Denuncian sobrepoblación, sobrecarga laboral y deterioro de las condiciones de trabajo en residencias de protección infantil de Punta Arenas

Trabajadores advierten que menos de la mitad de la dotación se encontraría actualmente en funciones debido al alto número de licencias médicas. También denuncian falta de insumos, extensas jornadas y casos de agotamiento laboral entre los equipos de trato directo.

Un complejo escenario operacional y laboral es denunciado por trabajadores de dos residencias de protección de niños, niñas y adolescentes en Punta Arenas, dependientes del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia.

De acuerdo con los antecedentes entregados por la agrupación de trabajadores ANFUSEPNA, las dificultades estarían relacionadas con la sobrecarga de los equipos, aumento de la complejidad de los casos atendidos, déficit de personal, problemas de infraestructura y un deterioro de las condiciones de salud ocupacional.

El presidente de la organización, Nelson Barraza, sostiene que los funcionarios estarían cumpliendo jornadas de 12 horas o más, bajo un sistema de tres días consecutivos de trabajo por dos de descanso, llegando en algunos casos a acumular hasta 60 horas semanales.

Según el dirigente, pese a los compromisos de implementar un sistema de cuarto turno que permitiera mejorar los períodos de descanso, esta modalidad aún no se habría concretado. A ello se suma, según la denuncia, la permanencia de funcionarios en turnos nocturnos durante períodos prolongados.

Menos del 50% de la dotación estaría trabajando

Uno de los principales puntos de preocupación corresponde al déficit de funcionarios. La organización señala que menos de la mitad de la dotación se encontraría actualmente en funciones, debido al elevado número de licencias médicas.

Los trabajadores también denuncian ausencia o insuficiencia de tutores, monitores, psicólogos y personal especializado, situación que dificultaría la atención de adolescentes que presentan trayectorias complejas de vulneración de derechos y, en algunos casos, consumo problemático de sustancias.

A juicio de ANFUSEPNA, este escenario también ha generado situaciones de tensión y amedrentamiento hacia los funcionarios, aumentando la presión sobre quienes permanecen trabajando.

Otro aspecto señalado corresponde a la realización de determinadas labores de carácter sanitario. Según la organización, ante la falta de personal médico especializado, algunos trabajadores sin formación clínica se habrían visto enfrentados a tareas como administración de medicamentos o curaciones, exponiéndose a eventuales responsabilidades administrativas.

Denuncian casos de burnout

Los representantes de los trabajadores aseguran además que los comités paritarios han registrado diagnósticos asociados a enfermedades profesionales vinculadas al agotamiento extremo y al denominado síndrome de burnout.

La situación se vería agravada, según la denuncia, por el envío de funcionarios de reemplazo sin una inducción previa suficiente para desempeñarse en residencias que atienden a niños, niñas y adolescentes con necesidades de protección especializada.

Falta de escritorios, impresoras e internet

Las dificultades no se limitarían al trabajo de atención directa. Los trabajadores también denuncian problemas para desarrollar las labores administrativas y técnicas.

Según los antecedentes proporcionados, durante meses integrantes de los equipos técnicos habrían trabajado sin escritorios adecuados, impresoras ni conexión a internet, llegando a utilizar sus propios teléfonos celulares para mantener registros y comunicaciones al día.

La organización sostiene que estas carencias fueron informadas a la Dirección Regional, sin que —según afirman— se hayan implementado soluciones oportunas. Paralelamente, denuncian que algunos funcionarios habrían recibido sanciones por no entregar informes o documentación impresa dentro de los plazos establecidos, pese a la falta de los recursos necesarios para cumplir esas tareas.

Trabajadores piden fortalecer el sistema de protección

Desde ANFUSEPNA advierten que el aumento de la complejidad de los casos requiere equipos suficientemente dotados y preparados, especialmente en regiones como Magallanes, donde la distancia respecto de la administración central puede dificultar la gestión de los procesos.

Nelson Barraza plantea que mientras el ingreso de un adolescente a una residencia puede concretarse con rapidez, los procesos destinados a lograr su egreso —ya sea mediante el retorno a su familia, una familia de acogida o eventualmente la adopción— pueden extenderse debido a procedimientos que califican como burocráticos.

Desde la organización recalcan que la especialización que busca el actual sistema de protección de la niñez requiere también garantizar condiciones adecuadas para quienes trabajan directamente con los menores.

En ese sentido, sostienen que el principio de “cuidar a quienes cuidan” debe traducirse en medidas concretas destinadas a proteger la salud mental de los funcionarios, fortalecer la seguridad laboral, garantizar la dotación necesaria y asegurar condiciones mínimas para desarrollar las labores de protección y restitución de derechos.