Estado de excepción constitucional de seguridad pública
PARA LOS/AS TRABAJADORES/AS QUE ESTÁN SINDICALIZADOS.
Creen ustedes que una huelga legal, una movilización de trabajadores, una manifestación social o una asamblea sindical deberían correr riesgo de quedar sujeta a interpretaciones que las transformen en un problema de “seguridad pública”?
Lo que está proponiendo el actual Gobierno en materia de estados de excepción merece una preocupación democrática seria, y desde el mundo sindical no podemos mirarlo como un asunto lejano o vincularlo exclusivamente a la delincuencia.
Cuando un Gobierno busca ampliar sus facultades para restringir derechos fundamentales y pretende mantener un régimen excepcional durante meses sin el contrapeso oportuno del Congreso, ya no estamos hablando solamente sobre seguridad pública. La pregunta que se instala es ¿cuánto poder estamos dispuestos a concentrar en el Ejecutivo y cuántas libertades estamos dispuestos a entregar a cambio de una promesa de orden?.
Chile ya conoce ese relato, sería irresponsable ignorar las semejanzas que aparecen cuando nuevamente se pretende normalizar que, en nombre de una amenaza, el poder político pueda reducir los espacios de libertad y participación ciudadana.
Durante la dictadura también se justificaron restricciones de derechos, reuniones, asociaciones, desplazamientos y libertades públicas bajo conceptos como orden, seguridad, tranquilidad pública y combate contra quienes supuestamente amenazaban al país.
Considero que existe una contradicción evidente cuando se utiliza como bandera politica en campaña la palabra «libertad» y cuestionando regímenes autocráticos y dictatoriales de otros países como una forma de «infundar temor» si hoy se desea entregar al Presidente atribuciones extraordinarias que debilitan los controles democráticos sobre su propio poder.
Ser un país democrático o que ejerce su derecho a democracia no significa solamente que puede ejercer su derecho a voto. También esa democracia se mide por los límites que tiene quien gobierna, por la independencia de las instituciones y, fundamentalmente, por la capacidad de las personas para organizarse, reunirse, manifestarse y cuestionar al poder sin temor.
Desde el movimiento sindical creo que esta discusión debería observarse con especial atención. Los sindicatos existen porque los trabajadores pueden organizarse, reunirse, comunicarse, realizar asambleas, movilizarse y ejercer colectivamente sus derechos. Cualquier herramienta institucional que permita restringir esas libertades durante períodos prolongados constituye un riesgo que las organizaciones sindicales tienen la obligación de advertir.
Porque hoy pueden decirnos que estas facultades están pensadas para combatir el narcotráfico o el crimen organizado. Pero las leyes no se evalúan solamente por las intenciones declaradas de quienes las presentan. Se evalúan por las facultades que entregan y por el uso que podrían hacer de ellas los gobiernos presentes y futuros y esa frontera debe estar absolutamente protegida.
Como país ya pagamos un costo demasiado alto por la pérdida de las libertades como para tratar estas materias con liviandad o tener que retroceder. A estas alturas deberíamos tener como país estándares democráticos suficientemente altos para impedir que la excepción termine convirtiéndose en una forma ordinaria de gobernar.
La seguridad pública puede y debe fortalecerse, pero nunca debilitando los controles democráticos ni normalizando restricciones prolongadas sobre derechos fundamentales. Fortalecer la seguridad no significa limitar la democracia.
Creo que ningún Gobierno debería tener tanto poder que después pueda utilizarse para LIMITAR LA ORGANIZACIÓN SOCIAL, LA PROTESTA LEGÍTIMA o LA ACCIÓN COLECTIVA DE LOS TRABAJADORES.
La historia chilena debiera habernos enseñado algo elemental y es que los derechos democráticos son mucho más fáciles de entregar que de recuperar.
GRACIELA VASQUEZ CRUCES
Presidente Sindicato Trabajadores ENAP Magallanes
