Magallanes: recuperar el espíritu original de la Zona Franca y corregir una distorsión | Alejandro Kusanovic, Senador por la región de Magallanes.

El régimen de Zona Franca en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena nació como una herramienta estratégica de integración geopolítica y desarrollo territorial. Su propósito fundamental ha sido compensar el aislamiento geográfico de una región extrema, reducir el costo de vida de las familias magallánicas e impulsar la actividad industrial y comercial mediante incentivos tributarios y aduaneros clave, como las exenciones de IVA, de aranceles de importación y de Impuesto de Primera Categoría.
Sin embargo, el actual modelo de licitación para administrar la Zona Franca de Punta Arenas tiene una falla de diseño que contradice ese espíritu fundador. La concesión se adjudica a la empresa que ofrece el mayor canon al Estado: hoy, un 28% para el Gobierno Regional, un 6% adicional para un fondo de reinversión y un pago inicial de 211.000 UF. Según estimaciones, esta exigencia equivale a más de un 37% de los ingresos brutos de la administradora, que quedaría con ingresos netos de $10.530 millones, de los $16.835 que representan un 3,74% de las ventas totales.
Lo previsible es que la concesionaria traspase ese costo a los locatarios mediante arriendos elevados y cobros, a lo que se suman los gastos comunes mensuales con que se les recarga la mantención y operación del recinto.
Cada eslabón de la cadena de distribución incorpora ese mayor costo en sus márgenes, y el resultado final es un impuesto implícito que pagan, de su bolsillo, los habitantes de Magallanes en el precio de los bienes que consumen.
Se produce así una paradoja inaceptable: un instrumento diseñado por ley para que el Estado favorezca a la región termina imponiendo una carga tarifaria que encarece la vida en una zona extrema.
Para devolverle a la Zona Franca su rol de motor económico regional, es urgente reformar los criterios de licitación e implementar un nuevo modelo sobre dos pilares.

Primero, minimizar las tarifas.
El criterio principal de adjudicación en las futuras licitaciones no debe ser la maximización del pago al sector público, sino la minimización de las tarifas de administración y arriendo que pagan usuarios y comerciantes, con estándares de servicio exigibles al concesionario. Proponemos una meta de reducción de al menos la mitad de los cobros actuales, respaldada por un estudio de costos. Los gastos comunes deben ser transparentes, auditables y acotados, para que la mantención no se transforme en una doble carga para el locatario. Con ello, las franquicias tributarias llegarán efectivamente al consumidor final y a las pymes locales, restaurando la competitividad del comercio y la industria de Magallanes.

Segundo, crear un Fondo de Reinversión y Desarrollo con gobernanza público-privada.
En lugar de un canon desmedido que ahoga la operación comercial, se debe fijar un porcentaje mínimo destinado exclusivamente a este fondo. Sus recursos no deberían diluirse en el presupuesto general ni en la burocracia, sino reinvertirse en el propio recinto bajo la conducción de una comisión directiva regional. Con esa reinversión local se podría financiar infraestructura estratégica para nuestra zona: incubadoras y espacios de negocios para emprendedores y pymes regionales con tarifas preferenciales; un centro de ferias y eventos moderno, capaz de albergar la tradicional Expo Magallanes, convenciones internacionales y muestras comerciales; y logística operacional que potencie la integración de la Zona Franca con el desarrollo marítimo, portuario y antártico de la región.
Una reforma así exige una discusión responsable, pues el Gobierno Regional hoy destina estos ingresos a otros fines y debe evaluarse cómo compensarlos. Pero la pregunta de fondo es si la región prefiere financiar su desarrollo con un sobrecosto en lo que consumen sus familias o con una Zona Franca más competitiva, que genere más actividad, empleo e inversión local.
La Zona Franca no puede seguir funcionando como una caja recaudadora para el Gobierno Regional o el nivel central. Debe volver a ser lo que la ley y la historia concibieron: una palanca fundamental de equidad territorial, soberanía y fomento productivo para nuestra gente. Es momento de corregir esta distorsión, poner el foco en una rebaja real del costo de vida de las familias magallánicas y garantizar que lo generado en nuestra Zona Franca se reinvierta en el progreso, la infraestructura y el futuro de nuestra propia tierra austral.