Gustava Aguilar entregó el balance de gestión 2017 de la Defensoría Penal Pública en la Región de Magallanes y Antártica Chilena
Defensora regional: “Las actuales demandas por la igualdad de las mujeres, tan en boga hoy en día, deberían también atender lo que sucede en los recintos carcelarios donde, por lo general, y nuestra región no es la excepción, éstos están concebidos, diseñados y construidos para hombres”.
Con énfasis en un enfoque de género y los derechos de las mujeres recluidas en recintos penitenciarios, la Defensora regional Gustava Aguilar, entregó ayer, en el auditorio de la Contraloría regional el balance de la gestión institucional del año 2017 Actividad contó con la asistencia del Defensor Nacional Andrés Mahnke, Senador Carlos Bianchi, Contralor Regional, Gobernador Provincial y autoridades del sistema de justicia procesal penal en Magallanes.
“La Defensoría la conformamos hombres y mujeres que hemos asumido el desafío de ejercer la defensa pública, a pesar de que muchas veces cuesta que sea reconocida como un pilar fundamental del Estado de Derecho”, dijo en su alocución la jefa del servicio público que tiene la misión de proporcionar defensa penal de alta calidad, a todas las personas que carezcan de abogadopor cualquier circunstancia, a través de un sistema mixto público – privado, velando por la dignidad y los derechos humanos de sus representados y garantizando el acceso a la justicia a aquellos que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad.
En 15 años de existencia la Defensoría de Magallanes ha atendido a más de 44 mil personas, y de tres defensores con que contaba la institución el año 2002, hoy cuentan con 11 defensores penales que les permiten asegurar un 100% de cobertura en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena.
La Defensora mencionó que lo anterior ha sido posible por el fortalecimiento del subsistema mixto publico privado, ya que en Magallanes hay un total 7 defensores del ámbito privado ejerciendo funciones de defensa penal pública, vía licitación pública
Destacó que para hacer frente a las necesidades de defensa de grupos vulnerables tienen defensores especializados en migrantes y extranjeros, indígenas, jóvenes, mujeres y personas que cumplen condenas en prisión.
Cifras
La Defensoría atendió el año 2017 en Magallanes un total de 3 mil 486 personas, que demandaron -entre otras múltiples tareas- la participación de los defensores penales públicos en 9 mil 973 audiencias efectivas en el año, sumando así un total de 44 mil 660 personas representadas desde, el año 2002.
El año 2017 se produjo un incremento en el ingreso de causas de un 8,5% respecto del año anterior. En Punta Arenas hubo 2612 causas, en Puerto Natales 677, en Porvenir 185 y en Puerto Williams 12.
Los tres delitos de mayor recurrencia fueron las lesiones con un 20,2 por ciento, los delitos ley de Tránsito con un 18,6 por ciento y los delitos contra la libertad de las personas un 12,4 por ciento.
Respecto a las medidas cautelares decretadas estas fueron las siguientes: Prohibición de acercarse a la víctima 21 por ciento; Prohibición de acercarse a la víctima en contexto de violencia intrafamiliar 13 por ciento; arraigo regional 13 por ciento; presentarse ante un juez u otra autoridad 9 por ciento; detención por orden judicial 9 por ciento; prisión preventiva-internación provisoria 9 por ciento y otras medidas cautelares 26 por ciento.
Defensa de migrantes y extranjeros
El año 2017 se atendieron a 49 extranjeros, un 1.4% del total de personas atendidas. Al respecto la defensora regional dijo que “es necesario centrar la atención en las dificultades a las que se enfrentan los migrantes cuando son objeto de persecución penal, especialmente con la imposición de medidas cautelares restrictivas de libertad y, la más gravosa, la prisión preventiva, es frente a esta última donde se visualizan las principales problemáticas que dicen relación con soledad, desarraigo, imposibilidad de comunicarse regularmente con sus familiares en el extranjero, complejidad en entender el funcionamiento del proceso penal, entre otros”.
Defensa de indígenas
En el área de la defensa penal indígena la Defensoría cuenta con defensores especializados para hacer frente una causa de carácter indígena, el año pasado el 0.2% de las personas atendidas se reconocieron como pertenecientes a pueblos indígenas.
Defensa penal de adolescentes
En el área de la defensa penal adolescente, hubo 215 jóvenes imputados que recibieron atención de un defensor penal especializado, lo que equivale al 6 % del total de imputados atendidos durante el año 2017.
En Punta Arenas hubo 174 causas de adolescentes, en Puerto Natales 23, en Porvenir 18, mientras que en Puerto Williams no hubo causas con imputados adolescentes.
