Concejales de Punta Arenas Dalivor Eterovic y Jonathan Cárcamo exigen un plan social digno y reevaluar plazos ante inminente desalojo en Villa Las Etnias.
PUNTA ARENAS, Chile – Los concejales Dalivor Eterovic y Jonathan Cárcamo emitieron una declaración pública para manifestar su profunda preocupación por la forma en que la Delegación Presidencial, la Seremi de Vivienda y Urbanismo, y el ministro Iván Poduje están liderando el proceso de desalojo del asentamiento Villa Las Etnias.En el sector residen aproximadamente 90 familias en condiciones de alta precariedad.
Según el cronograma informado por el Serviu, el plazo para la desocupación voluntaria vence el 19 de octubre, mientras que el desalojo forzoso con el uso de la fuerza pública está programado para el 26 de octubre.Si bien los concejales reconocen las problemáticas que el asentamiento genera en su entorno, enfatizan que la acción del Estado no puede limitarse a la expulsión de los habitantes. Exigen una intervención planificada que garantice los derechos y la dignidad humana, con especial protección para niños, niñas, adolescentes y personas mayores.
Ante la falta de claridad, los Concejales Eterovic y Cárcamo solicitaron formalmente al Gobierno transparentar la siguiente información:
Censo actualizado: El número exacto de familias y personas afectadas, desglosado por rangos de edad vulnerables.Subsidios de arriendo: Cuántas familias recibirán este beneficio, bajo qué plazos y qué apoyo tendrán para encontrar un nuevo hogar.Planes de contingencia: Qué alternativas habitacionales se ofrecerán a las personas que no cumplan con los requisitos del subsidio para evitar que queden en situación de calle.
Finalmente, Eterovic y Cárcamo hicieron un llamado urgente a reevaluar los plazos establecidos, frenar el desalojo definitivo y constituir de inmediato una mesa de trabajo entre las familias y las instituciones competentes.
Los concejales insistieron en que se debe presentar un plan de apoyo social verificable antes de ejecutar cualquier medida de fuerza, recordando que la igualdad de trato y la protección de los recursos públicos deben priorizar siempre a los sectores más vulnerables.
