Billonario presupuesto para pensiones se aprobó a través de la partida del Ministerio del Trabajo
Solo para el Instituto de Previsión Social se destinan más de diez billones de pesos para el pago de pensiones. A ello se suman 1,78 y 1,42 billones destinados para los pensionados de las FFAA y Carabineros. Además, se presentan fondos para capacitación y fomento a la empleabilidad, en particular, para jóvenes y mujeres.
Con la destinación de billonarios montos para el pago de prestaciones previsionales, la Sala de la Cámara aprobó la partida correspondiente al Ministerio del Trabajo y Previsión Social (boletín 16330). Esta considera ingresos y gastos por la suma de $14 billones 732 mil 692 millones.
Parte importante del presupuesto de esta cartera se asigna al pago de prestaciones previsionales. De hecho, se consideran más de diez billones de pesos solo para el Instituto de Previsión Social. Recordar que es a través de esta institución que se canalizan la Pensión Garantizada Universal (PGU) y el Pilar Solidario.
Respecto a la PGU, el erario contempla prestaciones previsionales que corresponden a los beneficiarios del Aporte Previsional Solidario y la inclusión de nuevos beneficiarios, a partir del cambio de requisito de focalización, conforme a la Ley 21.538.
Además, junto con el régimen de la PGU, siguen subsistiendo con los beneficios del anterior Pilar Solidario, el Aporte Previsional Solidario y la Pensión Básica Solidaria de Invalidez. También, se consideran otros beneficios del antiguo sistema, con una variación positiva.
A lo anterior, se suman los dineros entregados a la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena) y a la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (Dipreca). En el primer caso, el monto supera los $1,78 billones, mientras que, la segunda institución, concentra recursos por $1,42 billones.
Variación
La partida del Ministerio del Trabajo implica una variación total de -3,7%, respecto al presupuesto del año 2023. Dicha baja se explica por la disminución de los programas de empleo. Ello, a raíz del término en el pago de beneficios asociados a la pandemia. Estos son los subsidios IFE Laboral, Protege e Ingreso Mínimo Garantizado, cuya vigencia es hasta junio de 2024.
Pese a lo anterior, este erario contiene dos incrementos significativos en el área laboral. Particularmente, refiere al Bono al Trabajo de la Mujer, que sube 8,6%; y el Subsidio al Empleo Joven, que crece un 7%. Además, rigen los bonos de formalización, de contratación, de mano de obra y de retención a la mano de obra. Esto, con un plazo de seis meses en las zonas que sufren distintas situaciones de catástrofe.
En relación a ProEmpleo, que está compuesto por distintos programas de fomento a la empleabilidad, se presenta una variación incremental del 13%. En líneas generales, incorpora el ajuste al Ingreso Mínimo Mensual.
Respecto de los gastos, el Instituto de Seguridad Laboral (ISL) crece respecto al año 2023. Algo que tiene su origen en el crecimiento de gastos de personal, bienes y servicios de consumo. Así como, también, en prestaciones de seguridad social.
Otra línea es la aplicación de la ley que establece normas sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, que dispone un reajuste al alza en materia de fiscalización.
Debate y votación
Durante el trámite de la partida, un sector de la Sala valoró las medidas adoptadas por el Gobierno, sobre todo en lo que respeta al aumento de los recursos en materia de subsidios al empleo joven y a la mujer. En ese aspecto, resaltaron que esto va en la línea de las políticas planteadas por el Ejecutivo.
Desde el sector opositor, en tanto, solicitaron al Gobierno adoptar medidas más a largo plazo en materia de empleo, considerando el termino de los programas como el IFE Laboral, entre otros.
En ese plano, llamaron al Presidente de la República a enviar un proyecto de ley que sea ProEmpleo y a generar políticas que fomenten la productividad laboral.
También, pidieron fortalecer el rol fiscalizador de la Dirección del Trabajo y hacer los esfuerzos para mejorar las inspecciones del trabajo a lo largo de todo el país, principalmente, en cuanto a la dotación de funcionarios.
Por otra parte, las y los legisladores llamaron al Gobierno a reforzar el proyecto de ley de reforma previsional. Considerar las demandas de la ciudadanía en cuanto a la cotización del 6% adicional.
Por último, solicitaron, mediante una indicación parlamentaria, que el beneficio de la PGU sea extensivo a las mujeres a partir de los 60 años. Esta indicación fue declarada inadmisible, por ser facultad exclusiva del Presidente de la República.