En el año 2017 los delitos con mayor incidencia en la población adolescente fueron los robos no violentos y los otros delitos contra la propiedad, ambos con un 16 por ciento y las lesiones que constituyeron un 13,5%
Defensa penitenciaria
El año 2017 se atendieron 168 requerimientos para un total de 99 personas, cabe señalar que el equipo de defensa penitenciaria visita regularmente los establecimientos penales de la Región, siendo monitoreados y apoyados estrechamente desde la Defensoría Regional.
Defensa penal con enfoque de género
La Defensora regional expresó que el reconocimiento del enfoque de género se encuentra en estrecha relación con el reconocimiento del principio de igualdad ante la ley. En Magallanes durante el año 2017 se prestó defensa a 675 mujeres de un total de 3.486 personas, lo que equivale a un 19,36 por ciento de los ingresos.
“La incidencia en la comisión de delitos por parte de mujeres ha sido históricamente menor a la de los hombres y esto ha ocasionado que éstas sean invisibilizadas por el sistema de justicia y por el sistema penitenciario”, manifestó la Defensora regional.
“En ese contexto de invisibilización las mujeres son una preocupación permanente en el trabajo cotidiano de los defensores penales públicos y en general de todo el equipo de la Defensoría Regional de Magallanes” expresó.
“Estimamos que, así como país nos desafiamos a superar las desigualdades que afectan a las mujeres en diversos planos –económicos, culturales y/ o sociales-, no podemos dejar de fijar nuestra mirada en lo que pasa con aquellas cuando son objeto de persecución penal, especialmente aquellas mujeres que pertenecen a grupos considerados más vulnerables, como son las mujeres indígenas, jefas de Hogar con hijos pequeños a su cargo, migrantes y extranjeras, o con capacidades diferentes”.
Señaló que la mayoría de las mujeres que infringen la ley penal, o que son condenadas a penas privativas de libertad, son madres, provienen en su gran mayoría de realidades de gran marginalidad y exclusión social, lo que las constituye como un grupo altamente vulnerable y, por lo general, “una mujer privada de libertad es una familia privada de libertad.
La defensora expresó que “las actuales demandas por la igualdad de las mujeres, tan en boga hoy en día, deberían también atender lo que sucede en los recintos carcelarios donde, por lo general, y nuestra región no es la excepción, éstos están concebidos, diseñados y construidos para hombres”.
Al respecto dijo que en la región sólo el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Punta Arenas cuenta con una sección femenina, cuya infraestructura y espacio son insuficientes para poder realizar una segregación efectiva entre imputadas y condenadas, como también para el desenvolvimiento diario de las mujeres allí recluidas.
En este sentido quiso mencionar tres iniciativas en favor de las mujeres recluidas en los distintos penales de la región de Magallanes, que fueron coordinadas por la Profesional de la Unidad de Apoyo a la Gestión de Defensa (UAGD) de la Defensoría Regional de Magallanes, asistente social, Paula García
La primera de ellas, que contó también con la participación de la Defensora Local de Puerto Natales, buscó diseñar un plan piloto de defensa penal de mujeres privadas de libertad, con énfasis en la atención integral de mujeres; la segunda medida fue la Mediación Penitenciaria como una forma de contribuir a mejorar el clima interno de la sección femenina del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Punta Arenas; y la tercera iniciativa se realizó en colaboración con la Asociación de Magistrados, la cual consistió en la preparación de una cápsula audiovisual sobre situación carcelaria de las mujeres privadas de libertad en el marco de los DD.HH,
“Como Defensoría buscamos poner el foco en el tema de género, con una mirada especial para el tratamiento de mujeres imputadas proponiendo alternativas distintas a la imposición de la prisión preventiva en algunos casos, como son el arresto domiciliario total cuando hay hijos pequeños”, enfatizó la defensora regional.
Presunción de inocencia
La defensora Aguilar, señaló que las personas imputadas debe ser tratadas como inocentes desde las primeras diligencias que se realizan a su respecto, respetarla es deber de todos y del sistema en general, las policías guiando su accionar con protocolos rígidos que garanticen los derechos humanos; el Ministerio Público, actuando con objetividad investigando tanto lo que favorece como lo que perjudica a una persona; a su vez el juez de garantía debe cautelar que se respeten las garantías y derechos fundamentales reconocidos por la constitución y los tratados internacionales ratificados por Chile
Agregó que la presunción de inocencia debe ser, también, respetada por las autoridades públicas, y, por los medios de comunicación. “Ya que son varios los casos en que las personas son injustamente tratadas como culpables antes de recibir condena, tanto por los medios de comunicación tradicionales y, hoy en día, a través de las redes sociales y en algunos La sobrexposición mediática de los casos genera en la comunidad expectativas de condenas que habitualmente no se condicen con la realidad”, expresó.
