Gobierno de Javier Milei anuncia un decreto que incluye una profunda reforma laboral sin pasar por el Congreso

A pocos días de asumir, el gobierno derechista de Javier Milei anunció un decretazo que afecta los bolsillos y las condiciones de vida de millones. Entre ellos incluye una reforma laboral por decreto, escrita por gerentes de recursos humanos del Grupo empresarial Techint y ex funcionarios del gobierno derechista de Macri.

El decretazo busca modificar las principales leyes laborales: la ley 14.250 (paritarias), 20.744 (contratos de trabajo), 23.551 (asociaciones sindicales), 25.877 (régimen laboral) y 24.013 (empleo), entre otras. Que todavía conservan conquistas que costaron décadas de lucha. El decretazo plantea ampliar el concepto de “servicios esenciales” a prácticamente todas las actividades económicas. No solo el transporte y la salud, que ya estaban contempladas, sino la educación, la industria alimenticia, metalúrgica, los medios, frigoríficos, telecomunicaciones y en etcétera tan largo que la pregunta es por qué no pusieron “toda actividad económica”. Pero además le reservan a una “comisión de garantías de 5 miembros de reconocida solvencia técnica o académica en materia de relaciones del trabajo” a que amplíen la lista. Cuando esos trabajadores quieran hacer un reclamo, tendrán que garantizar el “setenta y cinco por ciento (75%) de la prestación normal del servicio”. Casi un servicio normal, si tenemos en cuenta el ausentismo que existe históricamente en cualquier actividad.

Despidos más baratos

Sustituye el artículo 245 de la Ley N° 20.744 por otro que abarata la indemnización para las patronales: “la base de cálculo de esta indemnización no incluirá el Sueldo Anual Complementario, ni conceptos de pago semestral o anual”. Le sacan tantos ítems que aclara que no podrá ser inferior “al sesenta y siete por ciento (67 %) del importe correspondiente a UN (1) mes de sueldo”.

Pero el gran cambio es el impulso del “modelo UOCRA” que prometió Milei en campaña. Se trata de un fondo de cese laboral instaurado durante la dictadura de Videla, que permite a los patrones de la construcción despedir sin causa, sin antigüedad y con una “indemnización” distinta la que tiene cualquier trabajador, pero además mucho más baja. Según el decretazo, “mediante convenio colectivo de trabajo, las partes podrán sustituir el presente régimen indemnizatorio por un fondo o sistema de cese laboral, con un aporte mensual que no podrá ser superior al ocho por ciento (8%) de la remuneración computable”. O sea menor al de UOCRA, que es 12%. Además “los empleadores podrán optar por contratar un sistema privado de capitalización a fin de solventar la indemnización prevista”. Una especie de “seguro” para poder echar a los trabajadores que quieran los empresarios cuando quieran.

Libertad para despedir a cualquiera que reclame

Hoy la ley asegura que “la participación del trabajador en una huelga en ningún caso puede constituir causa de despido”. Milei modifica el artículo 24 de la Ley de Contrato de Trabajo, que se refiere a la “justa causa” de un despido. Los patrones podrán “no proseguir la relación de trabajo” si sienten que han sufrido alguna “injuria grave”. ¿Por ejemplo? “Configura injuria laboral grave la participación en bloqueos o tomas de establecimiento. O cuando durante una medida de acción directa se afecte la libertad de trabajo de quienes no adhieran a la medida de fuerza, mediante actos, hechos, intimidaciones o amenazas; b.- Se impida u obstruya total o parcialmente el ingreso o egreso de personas y/o cosas al establecimiento; c.- Se ocasionen daños en personas o en cosas de propiedad de la empresa (mercaderías, insumos y materias primas)”. O sea si un empresario no paga salarios y un paro le echa a perder un poco de materia prima, lo puede considera una “injuria” y dejarte en la calle.  Cambia la ley (artículo 29 de la Ley N° 20.744” de manera que “los trabajadores serán considerados empleados directos de aquellos que registren la relación laboral, sin perjuicio de haber sido contratados con vistas a utilizar su prestación o de proporcionarlos a terceras empresas.” O sea que no deja chances de reclamar la “solidaridad” de parte de la empresa principal, como se puede hacer actualmente. Una ley a medida de Techint, Edesur, Edenor y las grandes empresas que usan este fraude laboral.

El “derecho de piso” también avanza

La Ley de Contrato de Trabajo fija el período de prueba que es utilizado por los empleadores para utilizar por algunos meses a jóvenes con menos salarios y derechos. Hay épocas que es de 3 meses, otras de 6. Ahora Milei lo aumentó. El artículo 71 asegura que tendrá “ocho (8) meses de vigencia”. O sea que “cualquiera de las partes podrá extinguir la relación durante ese lapso sin expresión de causa, sin derecho a indemnización”. Cualquier empresa podrá contratar jóvenes en las estaciones de mayor producción o para un determinado proyecto y después a la calle.