba más ventaja a él que al Estado. Esa muralla se llama Secreto Bancario.

El secreto bancario existe en Chile desde hace décadas. Su propósito original era razonable: proteger la privacidad de las personas frente a miradas indiscretas del Estado o de terceros. La ley establece que los bancos no pueden revelar información sobre las cuentas o transacciones de sus clientes. Es un derecho con respaldo constitucional en el artículo 19 número 4, que garantiza la protección de la vida privada.

Pero los tiempos cambiaron. El crimen organizado creció, se sofisticó y aprendió a usar el sistema financiero como su aliado. Hoy, levantar ese secreto requiere que un fiscal abra una investigación penal, justifique ante un juez por qué necesita la información bancaria, y espere que ese juez la autorice. Solo entonces los bancos deben entregar los datos. El proceso exige que ya exista un delito en curso y una causa judicial formalizada. Es un proceso reactivo: primero ocurre el crimen, después se investiga, y recién ahí se puede seguir la plata.

El proyecto de ley que debate el Congreso propone algo distinto. Busca que la Unidad de Análisis Financiero (UAF), pueda intervenir sin autorización judicial previa si los bancos reportan operaciones sospechosas (ROS). La lógica es preventiva: si un banco detecta una operación sospechosa y la reporta a la UAF, esa entidad podría investigar la ruta del dinero antes de que desaparezca, antes de que se blanquee, antes de que el rastro se borre. No se trata de espiar cuentas al azar, sino de actuar sobre reportes ya existentes vinculados a personas con señales concretas de actividad ilícita.

La diferencia entre ambos sistemas es profunda. En el modelo actual, el fiscal debe demostrarle al juez por qué necesita los datos. En el modelo propuesto, es la persona investigada quien debe oponerse y argumentar por qué no deberían levantarse. Cambia la carga de la prueba y cambia quién tiene la iniciativa. En el sistema vigente, el juez actúa como contrapeso independiente antes de que se acceda a la información. En el nuevo esquema, ese rol lo asumiría la UAF, con controles posteriores como el deber de reserva y un informe anual público.

La derecha se ha resistido con fuerza a levantar el secreto bancario. Su argumento central es que entregar esa facultad a un organismo administrativo sin revisión judicial previa abre la puerta al abuso político. Diputados de derecha han señalado que para ellos es fundamental la custodia de la información privada garantizada en la Constitución y sus expertos asesores advierten que sin una autoridad judicial independiente que evalúe la proporcionalidad de cada caso, el sistema queda expuesto a usos arbitrarios. Sin embargo, cuando se ceden condiciones y requisitos también se niegan. Recordar que el proyecto no levanta el secreto bancario de la ciudadanía en general de forma masiva y solo se aplica a funcionarios públicos de alto rango, y a personas con operaciones financieras sospechosas (relacionadas con lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas).

Con seguridad sus reparos merecen una discusión y soluciones, pero no justifican el inmovilismo. El argumento del riesgo de abuso político podría aplicarse a casi cualquier facultad investigativa del Estado. La pregunta no es si ese riesgo existe, sino si el diseño institucional lo limita razonablemente. Con el deber de reserva estricto, la restricción del acceso solo a funcionarios involucrados y la rendición de cuentas pública, la respuesta pareciera ser que sí.

El director de la UAF, Carlos Pavez, ha dicho que el secreto bancario tan rígido como el de Chile es una ventana de oportunidades para las organizaciones criminales. Las bandas de narcotráfico no esperan que un juez autorice su desmantelamiento. Mueven el dinero rápido, lo fragmentan, lo disfrazan. Cuando el sistema legal termina de engranarse, el rastro ya no existe.

El proyecto ha tenido un trámite tortuoso y estos días tendrá definiciones. El Senado lo rechazó en marzo de 2025 por 17 votos contra 14. La Cámara lo aprobó en marzo de 2026 con el levantamiento excepcional sin orden judicial. Volvió al Senado para su revisión y el miércoles pasado se produjo un doble empate, que debe definirse este martes 9 de junio. 

El presidente Boric resumió la realidad del momento: “no se puede pedir más eficacia ante el crimen organizado en la mañana y votar contra levantar el secreto bancario en la tarde”. Si el Estado no puede seguir la ruta del dinero, los que ganan son los cabecillas de las bandas y el crimen organizado. Lamentablemente, por votación de la derecha en el parlamento, eso puede seguir siendo así.