El Estrecho de Magallanes no se defiende con discursos | Pablo Javier Cánovas Silva | Opinión

La reciente controversia en torno al Estrecho de Magallanes se volvió a poner sobre la mesa una pregunta que Chile suele postergar hasta que la coyuntura lo obliga: ¿qué significa ejercer soberanía en el extremo sur?

La respuesta jurídica es clara. La situación del Estrecho fue establecida por el Tratado de Límites de 1881 y posteriormente reafirmada por el Tratado de Paz y Amistad de 1984. No se trata, por tanto, de un espacio cuya situación jurídica pueda redefinirse periódicamente ni de una materia disponible para interpretaciones unilaterales. El tratado de 1881 estableció la neutralización perpetua del Estrecho y aseguró su libre navegación para las banderas de todas las naciones. El acuerdo de 1984, por su parte, delimitó expresamente su término oriental y reafirmó la vigencia de aquellas disposiciones.

Pero el problema no se agota en los tratados.
Los tratados son indispensables, pero no reemplazan la capacidad de un Estado para proyectarse, estar presente y resguardar, en los hechos, aquello sobre lo cual ejerce soberanía. La soberanía jurídica se reconoce en los instrumentos internacionales; la soberanía efectiva se expresa en puertos, rutas, conectividad, población, instituciones, logística, ciencia, actividad económica y defensa.
La polémica reciente surgió luego de declaraciones y documentos argentinos que Chile consideró incompatibles con la situación jurídica del Estrecho. Santiago reaccionó, presentó sus objeciones y cuestionó referencias que lo presentaban como un “espacio compartido”. Posteriormente, la Cancillería argentina reafirmó la vigencia de los acuerdos bilaterales que reconocen el marco jurídico vigente.

Conviene evitar dos errores opuestos.
El primero es el alarmismo: no toda declaración desafortunada anuncia una crisis inminente ni obliga a imaginar un conflicto militar. El segundo, probablemente más frecuente en Chile, es la ingenuidad: creer que las controversias desaparecen simplemente porque un gobierno emite una declaración tranquilizadora. Los gobiernos cambian, las declaraciones se olvidan y la agenda pública se desplaza. Los decretos, las directivas de defensa, las prácticas administrativas y las visiones estratégicas de largo plazo, en cambio, pueden permanecer durante años.

En esa misma línea, El Mercurio publicó recientemente una columna titulada “Relación con Argentina, un continuo que no acaba”, firmada por seis almirantes en retiro y excomandantes en jefe de la Armada. El texto recuerda que la relación bilateral ha estado marcada por controversias históricas y advierte sobre la importancia estratégica de la Patagonia, el Estrecho de Magallanes y sus proyecciones hacia la Antártica.

Los autores llaman especialmente la atención sobre la permanencia del Decreto argentino 457 de 2021, que contiene referencias a la “exploración, estudio y control conjunto del Estrecho de Magallanes y el Mar de Hoces”, además de otras disposiciones que, a su juicio, entrarían en tensión con compromisos internacionales asumidos por Argentina.

Ese antecedente no obliga a mirar a Argentina como un adversario permanente, ni menos a sustituir la política exterior por sospechas. Sí obliga a recordar que una relación bilateral seria debe construirse con cooperación, pero también con memoria. La historia del Beagle es suficientemente elocuente. La prudencia, la mediación y el derecho evitaron una guerra, pero la cercanía del conflicto demostró que las disputas territoriales no se administran bien desde la improvisación ni desde el olvido.

Magallanes, además, no puede ser entendido como un rincón remoto que se activa en la agenda nacional solo cuando aparece una declaración polémica.

El Estrecho de Magallanes constituye una vía interoceánica estratégica y una plataforma fundamental para la proyección de Chile hacia el Atlántico, el Pacífico y la Antártica. Su importancia abarca la geopolítica marítima, la seguridad, el comercio, la conectividad y la investigación científica. La creciente atención sobre las rutas australes, en un contexto de vulnerabilidad de algunas vías interoceánicas tradicionales, vuelve a poner de relieve una importancia que nunca ha dejado de existir.

Por eso, la discusión relevante no debiera reducirse a si una autoridad argentina utilizó una expresión incorrecta o si una nota diplomática produjo una rectificación.

La cuestión de fondo es si Chile dispone de una política permanente para el sur austral.

Esa política debe comenzar por la economía. Un espacio estratégico sin infraestructura y sin actividad sostenida corre el riesgo de ser tratado como una periferia. Chile necesita fortalecer sus puertos australes, el cabotaje, los servicios marítimos, los astilleros, la logística de abastecimiento, la infraestructura energética y las telecomunicaciones. También debe impulsar la investigación científica, el turismo de alto valor, la conectividad digital y los servicios asociados a la proyección antártica.

No se trata de subsidiar indefinidamente una geografía difícil ni de convertir cada iniciativa en un gesto simbólico. Se trata de comprender que el desarrollo económico de Magallanes es también una inversión estratégica.
Allí donde hay actividad portuaria, servicios públicos robustos, empresas, trabajadores, científicos, comunidades e infraestructura crítica, hay presencia nacional concreta.
Y donde hay presencia nacional concreta, la soberanía adquiere densidad real.

Lo mismo vale para la defensa.
Presencia permanente no equivale a militarización vacía ni a retórica de confrontación. Significa contar con vigilancia marítima, capacidad logística, transporte, reacción ante emergencias, protección de infraestructura crítica y coordinación entre instituciones civiles y militares.
Armada, Fuerza Aérea, Carabineros, Aduanas, autoridades marítimas, servicios públicos y organismos científicos deben funcionar como parte de una arquitectura territorial integrada.
El sur austral exige, además, infraestructura de uso dual: instalaciones y capacidades que sirvan tanto al desarrollo civil como a la respuesta ante catástrofes, rescates, vigilancia marítima, conectividad de localidades aisladas y apoyo a la actividad antártica.

Esta no es una lógica de guerra.
Es una lógica de Estado.

Chile debe cooperar con Argentina en todos aquellos ámbitos donde ello sea útil y necesario. La coordinación fronteriza, la seguridad marítima, la logística antártica y los mecanismos de confianza mutua pueden beneficiar a ambos países.
Pero la cooperación seria requiere reciprocidad, reglas claras y respeto efectivo por los tratados.

La confianza no sustituye la capacidad propia. Por el contrario, es más sólida cuando cada Estado conoce, resguarda y ejerce sus derechos con claridad.

La controversia actual probablemente pasará. Habrá nuevas prioridades, nuevas declaraciones y nuevos ciclos políticos.

Pero la pregunta seguirá vigente:
¿Chile administra Magallanes como un espacio estratégico o como una frontera lejana que solo recuerda cuando alguien la menciona desde afuera?

El Estrecho de Magallanes no es una anécdota geográfica ni un residuo romántico de la historia naval. Es una pieza central de la proyección chilena hacia el Pacífico, la Antártica y el mundo.

Defenderlo no exige estridencia, pero sí continuidad.

No basta con invocar tratados ni con izar banderas en los momentos de tensión. Hace falta economía, infraestructura, ciencia, logística, población y defensa.

La soberanía no se declama: se ejerce.