La vertiente argentina de la investigación transnacional «Alianza Austral»

En la vertiente argentina de la causa, el Fiscal Julio Zarate calificó al procedimiento «Alianza Austral» como una investigación histórica en la que de los 21 detenidos hay 4 de la provincia de Santa Cruz.

El Ministerio Público argentina señala que en el marco de investigaciones realizadas a ambos lados de la cordillera por el Equipo Conjunto de Investigación (ECI) conformado por los Ministerios Públicos de Argentina y Chile, se llevaron a cabo hoy allanamientos simultáneos en ambos países para desbaratar una organización dedicada al contrabando de diferentes bienes y de estupefacientes y al lavado de activos procedentes de esas actividades ilícitas.

En Argentina, la investigación está a cargo del fiscal federal de Río Gallegos, Julio Zárate, mientras que en Chile interviene su par regional de Magallanes y la Antártica Chilena, Cristián Crisosto Rifo, quienes conformaron el ECI que coordinó las acciones conjuntas.

Los allanamientos realizados en Argentina totalizaron 46 y se llevaron a cabo en ocho ciudades: Río Gallegos, San Julián, Río Turbio, 28 de noviembre, Rospentek, El Calafate, San Martín de los Andes y Bahía Blanca. Los domicilios allanados (donde se secuestraron armas) constituyen viviendas, empresas de transporte, estudios contables, estancias, mercados, comercios, galpones y depósitos.

En el marco de la causa que tramita en Río Gallegos, intervienen el fiscal Zárate junto con los cotitulares de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Diego Velasco y Laura Roteta y la auxiliar fiscal Mariela Palese; el fiscal federal a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Diego Iglesias; la titular de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes, María del Carmen Chena; y el director general de Cooperación Regional e Internacional, Diego Solernó.

LOS HECHOS.

La causa aborda la investigación de una asociación ilícita dedicada al contrabando de diferentes bienes hacia la República de Chile, entre ellos neumáticos, cigarrillos, animales y estupefacientes, con una logística principalmente asentada en las ciudades de Río Turbio y 28 de noviembre, en la provincia de Santa Cruz, pero también con proyección a la capital provincial, Río Gallegos, y a Puerto San Julián y El Calafate, y a Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires.

La Operación Alianza Alianza Austral avanzó con la identificación de integrantes de una banda dedicada al contrabando dc importación/exportación, importación/exportación, lavado de activos y narcotráfico que operaba en la Provincia de Santa Santa Cruz, Punta Arenas y Puerto Natales, con aristas en las provincias de Buenos Aires, La Rioja y Neuquén. Luego de un año y medio medio de investigaciones, se concretaron los registros de inmuebles en Argentina, Argentina, como así también en otros 23 en Magallanes.
Efectivos dependientes de la Región VII argentina llevaron a cabo 40 allanamientos allanamientos en la Provincia de Santa Cruz (localidades de 28 de Noviembre, Puerto San Julián, El Calafate, Río Gallegos, Río Turbio y Tapi Aike), cuatro en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca y uno en la ciudad de San Martín de los Andes, Provincia Provincia de Neuquén. Asimismo, la operación operación se desplazó a Chile donde se ejecutaron 22 allanamientos en la Región Magallanes y detuvieron a 16 miembros de la organización delictiva.

Una banda que se dedicaba al contrabando de bienes en la zona austral de la Patagonia fue desbaratada y un gran número de personas quedaron tras las rejas, acusados de integran una asociación ilícita que traficaba, desde cubiertas (meumáticos), hasta -según las averiguaciones- a personas.

«Los cargamentos variaban de acuerdo a las necesidades. Un día podían ser cigarrillos, otro día cubiertas y así. Y no eran contrabandos chicos, no no. Sino que estamos hablando de containers que llevaban por caminos clandestinos», indicó una fuente consultada por La Opinión Austral sobre como era la operatoria que se hacía entre la Cuenca Carbonífera y la zona magallánica del país vecino.

Durante más de un año, en un trabajo mancomunado de las autoridades de nuestro país y Chile, los investigadores estuvieron pisándole los talones a una banda que sorteaba controles a bordo de camiones y llevaban objetos de manera ilegal.

Tal como lo indicó el fiscal Julio Zárate en declaraciones al programa «Distancia de Rescate» que se emite por LU12 AM680, según señala La Opinión Austral, «se pudo comprobar que hubo una ingeniería contable» para que todo el dinero espurio fruto de esas acciones pudiera volver al curso legal. Con el pasar de las horas se conocieron detalles sobre como los integrantes de la asociación ilícita «lavaba» el dinero para no levantar sospechas ante autoridades fiscales. Así, por el lado argentino, distribuidoras y locales mayoristas recibían dinero chileno como si se tratara de pesos argentinos mientras que, por el lado chileno,, al menos dos casas de cambio de Puerto Natales operaban de manera similar con el trabajo de contadores.

Del lado argentino se secuestró una muy importante cantidad de dinero en pesos y dólares, además de otra cantidad en monedas de países limítrofes. Así, el dinero incautado durante la operación será depositado en una cuenta bancaria del Fondo Nacional de Justicia de la República Argentina.

En los procedimientos que se hicieron en Argentina, los agentes de Gendarmería Nacional incautaron algunas armas de fuego y sus municiones, las que serán enviadas a la Policía Federal Argentina una vez que se reciban los documentos judiciales correspondientes tras ser identificadas.

En la vertiente argentina de estas investigación, la imputación judicial provisoria es por «asociación ilícita agravada, contrabando agravado y lavado de activos«. En caso que se pudiesen acreditar los hechos y los agravantes, los integrantes de la banda pueden llegar a tener penas que superen los quince años de prisión, teniendo en cuenta el Código Penal vigente por delitos económicos. Esto fue fundamental para el Juzgado que, en la jornada del viernes, resolvió que todos queden detenidos debido al potencial monto de pena que puedan llegar a recibir en un eventual debate de valoración de pruebas.