Estudiantes de la Universidad de Magallanes declaran paro indefinido en demanda de reinvindicaciones económicas y sociales.
La asamblea de la Federación de Estudiantes de la UMAG se reunió en el recinto del Gimnasio de la casa de estudios en Punta Arenas, este viernes 30 de octubre y por 552 votos a favor y 353 votos en contra, resolvió el paro indefinido, a partir de un petitorio presentado por la CONFECH.
Los estudiantes universitarios de Magallanes, convocados en torno a un petitorio de alcance nacional, manifestaron su categórico rechazo al Proyecto de Ley de Presupuestos 2027 debido a una profunda política de ajustes fiscales que, según denuncian, precariza los derechos sociales y la calidad de vida de las familias trabajadoras. Bajo la premisa de que la educación, la salud y el cuidado del territorio son responsabilidades irrenunciables del Estado, el estamento estudiantil exige la reformulación de las partidas presupuestarias ante el Gobierno y el Congreso Nacional.
La movilización trasciende la defensa de los recursos destinados exclusivamente a la educación superior pública. El estudiantado se reconoce parte de un sistema cuyas carencias acumuladas golpean con especial fuerza a la clase obrera, los pueblos originarios, las diversidades sexuales y las distintas regiones del país. Los manifestantes cuestionan que el ajuste fiscal recaiga sobre sectores estratégicos para el desarrollo humano mientras se priorizan áreas como el gasto militar.
Demandas Eje de la Movilización Nacional
- Educación Pública y Derechos Estudiantiles
Los estudiantes exigen revertir de inmediato el recorte de 182.482 millones de pesos ejecutado en el sector educativo, el cual pone en riesgo la continuidad de becas, infraestructura y programas escolares emblemáticos. Entre los puntos medulares se encuentran:
- Financiamiento estatal directo: Implementación de la gratuidad universal en la educación superior sin cobros de matrícula ni aranceles, eliminando las lógicas mercantiles.
- Condonación del CAE: Fin definitivo al Crédito con Aval del Estado y establecimiento de mecanismos justos para liberar de deudas a las familias.
- Protección a programas clave: Continuidad del PACE en liceos técnico-profesionales y resguardo del Programa de Talento Académico (como PentaUC, PROENTA UFRO y Delta UCN, entre otros), amenazado por el rediseño fiscal.
- Becas e integración: Reajuste al monto de la Beca de Alimentación JUNAEB según la canasta básica y rechazo rotundo a la fusión de las becas Aysén, Patagonia Aysén y Magallanes en la propuesta «Beca Patagonia».
- Crisis en Salud Pública y Red de Salud Mental
El pliego denuncia con especial alarma el recorte superior a los 413.000 millones de pesos aplicado por el Ministerio de Hacienda en el sector salud. Los estudiantes recuerdan que históricamente el presupuesto de salud mental bordea el 2% del gasto sectorial, una cifra drásticamente alejada del 5% mínimo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Exigen la asignación protegida de recursos para programas de prevención del suicidio, acompañamiento psicosocial, el Plan Nacional de Demencia, y la habilitación de nuevos Centros Comunitarios de Salud Mental (COSAM). - Freno al Recorte en Ciencia y Postgrado
El presupuesto 2027 contempla caídas netas del 7,38% en el Ministerio de Ciencia y del 7,24% en la ANID, lo que impacta gravemente la investigación. El movimiento exige la restitución total de los fondos de Fondequip (recortado un 81,18%), del Programa de Inserción de Investigadores (con una baja del 47,8%) y las asignaciones para cursos de idiomas en Becas Chile. Asimismo, rechazan la imposición de criterios de prioridad estratégica en los concursos Fondecyt, los cuales desplazan arbitrariamente disciplinas de ciencias sociales, artes y humanidades en favor de la robótica y la inteligencia artificial. - Medio Ambiente, Territorio y Bienestar Animal
Los estudiantes exigen paralizar los proyectos aprobados bajo la Ley de Permisos Sectoriales (N° 21.770) que presenten deficiencias de evaluación ambiental, citando los polémicos casos de las tierras raras en Penco, el humedal Paicaví en Concepción y las actividades de cloruro de potasio en el Salar de Atacama. Del mismo modo, demandan el retiro de la modificación parlamentaria a la Ley de Humedales Urbanos y exigen la tramitación transparente de los 43 decretos ambientales que siguen paralizados bajo la gestión de la subsecretaría del ramo. En materia de bienestar animal, rechazan tajantemente el recorte del 86% al Programa de Tenencia Responsable (PTRAC – Ley Cholito) y exigen avanzar hacia la erradicación del rodeo como actividad deportiva. - Derechos Humanos, Democracia y Justicia Fiscal
El pliego contempla el rechazo frontal a las agendas de seguridad punitivas, exigiendo la derogación de la Ley Naín-Retamal y la Ley Aula Segura, además del rechazo al proyecto de ley «Antiencapuchados» por criminalizar la protesta social. De igual manera, repudian las intenciones de recortar el presupuesto del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) a mil millones de pesos, lo que califican como un intento de cierre encubierto.
En el ámbito político y económico, el movimiento exige la reanudación del proceso constituyente, el levantamiento del secreto bancario para combatir la corrupción, y la aprobación de una Ley de Medios que garantice el pluralismo. En términos de justicia fiscal, proponen reasignar los 187.000 millones de pesos del aumento del gasto militar directamente a la educación y aplicar una reducción del 10% en las dietas de parlamentarios y ministros.
Exigencia de Renuncias Políticas
Debido a las decisiones presupuestarias que ponen en jaque el tejido social, la ciencia y los beneficios estudiantiles del país, el movimiento exige de manera formal la renuncia inmediata del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz Castro; de la ministra de Educación, María Paz Arzola González; y de la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao Pilquián.
Los estudiantes concluyen con un llamado abierto a las comunidades educativas y territoriales a mantenerse movilizadas para forzar una reformulación justa e inclusiva de los fondos públicos que garantice el bienestar general por sobre los intereses económicos extractivistas.
Actualmente, la Universidad de Magallanes se encuentra en la etapa final del año académico 2026, debiendo realizarse a mediados de noviembre el término de las clases y luego viene un período de pruebas sustitutivas y exámenes.