Proyecto Inocentes
La Defensora regional mencionó también en su balance el Proyecto Inocentes de la Defensoría que busca permitir que las personas injustamente involucradas en estos casos cuenten con un lugar de reconocimiento permanente y público sobre su inocencia, reconocimiento que era inexistente en nuestro país hasta antes de la creación de esta iniciativa.
Prisión Preventiva
Cabe señalar que el año 2017 en Magallanes hubo 139 personas que estuvieron sometidas a prisión preventiva, de ellas un 24,4% fueron absueltas u obtuvieron condenas con penas sustitutivas, en tanto que de los 11 adolescentes que fueron sometidos a internación provisoria, 6 de ellos resultaron con condenas no privativas de libertad, lo que representa un 54,54% del total.
Al respecto la Defensora regional dicho que: “la prisión preventiva es la medida más gravosa, el último recurso y debe aplicarse cuando realmente no existan otras medidas que cumplan con el objetivo de asegurar las finalidades del procedimiento”.
Mensaje final
La Defensora regional dedicó la última parte de su balance regional para abordar aspectos de contingencia nacional, como ser las modificaciones legales que se anuncian “ideadas con el propósito de facilitar el camino hacia la condena y otras pensadas para aumentar la duración de las penas, sólo aumentan la posibilidad de errores y ello, necesariamente, significa más inocentes en las cárceles, más culpables libres y, finalmente, más ilegitimidad y descrédito del sistema, con ello ‘el sistema’ falla no una, sino dos veces”, señaló .
Dijo que en el ámbito de adolescentes infractores se avanza decididamente en el esfuerzo de crear el Nuevo Servicio Nacional de Reinserción Juvenil, que permitirá profesionalizar y especializar la oferta de intervención técnica que se entrega a los jóvenes en el marco de la imposición de una sanción, mejorar la coordinación intersectorial para generar mejores respuestas específicas de cumplimiento en libertad y reducir el peso proporcional de la lógica penal retributiva, reorientando costosos recursos hacia otros sistemas de resocialización.
“Si bien lo anterior es un gran paso resulta aún más relevante invertir en los extremos del proceso penal: Prevención y Reinserción, que se traducen en una intervención integral, especializada y de calidad”, comentó
Explicó que los diez años de vigencia de la ley de Responsabilidad Penal Adolescente, a nivel nacional ha bajado el ingreso de jóvenes infractores al sistema. Incluso cifras del Ministerio Público hablan de una baja del 30%. Es decir existe un diagnóstico compartido. Además, más del 80 por ciento de jóvenes que pasan por el sistema, no vuelven a cometer delitos. Por lo anterior “castigar con más cárcel a los jóvenes que delinquen solo aumentará la tasa de reincidencia”.
A juicio de la Defensora regional: “Como sociedad debemos hacernos cargo que el 85% de los jóvenes que están dentro del sistema de justicia penal, están fuera del sistema educacional, tienen consumo problemático de drogas y alcohol y, casi la totalidad, se encuentra en completo abandono familiar”.
Dijo, además, que el 72% de los jóvenes que son sometidos a internación provisoria, luego no son sancionados por el poder judicial a una pena privativa de libertad, por lo que “una internación provisoria de tres o cuatro meses, por ejemplo, provoca que el menor pierda el año escolar, pierda la vinculación familiar y se inicie el contagio criminógeno”.
Y respecto a los cuestionamientos de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, manifestó que “si la ley RPA presenta un vacío, este no se encuentra en el funcionamiento del Sistema de Justicia, ni en el aspecto retributivo, por el contrario,
el vacío está en no incorporar respecto de los adolescentes, programas focalizados, transversales y de calidad en orden a re-socializarlos, incluso de rehabilitarlos de las adicciones que puedan presentar”. “El real ‘fracaso’ de la LRPA es no cumplir la ‘promesa’ de reinserción y rehabilitación que persigue”, remarcó.
La Defensora regional finalizó su balance anual agradeciendo al equipo humano que lidera, como también de aquellos que formaron parte del equipo y contribuyeron con su aporte, “sin los cuales no hubiese sido posible que la Defensoría sea una institución consolidada, que nos permite asegurar que somos un organismo eficiente y eficaz en el uso de los recursos públicos y en la entrega de una defensa penal oportuna y de calidad a todas las personas que lo requieren, velando porque se respeten los Derechos Humanos y las Garantías Individuales de las personas cuando son imputadas”, concluyó
En el marco de la actividad se entregó un reconocimiento a las funcionarias Sylvia Gonzalez y Paula García que cumplieron 15 años de carrera funcionaria en la Defensora Regional de Magallanes.
