4 detenidos y 27 imputados: La arista argentina del proceso por contrabando
La Fiscalía Federal de Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina, informó que además de los cuatro detenidos en la Cuenca Carbonífera de Río Turbio, se cuentan otros 27 imputados en la causa, entre los que hay personas jurídicas y funcionarios públicos de Fuerzas Armadas y de seguridad.
La totalidad de banda está imputada por los delitos de contrabando de mercaderías, cigarrillos, neumáticos o cubiertas, ingresadas desde Chile a Argentina-, divisas y/o dinero, estupefacientes y lavado de activos, además de trata de personas y/o tráfico migratorio.
El Ministerio Público argentino ha informado que «La investigación se inició el 2 de noviembre de 2021, a partir de una nota efectuada por personal perteneciente al Escuadrón 43 “Río Turbio“ de la Gendarmería Nacional, se precisó, destacando la tarea desde Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina para analizar escuchas telefónicas de las líneas intervenidas judicialmente, con las que se pudo determinar la existencia de una organización trasnacional. “A ello se sumó el trabajo de análisis realizado desde el inicio por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) respecto de cuantiosa información fiscal y bancaria reunida en la investigación, la creación de perfiles patrimoniales y la detección de un circuito construido por la organización, permeable a la canalización de fondos espurios.»
EL MODUS OPERANDI Y LA ORGANIZACIÓN.
La hipótesis policial de la investigación describe que la banda operaba a través de pasos fronterizos no habilitados, principalmente entre las localidades santacruceñas de 28 de Noviembre y Río Turbio y utilizaban las localidades de El Calafate, Río Gallegos y Puerto San Julián de la provincia de Santa Cruz y Bahía Blanca como base de operaciones. A su vez, el contrabando se verificó en las ciudades de Puerto Natales y Punta Arenas, en la región de Magallanes, Chile.
A partir de la información obtenida en el curso de la investigación binacional se ha logrado establecer que el tráfico se realizaba a través de algunas estancias de propiedad privada estratégicamente ubicadas en zonas cercanas al límite fronterizo, administradas por algunos miembros de la organización. Estos lugares de paso, mayormente zonas inhóspitas de pampa abierta, se encuentran ubicados a escasos kilómetros de la ruta que une a Chile con Argentina.
La Fiscalía argentina ha señalado que “en aquellas zonas se transaccionaban las mercaderías ilícitas, que eran abonadas en dólares y cheques. Para poder llevar a cabo las operatorias ilícitas, la organización contaba con recursos propios, empresas de transporte, rodados (camiones y camionetas) de gran y mediano porte, diversos socios asentados en varias localidades y un importante poder logístico. En ese sentido, se detectó la emisión de facturas apócrifas por parte de la organización, a través de empresas en las cuales también se canalizarían los ingresos ilícitamente obtenidos”.
El ente persecutor argentino destacó que «con las ganancias ilícitas de estas operaciones, los integrantes de la banda incrementaron su patrimonio comprando “vehículos de alta gama, camiones, vehículos de transporte de pasajeros, propiedades y negocios comerciales, como drugstores, bares, locales bailables, madereras y carnicerías, entre otros.»
A los cuatro individuos lideres de la banda y a los detenidos en Chile se le suma un grupo extenso de colaboradores en la localidad de 28 de Noviembre y que contaban con la colaboración de miembros de las fuerzas de seguridad argentinas.
Detalla la Fiscalía trasandina que “la organización que operaba en la Argentina estaba constituida por dos subgrupos -distinguidos por la existencia de un vínculo familiar– y por otras personas que, si bien no pueden ser asignadas a un grupo en particular, intervenían en la organización y participaban de las maniobras ilícitas desplegadas”, como señala el Ministerio Público Fiscal.
Se trata de una organización de carácter piramidal, ya que según expresa la Fiscalía argentina, «además de los líderes de ambos grupos, había muchos subordinados que ejecutaban diversas maniobras. Cada uno con un rol determinado. Entre otros, intervinieron: administradores de estancias en las que se apostan pasos no habilitados a Chile, transportistas, miembros de la Gendarmería Nacional, intermediarios y contadores que proveían de un andamiaje adecuado, con estructuras propicias para el ingreso al circuito legal de fondos de origen espurio, a través de la utilización de personas jurídicas que posibilitan el financiamiento de la organización».
DESARROLLO DE LA CAUSA EN ARGENTINA.
Según señala La Opinión Austral de Río Gallegos, tres de los aprehendidos se negaron a declarar ante el juez federal Marcelo Vázquez y el fiscal federal Julio Zárate (en la imagen), y uno de ellos desconoció los hechos y su participación.
El sábado 26 de agosto pasado el fiscal federal argentino Julio Zárate participó por medios virtuales en la audiencia de formalización efectuada en el Tribunal de Garantía de Puerto Natales, donde el proceso se realiza con audiencias orales públicas, aunque en Chile está prohibido dar a conocer las identidades de los acusados dentro del ámbito de jurisdicción de la justicia chilena.
En Argentina se han realizado hasta hoy 49 operativos. La Fiscalía Federal argentina detalló que todos estos Procedimientos tuvieron “como objetivos estudios de profesionales contables, domicilios particulares, empresas, depósitos, comercios mayoristas de cigarrillos, unidades militares y domicilios particulares de quienes son considerados como integrantes de la organización ilícita internacional, entre ellos funcionarios de fuerzas de seguridad, y también se cursaron órdenes de presentación de documentación a organismos nacionales.
El Ministerio Público argentino detalló todo lo secuestrado: armas, municiones, dinero en efectivo (con cifras de aproximadamente 46 millones de pesos en dinero y cheques; 55 mil dólares; y 5,7 millones de pesos chilenos, como también cantidades menores de euros, guaraníes y de pesos uruguayos), aproximadamente 140 dispositivos electrónicos, unos 60 teléfonos celulares, documentos, cigarrillos, neumáticos, 19 vehículos (entre automóviles, motos y camiones), material estupefaciente y otras mercaderías ingresadas a Argentina de contrabando.
