Juzgados de Familia de Magallanes han ordenado la retención de más de 13 mil millones de pesos a deudores de pensión de alimentos.

Juzgados de Familia de Magallanes han ordenado la retención de más de 13 mil millones de pesos a deudores de pensión de alimentos.

A cuatro años de la entrada en vigencia de la Ley N° 21.484 sobre Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Deudas de Pensiones de Alimentos, el Poder Judicial dio a conocer los montos ejecutados y desglosados por jurisdicción, incluyendo los de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena. 

Las cifras de retención a deudores de pensiones de alimento que han ordenado los juzgados de Familia de Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir y Cabo de Hornos se dividen en cobros de procedimiento especial y extraordinario. 

En el procedimiento especial, que retiene los fondos que los deudores tienen en cuentas bancarias o instrumentos financieros, los tribunales de la jurisdicción han ordenado el pago por $1.059.265.189, en tanto en el procedimiento extraordinario, que es el pago con cargo a los fondos de capitalización individual de cotizaciones obligatorias en AFP, los juzgados magallánicos han ordenado pagos por $12.019.771.344.

De acuerdo con las estadísticas consolidadas, entre el 18 de noviembre de 2022 y el 17 de noviembre de 2026, los cuatro tribunales con competencia en materia de Familia de la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas han efectuado un total de 9.588 inscripciones en el registro de deudores, de las cuales 3.287 se encuentran vigentes y 6301 ya han sido canceladas. 

“El pago oportuno de las pensiones de alimentos es trascendental para que las personas puedan satisfacer sus necesidades espirituales y materiales desde su infancia, pues así tendremos una sociedad conformada por personas sanas y equilibradas.  Si bien la ley va en el camino correcto, no es suficiente, pues se deben adoptar todas las medidas necesarias para respetar los derechos fundamentales de todas las personas y en especial, de los niños, niñas y adolescentes”, afirmó la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich.

La máxima autoridad judicial recalcó que “estos resultados no habrían sido posibles sin el enorme esfuerzo que están realizando las personas que trabajan en los tribunales con competencia en materia de familia y en la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Como lo hemos dicho, no se dispusieron los recursos necesarios para hacer frente a la enorme tarea que implica obtener los resultados y, además, cumplir con las restantes tareas asignadas por las diferentes leyes dictadas en el último tiempo. Entonces,  merecen un especial reconocimiento, porque han debido hacerse cargo de estas nuevas exigencias con un gran costo humano, entendiendo que se trata de una tarea que va en beneficio especialmente de los niños, niñas y adolescentes más vulnerables”.