La larga ruta de la descentralización (Parte II) – Manuel Correa – Opinión

Con justificado orgullo, menciono a mi bisabuelo Manuel Chaparro Ruminot, quien en 1917 escribiera su tesis de grado para abogado «Estudio económico-administrativo-social del territorio de Magallanes”, constituyendo, si no, la primera Estrategia de Desarrollo Regional de Magallanes. Desde la década del 20, él ya propiciaba la necesidad de una mayor descentralización, necesaria autonomía y eficiencia de los servicios públicos con capacidad resolutiva. De hecho, como joven abogado se aventuró incluso a Santiago para proponer a la Presidencia de la Nación el cambio administrativo del Territorio de Magallanes (dependiente en aquellos años de la Provincia de Chiloé), a ser una autónoma Provincia de Magallanes, lo que permitiría destrabar variados problemas institucionales que entorpecían la prosperidad de los magallánicos. Es así como, siendo secretario del Presidente Carlos Ibáñez del Campo (1927 – 1931) logra el anhelado estatus para la región. Como consecuencia, el Presidente Ibáñez lo designa como intendente de Magallanes en 1929, donde la historia lo reconoce como un propulsor de las aspiraciones regionales de: colonización, arrendamiento de tierras, bienestar social (educación, construcciones escolares, salud pública, habitaciones populares, superación de la pobreza, sindicalismo), transporte marítimo, fomento al turismo, realización de obras públicas, ordenamiento territorial e institucional (Mateo Martinic). Manuel Chaparro sería uno de los fundadores del Partido Regionalista, convirtiéndose en las primeras elecciones parlamentarias en que los magallánicos pudieron votar en 1933, en el primer parlamentario de la historia de Magallanes.
El proceso de regionalización y descentralización perdió fuerza al finalizar la década del 30, a medida que el partido Regionalista de Magallanes era absorbido por la polarización política del país. Solo se avanzaría de forma más decidida en la segunda mitad de la década del 70, a partir de la reorganización político-administrativa del país en 1975 mediante la regionalización durante el Gobierno Militar. Sin embargo, y a pesar del desarrollo económico social de la región desde entonces, y tal como sucediera hace casi un siglo, se ha hecho evidente la necesidad de profundizar de la descentralización.
La promesa de descentralización de la administración del Estado, a pesar de la transferencia del FNDR a regiones y la elección de Consejeros Regionales, no necesariamente ha significado una mayor desconcentración del poder central, pero sí de regionalización del país con la creación de nuevas regiones como Arica-Parinacota, los Ríos y Maule. Si bien, la creación de nuevas regiones pudo haber satisfecho el inicial anhelo ciudadano de identidad y autodeterminación, en la práctica satisfizo las necesidades políticas de creación de nuevos distritos electorales y engrosamiento del aparato público, con el consiguiente peso sobre las arcas fiscales.
La descentralización radica en lograr que las definiciones y decisiones sobre el presente y futuro de Magallanes recaigan en los propios magallánicos dentro de las normas de un país unitario y democrático. Lamentablemente, aún está lejos de ser lo que Chile, sus regiones y su gente requieren. La existente legislación adolece de serias imperfecciones y es lejana a la búsqueda de un modelo de gestión eficiente del Estado coherente con el territorio, su progreso y madurez democrática, lo cual augura grandes tensiones entre el Poder Regional y Central, excepto si el futuro Gobernador Regional, resulta no tener la personalidad y capacidad suficiente de negociación o actúa en razón de sus vínculos y fidelidades con el poder central.
Mientras la descentralización fiscal y funcional están en una etapa embrionaria, detenida desde los acontecimientos de violencia de octubre pasado, la descentralización política está marcha pero de forma parcial, ya que si bien nuestra región elegirá a la primera autoridad regional en abril próximo, sus atribuciones serán muy restringidas, y será el Delegado Presidencial quien mantendrá el control del Gobierno Interior. En palabras simples, el poder central designará al Delegado Presidencial, Delegados Presidenciales Provinciales (actuales Gobernadores) y Seremi, entre otras facultades. ¿Se trata entonces de una “Agenda de Centralización” en este proceso de “regionalización” del país?. En todo caso, los magallánicos están llamados a pronunciarse en abril.
Manuel Correa.
