Colegio de Profesoras y Profesores de Magallanes exige intervención urgente de la Superintendencia de Educación ante crisis en el SLEP.
- El gremio docente denuncia que el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Magallanes enfrenta una profunda crisis presupuestaria que está derivando en graves vulneraciones normativas.
- Acusan el desvío de profesionales del Programa de Integración Escolar (PIE) y de equipos directivos para cubrir la falta de reemplazos docentes en el aula.
PUNTA ARENAS, 14 de septiembre de 2026 – El Directorio Regional del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, mediante una declaración pública, hizo un llamado urgente a la Superintendencia de Educación para que actúe de oficio e intervenga de manera inmediata ante lo que califican como una «precarización del servicio educativo» y una «crisis presupuestaria institucional» dentro del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Magallanes.
La acción gremial surge tras una reunión sostenida el pasado 9 de septiembre entre los Directores y Directoras de la región y la Dirección Ejecutiva del SLEP. En dicha instancia, según explican, se constataron medidas de contingencia que vulneran la normativa educacional vigente producto de la falta de recursos fiscales.
Uso indebido de recursos PIE y menoscabo técnico
La directiva regional del magisterio fundamentó su requerimiento detallando dos graves irregularidades que afectan directamente a las comunidades escolares:
- Desprotección a estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE): Ante la falta de presupuesto para contratar reemplazos docentes, el SLEP ha dispuesto que educadores diferenciales y profesionales del Programa de Integración Escolar (PIE) suplan ausencias en asignaturas comunes. El gremio advierte que esto viola el destino legal exclusivo de la Subvención PIE (Decreto Supremo N° 170) y deja en el abandono los Planes de Apoyo Individual (PAI) de los alumnos más vulnerables.
- Parálisis de la gestión directiva: Miembros de los equipos directivos y técnicos están siendo obligados a asumir de forma reiterada labores de aula para contener la crisis de cobertura, lo que transgrede el Estatuto Docente y paraliza la conducción pedagógica de los establecimientos.
Exigencia de fiscalización inmediata
El Magisterio recordó que, bajo el artículo 51 de la Ley N° 20.529, la Superintendencia tiene la obligación legal de actuar de oficio ante hechos de esta gravedad sin necesidad de esperar denuncias individuales o el colapso definitivo del sistema escolar.
La declaración —firmada por la Presidenta Regional, Alicia Aguilante Vargas, y el Secretario Regional, Manuel Bahamondez Venegas— concluye con una exigencia clara: instruir un proceso de fiscalización que garantice que los fondos públicos con fines específicos no sean desviados para cubrir el déficit operacional del servicio. «La Educación Pública no puede sostenerse sobre la base de la precarización laboral ni de la vulneración de los derechos de nuestros estudiantes», sentenciaron desde el directorio.
